INTERNACIONAL
23/04/2019 12:08 CEST | Actualizado 23/04/2019 12:16 CEST

El exprimer ministro francés François Fillon, a juicio por los supuestos empleos ficticios de su mujer

El caso saltó en los meses previos a las elecciones de 2017, en las que partía como uno de los favoritos

LeFigaro.fr

El exprimer ministro francés François Fillon, de 64 años, y su esposa Penelope serán juzgados por el caso de los empleos presuntamente ficticios de esta última.

El juicio, aún sin fecha, llega tras dos años después de iniciarse un procedimiento que fue paralizado en 2018 y que el propio Fillon catalogó de “asesinato político”.

La Justicia le acusa de haber dado un empleo ficticio a su esposa Penelope, por el que cobró cientos de miles de euros entre 1986 y 2013, según apuntan fuentes judiciales.

El diario Le Monde ha señalado este martes que, según las pesquisas, no hay testimonios convincentes de que la esposa ejerciera una actividad real como asistente parlamentaria de Fillon entre 1998 y 2002 y entre 2012 y 2013, y a las órdenes de Joulaud entre 2002 y 2007.


El caso saltó a la luz en febrero de 2017, meses antes de las elecciones presidenciales. En ellas Fillon se presentaba como candidato de Los Republicanos, partido conservador anteriormente conocido como Unión por un Movimiento Popular y que había contado con el liderazgo de Nicolas Sarkozy

Aunque la Justicia dio por cerrada la investigación en octubre de 2018, el anuncio de dicho procedimiento previo a los comicios hizo perder apoyos al exprimer ministro de Sarkozy.

Adiós a sus aspiraciones políticas

Fillon quedo fuera de la carrera por la Presidencia de la República en la primera vuelta, en la que Marine Le Pen consiguió adelantarle por un escaso margen de votos. Esas elecciones terminarían proclamando presidente a Emmanuel Macron en segunda vuelta con una notable mayoría frente a la líder ultraderechista.

En aquel momento no era ilegal que los diputados contratasen a miembros de su familia como asesores o colaboradores. Lo que se cuestiona es si su esposa realmente realizó ese trabajo de asesora. 

La contratación de familiares terminó generando un escándalo social que llevó al Parlamento galo a prohibir esta práctica, como parte de la ley “de moralización de la vida pública”. 

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