En un mes, el equipo de Ayuso ha pasado de defender a Alberto González Amador asegurando que la reforma del piso es legal a que él mismo acabe confirmando que es ilegal.
González Amador argumenta que pidió un acuerdo para evitar la cárcel por limitar "un efecto deformador de las garantías procesales" al ser pareja de la popular.
Las inspecciones oficiales de la Consejería de Salud del propio Gobierno de la Comunidad de Madrid confirman que la mayoría de los fallecidos no fueron derivados a centros sanitarios, según la 'Cadena SER'.
La cifra de expedientes ilícitos supera los 400 y entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias.
Respecto a febrero del año pasado, el número ha engordado en 116.063 pacientes. Las cifras superan incluso a uno de los peores momentos pospandemia, en septiembre de 2022, según 'El País'.