POLÍTICA
19/03/2019 18:01 CET

¿Qué pasa si Torra desobedece a la Junta Electoral?

El presidente se enfrenta a sanciones económicas y hasta la inhabiliación

EFE

Pulso de Quim Torra. El presidente de la Generalitat se niega hasta el momento a retirar el lazo amarillo de la pancarta que hay colgada en el balcón de la Generalitat, pese al ultimátum dado por la Junta Electoral y lo que podría conllevar una sanción o incluso la inhabilitación si se abre la vía penal.

Con su decisión Torra y otros altos cargos del Gobierno catalán se exponen a la apertura de un expediente por parte de la JEC que puede derivar en multas de 300 a 3.000 euros. De hecho, Ciudadanos ya ha denunciado al jefe del Ejecutivo catalán ante el organismo arbitral por su incumplimiento.

Y se abre también otra vía más dura, la penal, si la JEC aprecia indicios de que se ha cometido un delito de desobediencia y pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que abra una investigación. Ciudadanos también ha intentado esta vía al denunciar el pasado viernes en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el incumplimiento de Quim Torra.

El PP también ha presentado otra denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Torra, al que acusa de un delito de denegación de auxilio a requerimiento de autoridad competente -penado con la suspensión de cargo público entre 2 y 3 años- por negarse a retirar las ‘esteladas’ y lazos amarillos de los edificios públicos. 

Hay un precedente por un hecho similar, el caso de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, que fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera ‘estelada’ colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.

El Gobierno aclara que la última palabra es de la JEC

El Gobierno ha aclarado hoy que la Junta Electoral Central es la entidad “exclusivamente competente” para dar los pasos que sean necesarios ante el incumplimiento por parte del presidente de la Generalitat.

Según recuerdan fuentes del Ejecutivo, la Junta puede decidir si traslada los hechos a la Fiscalía o si ordena a las fuerzas de seguridad que quiten los símbolos independentistas de los inmuebles de la Generalitat, una misión de la que se tendrían que encargar los Mossos d’Esquadra.

 

La JEC puede llevarlo a la Fiscalía o pedir a los Mossos que retiren el lazo

 

Eso sí, previamente la Delegación del Gobierno en Cataluña tiene que informar a la propia JEC “del grado de cumplimiento de su orden de retirar lazos amarillos en los edificios públicos dependientes de la Generalitat de Cataluña”, según apuntan las fuentes.

El presidente catalán se ha negado a dar la orden de retirar del balcón del Palau de la Generalitat el cartel sobre los “presos políticos” que incluye un lazo amarillo pese a que la Junta le dio ayer un plazo de 24 horas para quitar todos los símbolos independentistas de los recintos públicos catalanes.

Según el Gobierno, la orden que tiene la Delegación en Cataluña consiste estrictamente en “informar a la JEC”, lo que hará mediante un escrito acompañado de fotografías de los edificios públicos “más representativos” dependientes de la Generalitat, para que pueda verificar así si los lazos y esteladas han sido o no retirados.

 

EFE

 

Una documentación que será enviada a la Junta Electoral Central a lo largo de la tarde de este martes.

“A partir de ese momento, todas las instituciones quedan a disposición de lo que determine la Junta Electoral Central, a la vista de lo que ocurra”, remarcan las fuentes del Ejecutivo.

Y ello porque la JEC es “la exclusivamente competente para dar los siguientes pasos, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase al cuerpo de seguridad competente el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos”.

En el acuerdo adoptado ayer por la JEC para ordenar a Torra que quitase todos los símbolos en 24 horas también le avisaba “de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir” si persistía “en la desobediencia” a sus acuerdos. 

 

 

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