"Violencia intrafamiliar" y oficina 'antiokupas', primeras medidas del pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana
También incluye "sacar la ideología de las aulas" y comunicar a la Policía "los posibles casos de inmigración ilegal".
El discurso de la extrema derecha ha entrado como un toro al pacto que el PP ha suscrito con Vox en la Comunidad Valenciana, donde también se ha cerrado las incorporaciones del partido de Abascal al Ejecutivo regional, con el torero Vicente Barrera como vicepresidente primero y conseller de Cultura.
Entre las medidas pactadas entre Carlos Mazón, futuro presidente valenciano, y el partido de extrema derecha, está "sacar la ideología de las aulas", la libre elección de centro y de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas.
Pero también, "erradicar la violencia intrafamiliar", término que utiliza Vox para no hablar de la violencia de género, "en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas".
En el acuerdo se prevé crear una oficina 'antiokupación' especializada en la ocupación ilegal de viviendas.
En "Políticas sociales, familia y vivienda" aprobarán una ley integral de protección a la familia, con ayudas al nacimiento, y revisarán "todo el sistema y la normativa vigente en materia social".
El pacto incluye 50 puntos, que se acuerdan hacer efectivos, y entre ellos, se comprometen también a que la Generalitat, dentro del ejercicio de sus competencias, pondrá en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas".
Otros de sus compromisos son derogar "las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos", eliminar la tasa turística, suprimir organismos "innecesarios" o apostar por un modelo de radio y televisión pública "que sea racional con la coyuntura económica" y emita "unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores institucionales".
En el apartado de "Mundo rural, agua y patrimonio", señalan que garantizarán la seguridad de las explotaciones agrarias "frente a cualquier tipo de delincuencia"; defenderán en todas las instancias la política de trasvases, como el del Tajo-Segura, y exigirán la aprobación de un plan nacional del agua y de un pacto por el agua que respete el derecho a este bien esencial.
En Sanidad, afirman que aumentarán el presupuesto sanitario al 30% del total y elaborarán un plan sanitario que asegure una atención "ágil y de calidad". El ejecutivo de Carlos Mazón aumentará el parque de vivienda y avalarán hasta el 20% del coste total de la primera vivienda a los jóvenes.
