Las rebajas de Moncloa: todos los 'chollos' que Junts ha conseguido del Gobierno

La legislatura le está empezando a salir cara a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, víctima de la difícil aritmética parlamentaria, ha tenido que ceder en tan sólo unos meses a muchas de las numerosas exigencias de sus teóricos socios para asegurarse la investidura, pero también para hacerse con la presidencia del Congreso o para sacar adelante los tres primeros decretos del Ejecutivo. 

Todos han puesto precio a sus votos. ERC ha conseguido para Cataluña el traspaso integral de Rodalies o una condonación de la deuda estimada en 15.000 millones. El PNV, por su lado, la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco y la negociación de un nuevo estatus de la comunidad. Sólo Bildu, en teoría, dio sus votos a Sánchez a cambio de nada, aunque el PSOE votó el pasado 28 de diciembre a favor de la moción de censura de la izquierda abertzale en la alcaldía de Pamplona. Es la primera vez que los socialistas facilitan el gobierno de Bildu en un gran ayuntamiento. 

Pero de todos los socios de Sánchez, el que más tajada ha sacado hasta ahora es Junts. El partido de Puigdemont ha exprimido hasta el límite las negociaciones con el PSOE para sacar un excelso rédito. Tal es así, que algunos de los otros socios ya han mostrado cierto recelo al ver el elevado coste que el Gobierno está dispuesto a pagar por los siete votos de Junts en el Congreso. 

"El PSOE fue cediendo, cediendo, cediendo...", se jactaba el secretario general de los independentistas, Jordi Turull, a cuenta de la agónica negociación de este miércoles para la convalidación de los decretos con las medidas anticrisis y la reforma de la administración de la Justicia. El último gran pago de una lista de concesiones que empieza a ser abultada pese a lo poco que llevamos de legislatura.

Constitución del Congreso: comisiones de investigación y oficialidad del catalán

La primera negociación tuvo lugar a mediados de agosto para la constitución de las Cortes. Los socialistas tuvieron que pasar por caja para hacerse con la presidencia del Congreso, ahora en manos de Francina Armengol, y para sumar mayoría progresista en la Mesa. El PSOE se abrió a pactar el uso del catalán, euskera y gallego en el Congreso, algo a lo que se había opuesto frontalmente en la anterior legislatura, y a impulsar la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. 

Esta última pretensión, que se persiguió aprovechando la presidencia española, no ha podido de momento materializarse. Algunos países como Finlandia o Suecia han mostrado sus dudas al considerar que ampliar el número de lenguas oficiales puede ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas. El pasado 13 de diciembre, en su primer encuentro en Estrasburgo, Puigdemont ya advirtió a Sánchez de las consecuencias que podían darse por incumplir su palabra. "Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo, por miedo o incapacidad, las consecuencias nunca son agradables", aseguró el expresident fugado ante un serio Sánchez.

Junts también reclamó en esta negociación la conformación de dos comisiones en el Congreso, una sobre los atentados del 17-A en Barcelona y otra sobre el caso Pegasus. Ambas ya han sido aprobadas, aunque aún no se han constituido de forma oficial. 

Investidura: amnistía, lawfare y verificador internacional

La negociación más dura llegó, sin embargo, con la investidura de Pedro Sánchez. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, se desplazó en numerosas ocasiones a Bruselas para hablar directamente con Puigdemont y con el resto de la cúpula de Junts. El coste asumido también fue muy alto.

El PSOE formalizó la denominada 'ley de amnistía' para depurar la responsabilidad penal, administrativa y contable de los implicados en el procés desde 2013. Una norma que ha desencadenado numerosas manifestaciones alentadas por el PP y concentraciones durante semanas frente a la sede de Ferraz, en algunas casos hasta con ejercicio de la violencia por parte de los ultras. Actualmente, la norma ha superado el debate de tramitación y en próximas semanas será aprobada por el Congreso. 

También fue polémica la solicitud de comisiones para investigar situaciones de lawfare o judicialización de la política. Un pacto que levantó ampollas en el Poder Judicial al considerar que se trataba de una criminalización de su labor. De hecho, el CGPJ ya advirtió de que los jueces no acudirían a cualquier proceso que implique escrutar el ejercicio de su profesión. Pese a todo, la comisión ya cuenta con luz verde en el Congreso. 

Para hacer presidente a Sánchez, Junts también exigió un cambio en la ley de financiación autonómica para reconocer "la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña". El Gobierno negó ese extremo, pero sí está abierto a la reforma de la financiación en diálogo con el resto de CC.AA. "Es una urgencia en esta legislatura", llegó a decir en agosto al respecto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 

Para vigilar que todos los acuerdos alcanzados se cumplen, Junts propuso celebrar reuniones regulares con el PSOE fuera de España con un verificador internacional, que acabó siendo el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. La oposición, muy crítica, ha pedido conocer los detalles de esas reuniones, cuánto cobra el verificador y quién paga dichos honorarios. 

Votación de decretos: competencias de inmigración e incentivos a empresas para su regreso a Cataluña

En el acuerdo de investidura, Junts ya pidió "una estrategia común que facilite y promueva el regreso a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que se mudaron a otros territorios" tras el referéndum del 1-O. Una petición que rescató de nuevo esta semana en la negociación para facilitar la convalidación de los tres primeros decretos del Gobierno. Los de Puigdemont llegaron a pedir incluso "sanciones" para esas empresas que no regresen a Cataluña, aunque ahora se contentan con una reforma de la ley de sociedades de capital para incentivar en materia fiscal dicho retorno. 

En el mismo acuerdo, también se recoge la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento civil para que no se obstaculice la aplicación de la ley de amnistía (aunque expertos juristas señalan que no servirá de nada una vez los recursos de los jueces lleguen al TJUE), la publicación inmediata de las balanzas fiscales para reclamar un sistema de financiación especial, multiplicar por cinco el dinero previsto para la digitalización de la administración de justicia (pasa de 1,2M€ a 6,2M€), que el Estado asuma la totalidad del coste sobre los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público o que el IVA del aceite sea del 0%. 

Pero lo que más ampollas ha levantado ha sido el anuncio de la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña. Un acuerdo que no ha sido aún definido y cuyo contenido es muy diferente según lo explica Junts o el Gobierno. Mientras los independentistas hablan de expulsar a inmigrantes reincidentes, del control de los flujos migratorios o de la gestión de los permisos de residencia, el Ejecutivo se limita a decir que estudiará hasta dónde pueden llegar en la delegación - que no transferencia - de la política migratoria. En todo caso, niega que Cataluña pueda, por ejemplo, rechazar la acogida de migrantes o decidir sobre la expulsión de algunos de ellos. 

En resumen, el PSOE ha tenido que someterse ya a tres importantes pagos para tres votaciones cruciales en apenas cinco meses. PP y Vox, que ven estas concesiones como una "humillación" y una "deshonra", se preguntan ahora cuál será el precio que impondrá Junts para la próxima aprobación de los Presupuestos de 2024 y si Sánchez será capaz de ir "desmantelando" España poco a poco, votación a votación, por su dependencia completa a Junts. 

Sectores del PSOE también creen que esta situación no es buena para sus intereses, según contaba este sábado Pablo Montesinos en El HuffPost. “La imagen de descontrol y de que estamos atados a Junts no es buena para el Gobierno (...) La noticia siempre es lo que tiene que ceder Sánchez”, se lamentaba un líder territorial socialista.