¿Por qué se imputa al exministro Montoro (PP)?: claves de una supuesta trama de leyes a la carta de empresas

Ni fue un ministro cualquiera, ni tampoco fue una figura de paso en el Partido Popular. Cristóbal Montoro fue el economista en quién confió José María Aznar para convertirlo en ministro de Hacienda durante su segundo mandato entre 2000 y 2004, tras haber sido secretario de Estado de Economía en el primero. Ése PP que aún reivindica como un legado la gestión económica de aquel período marcado por los tintineos de la campana de un vicepresidente y ministro de Economía Rodrigo Rato que aún desconocía el horizonte legal de condenas que le llevó a prisión. Pero Montoro fue recuperado por Mariano Rajoy en 2011 en un Gobierno del que fue pieza clave a golpe de recortes y subidas de impuestos hasta que el presidente fue desalojado del poder en la moción de censura de 2018.

Es, precisamente, durante esa última etapa, donde Montoro presuntamente habría tejido junto a su equipo una "red de influencias" con la que se impulsaban o lanzaban modificaciones legislativas con el objetivo de favorecer o beneficiar a empresas gasistas recibiendo por ello "importantes pagos". Se trata de la investigación que lleva latente desde 2018 y que ayer por la tarde salía a la luz arrojando la enésima sombra sobre el Ejecutivo de un Mariano Rajoy que ya tenía imputado a su exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el 'caso Kitchen'.

Estas son todas las claves del último terremoto político que vuelve a sacudir Génova 13, justo cuando los populares estaban capitalizando la indignación ante los presuntos casos de corrupción del 'caso Koldo' y el 'caso Santos Cerdán' y venían de refrendar a un Feijóo que asegura haberle cerrado la puerta a Vox en un hipotético Ejecutivo en el que se sienten con confianza para lograr 10 millones de votos y conquistar el centro del tablero político.

¿De qué se acusa exactamente al exministro Cristóbal Montoro (PP)?, ¿a quiénes más se ha imputado?

Estamos ante una investigación que parte del titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, en el mismo 2018 en el que Rajoy perdió la moción de censura-, que se ha mantenido bajo secreto de sumario durante 7 años y cuyo auto está fechado en el pasado 19 de junio. No solo está investigado en ella el exministro Montoro. Junto a él hay una treintena de personas más investigadas, 28 contándole a él. 

En ese grueso tampoco hay personas cualquiera sino apuestas personales del propio exministro y del partido. El auto judicial alude a una supuesta organización "en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico".

Concretamente, el juez aprecia indicios de los presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Si bien cabe destacar que hay distintos niveles de la presunta implicación de cada uno de los investigados.

¿Qué es la sociedad Equipo Económico (EE)?, ¿y la AFGIM?, ¿qué supuesto papel juegan en el caso?

Equipo Económico (EE) es una sociedad de la que Cristóbal Montoro fue socio fundador en 2008, pero también llegó a ser su presidente antes de entrar el Ejecutivo de Rajoy. Además, es el núcleo central de las pesquisas que se realizan en el caso. El juez cree que este despacho de abogados o sociedad es el motor que impulsó las reformas de leyes o reglamentos para beneficiar a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), el paraguas en el que se agrupaban las empresas gasistas presuntamente favorecidas. Estas son: Air Liquide, Abello, Messer, Praxair (Nipon Gases) y Sociedad Española de Carburos Metálicos.

Según lo recogido en el auto judicial, la AFGIM tocó a la puerta de varias consultorías en su objetivo de allanar el camino a reformas legislativas que se tradujesen en rebajas fiscales de las que pudieran beneficiarse. No lograron sortear el muro de la administración y fue entonces cuando entró Equipo Económico en la ecuación. Donde no se habían logrado cosechar éxitos, el despacho que fundó Montoro sí los obtuvo, , textualmente según el auto, "sin causa aparente", y, justamente, siendo Montoro el ministro.

A mayores, hay otra consultora que se cita en el auto, EY, a la que las pesquisas sitúan como la empresa a la que se encargó "trabajo efectivo con el que ocultar presuntamente la falta de consistencia del informe elaborado por EE". Es decir, ajena al propio caso y de forma legal, el juez considera que a EY se le encargaron informes como una suerte de coartada.

¿Cómo funcionaba esta supuesta trama?, ¿qué favores se consiguieron? 

Para hacerse una idea de la magnitud de lo que se lleva investigando 7 años, según el auto, se acusa de modificar hasta dos leyes para favorecer a estas empresas gasistas. Pero es que se habría realizado el redactado desde la propia asociación de firmas. Con Equipo Económico ya contratado, se produjeron los cambios "atendiendo a las peticiones de AFGIM, que incluso llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos". 

La investigación es clara y apunta a supuestas mordidas a cambio de modificaciones legislativas a la carta y al dictado de los supuestos beneficiados, concretamente rebajas fiscales en 2013 y 2018: "A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentando, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización".

De esta forma, el titular del juzgado de Tarragona considera que "el uso de tales potestades [las de Montoro como ministro de Hacienda] habría permitido a Equipo Económico poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público". Pero, ¿cuánto pagaron? Según El País, entre 2011 y 2019 las gasistas sufragaron un total de 779.705 euros a Equipo Económico. Supone multiplicar por diez lo que anteriormente les cobró la consultora que elaboró los informes.

¿Qué leyes o reglamentos se modificaron?: de "la vía más directa" al "llamativo cambio de criterio"

El juez pone el foco sobre uno de los objetivos primordiales que presuntamente buscaban las empresas gasistas con ahínco, una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Desde 2013 lo habían venido intentando con distintas medidas, por ejemplo, una enmienda que partió del Grupo Parlamentario del Partido Popular o mediante un carta al secretario de Estado de Hacienda del propio Montoro, por cierto, también investigado en esta supuesta trama corrupta.

Y aquí surge una de las claves del caso, a través del contenido de un correo electrónico intervenido. Ante esos intentos infructuosos, supuestamente se determina que hay que cambiar de estrategia y que "la vía más directa, como siempre, es pagar a este EE [Equipo Económico] que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".

En ese punto, la justicia destaca dos factores, el "llamativo cambio de criterio" acerca de las negativas anteriores del secretario de Estado de Hacienda a las peticiones de las gasistas y lo rápido en que ocurrió todo. "Todo cambia tras la intervención de EE, que en un escaso periodo de tiempo y mediante precio, logra para las empresas gasísticas la reforma legislativa que éstas pretendían", subraya el juez en el auto. En poco más de un mes se lograron las dos rebajas fiscales.

"Es llamativo dicho cambio de criterio en tan breve periodo de tiempo, periodo en el que no se produce una modificación sustancial del marco económico presupuestario que justificase dicho cambio", añade el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, concluyendo que el "único elemento diferenciador que propició tan notable cambio de criterio" consistió en la "entrada en escena de Equipo Económico previo acuerdo sobre el precio que deberían satisfacer al despacho".

Todo lo anterior en cuanto a la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, pero en 2015 la AFGIM también puso en la diana el otro gran cambio perseguido, una modificación legal que propiciase otra rebaja, pero en el impuesto de Actividades Económicas, el IAE, que acabó materializándose en 2018. Previamente, en 2015, la asociación de gasistas creó un grupo de trabajo y se tocó a la puerta de la Dirección General de Tributos. Como en el anterior caso, sin éxito hasta que apareció Equipo Económico. El auto es más claro: "Solo con la intervención de EE, mediando pago".

¿Quién es quién?, ¿qué altos cargos del Partido Popular han sido imputados?

En el 'caso Montoro' emerge el propio exministro de Hacienda del PP, al no solo tener una especial vinculación con el Equipo Económico que él mismo fundó, sino que también ostentaba la máxima responsabilidad de la cartera en 2013 y en 2018, cuando se produjeron las reformas legales que supusieron un beneficio para las gasistas. 

En el auto también se destaca de Montoro que nombró "a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyectos de reglamentos se redactasen 'a demanda' de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello".

A mayores de las empresas investigadas, las imputaciones se dividen en dos grandes grupos. Los ex altos cargos del PP nombrados por Montoro y que se encontraban en el ejercicio de sus funciones cuando se produjeron las reformas legales, pero también a integrantes del Equipo Económico, que a su vez también incluye a personas que ya habían estado con el exministro en su primera etapa al cargo de Hacienda, con Aznar.

Altos cargos de Montoro imputados:

Integrantes de Equipo Económico imputados:

¿Qué dice el PP y qué dicen desde Equipo Económico?: Montoro se da de baja como afiliado esta mañana

Por otra parte, ya se han producido pronunciamientos tanto desde Equipo Económico, como de un Partido Popular al que el PSOE y otros grupos reclaman explicaciones sobre el 'caso Montoro', al tiempo que también exigen medidas contundentes como las realizadas en Ferraz con los presuntamente implicados o relacionados con el 'caso Koldo' y el 'caso Santos Cerdán'. 

Desde el despacho fundado por Montoro han negado "de forma tajante y rotunda haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)". Eso reza un comunicado publicado ayer en el que subrayan, como segundo punto, que "Cristóbal Montoro dejó Equipo Económico a comienzos de 2008 y desde entonces ha permanecido completamente desvinculado de la firma". 

También se han mostrado dispuestas a colaborar con la justicia al señalar que la sociedad "está a plena disposición del Juzgado competente y manifiesta su plena disponibilidad para esclarecer los hechos que falsamente se le imputan", al tiempo que han criticado el tiempo que ha permanecido la investigación bajo secreto de sumario. A esto último, Equipo Económico "denuncia la indefensión que ha sufrido al haber permanecido el procedimiento judicial durante siete años en una situación de secreto de las actuaciones, algo absolutamente anómalo".

Por su parte, la primera reacción de peso de los populares le ha correspondido hacerla a uno de los responsables del ámbito económico y de las finanzas. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, quien este jueves ha asegurado, en una entrevista en 'Espejo Público', que la investigación a Montoro y a cerca de una treintena de personas no es comparable con los supuestos casos de corrupción del entorno del Gobierno y del PSOE. Eso sí, ha querido dejar clara que la información con la que cuentan ahora en el PP sobre el caso es "limitada". 

Esa fue la primera declaración del PP de Feijóo sobre el 'caso Montoro', pero la segunda ha ido directamente a desactivar cualquier impacto político en la figura del propio Feijóo. Le ha correspondido al vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, quien ha argumentado que Montoro "no tiene ninguna vinculación laboral" con el equipo de la actual Génova 13. Bendodo también ha esgrimido que por ello, el PSOE no debe intentar vincular al actual PP "con supuestos de hace casi diez años". También ha asegurado que los populares respetan todas las decisiones judiciales, a la espera de ver cómo evoluciona la investigación y el propio proceso.

Y tan solo unas horas más tarde, fuentes de Génova informaban de que Cristóbal Montoro había presentado su baja como afiliado del Partido Popular, en una comunicación presentada esta mañana. Desde el PP también han informado de que la decisión de Montoro se produce después de que el Comité de Derechos y Garantías del PP acordase, la pasada noche, "la apertura de un procedimiento de información".