Voluntad y valentía

La enfermedad y el sufrimiento no entienden de contiendas políticas ni de enfrentamientos; la enfermedad pide comprensión y solidaridad. Ante situaciones que afectan tan directamente a la vida de las personas, las y los responsables políticos debemos demostrar voluntad y valentía. Voluntad de escucha activa, de practicar la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Y valentía, porque implica un ejercicio activo de diálogo, de querer llegar a acuerdos para poder dar la mejor respuesta y beneficiar al mayor número de personas posibles.

Esta semana se ha tomado en consideración en el Congreso una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista que da respuesta a las personas que sufren ELA y, también, otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Párkinson, la enfermedad de Huntington o la Esclerosis Múltiple, entre otras.

Con esta iniciativa seguimos fortaleciendo nuestro estado de bienestar, pensando en las personas más vulnerables, buscando soluciones a un problema que no puede esperar más. Y lo hacemos desde un punto de vista transversal y con un amplio alcance, porque los poderes públicos tenemos la obligación de hacer efectivo el derecho a la salud que mandata la Constitución Española en su artículo 43.

Nuestro sistema público de salud es el pilar fundamental del estado de bienestar desde 1986, cuando el socialista Ernest Lluch lo puso en marcha. Es un sistema que garantiza el acceso a los servicios de salud a todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica o de su código postal. Además, en 2006, con la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia, reconocimos el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a tener la atención que necesitan.

Las enfermedades neurodegenerativas son crónicas y, en ocasiones, mortales. Su progresión produce una situación de dependencia y una necesidad de cuidados permanentes. Las personas que las padecen y su entorno viven una situación de gran vulnerabilidad: primero, por el shock que supone recibir un diagnóstico durísimo e irreversible, y segundo, porque la mayor parte de las veces estas dolencias generan un gasto económico enorme al requerir una continua atención social y sanitaria. La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en concreto, se caracteriza por una rápida evolución y, por ello, es preciso evitar demoras en el acceso a las ayudas, servicios y prestaciones públicas.

En esta línea, el objetivo de la Ley que proponemos los socialistas es avanzar en la protección de las personas con ELA, tanto desde el ámbito sanitario como del social. Pero no se queda sólo ahí: las medidas que contiene extienden sus efectos beneficiosos al ámbito de otras enfermedades neurodegenerativas, racionalizando y reduciendo los trámites para garantizar que no se produzcan desfases significativos entre el proceso de la enfermedad y la respuesta de las distintas administraciones públicas desde todos los ámbitos de actuación, sanitarios y sociales.

La iniciativa recoge, por tanto, medidas de gran calado, tanto a nivel sanitario como social, y atiende a las demandas que pacientes, profesionales, cuidadores y familiares han trasladado al Congreso a lo largo de varios años.

Así, permite la acreditación conjunta del reconocimiento tanto de la dependencia como la situación de discapacidad, en una medida que beneficiará a miles de personas. Igualmente, crea un nuevo trámite de urgencia de un máximo de tres meses que se aplicará en momentos decisivos para responder a las necesidades cambiantes de determinadas enfermedades. También pone en marcha un Plan de Residencias para personas enfermas de ELA, como las ya planteadas en Asturias o Extremadura.

La ley que planteamos da respuesta asimismo a las personas en situación de electrodependencia -las que dependen de una máquina conectada a la red eléctrica para mantener su salud y su vida-, e incluye la rehabilitación como una prestación incluida en la cartera de servicios comunes.

Esta norma, como decía al principio, exige consenso, voluntad y valentía. Tenemos la obligación de sacar lo mejor de nosotras y nosotros mismos para que esta Ley sea una realidad cuanto antes. Por ello, durante su tramitación ofrecemos la máxima colaboración y diálogo con las demás fuerzas políticas. Tenemos la oportunidad de demostrar que el poder legislativo es capaz de seguir construyendo país, para que todas estas personas se sientan orgullosas de vivir en España.

Maribel García López es portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista y diputada por Badajoz