María Ángeles Sánchez-Conde, del Tribunal Supremo, les solicita que argumenten jurídicamente su decisión de investigar al 'expresident' y el diputado del Parlament Ruben Wagensberg.
Gonzalo Boye, ha asegurado que no le preocupa que la mayoría de la junta de fiscales del Tribunal Supremo pida investigar por presunto terrorismo al líder de Junts en el 'caso Tsunami Democràtic'.
El ministerio fiscal del alto tribunal se alinea con las tesis de García Castellón en el 'caso Tsunami', tras imponerse el criterio de la mayoría tumbando el informe del fiscal Álvaro Redondo. El Gobierno se pronuncia: respeto máximo, pero no es una decisión definitiva.
Mientras la norma regresa a la Comisión de Justicia, la Junta de Fiscales analiza el informe que no ve indicios de terrorismo contra Carles Puigdemont.
El fiscal Álvaro Redondo lo expone en un informe que estudiará este martes la junta de fiscales de lo penal del alto tribunal, según ha confirmado 'El País'.
Una elevación al Supremo "totalmente injustificada", una "significativa falta de argumentos" y "decisiones contradictorias": todo lo que el ministerio fiscal tiene que decirle al magistrado.
El expresidente catalán acusa a la Justicia de practicar el lawfare y la represión contra la causa judicial y señala 'trampas' en la redacción de un texto votado hoy "que no era" la acordada con el PSOE.
La decisión de Junts de dejar caer la amnistía en el Congreso abre una nueva etapa tras meses de encuentros, desencuentros, enfrentamientos y negociaciones al límite.
En una entrevista en 'La Vanguardia', el presidente del Gobierno ha asegurado que se trata de "un acto consecuente y coherente en este paso trascendente que da la democracia".
Tres cruciales votaciones y tres importantes pagos. Sánchez acepta la amnistía, el verificador internacional, las comisiones del 'lawfare' y ahora la cesión de la política migratoria para asegurarse los votos de Puigdemont.