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I+D en España: el laberinto sin puertas

21/04/2015 08:16 CEST | Actualizado 21/06/2015 11:12 CEST
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La I+D en España se encuentra en la intersección entre tres crisis: la primera es que la I+D es una opción estratégica marginal de la política económica española: hay una evidente relación directa entre las decisiones políticas y la estructura económica en España; la segunda es la imposibilidad de obtener y garantizar recursos financieros suficientes para lograr una masa crítica de pequeñas y medianas empresas de fuerte base tecnológica, a lo cual se añade que tampoco somos atractivos para la inversión exterior en I+D; y, finalmente, nuestro capital intelectual se escapa de forma masiva al exterior: investigadores, personal cualificado y empresas.

Mi conclusión es que si supiéramos hacia dónde va la tecnología, no estaríamos allí. La primera batalla que se sigue perdiendo es la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y su estela de oportunidades perdidas con nombres tan rimbombantes (Estrategia española de ciencia y tecnología y de innovación, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, etc.) como insignificantes han sido sus efectos. Digámoslo claro: el maquillaje barato de una economía enferma de ladrillo, turismo y sinecuras (por utilizar un eufemismo), todo ello adicto a un modelo casi feudal de estabilidad y de incapacidad de cambio social con clave en el valor trabajo y en las pobres rentas del trabajo...

Los datos diferenciales con el resto de Europa Occidental son escandalosos, y algunos, de forma pudorosa, se pueden consultar Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). El sistema, en el fondo, es un modelo de autoperpetuación, un apéndice con un cometido ceremonial y apático, evidentemente, desde el que el mundo político puede hablar de que hay una gobernanza de la ciencia y la innovación haciendo algo al respecto, pero es una etiqueta adherida a la realidad colectiva española que es muy distinta y, lo que no es menos grave, sin un ápice de capacidad de crítica. Este aspecto fundamental del modelo, la acriticidad, lo aclaro enseguida: no conozco un solo investigador honesto en mi país (desde catedrático a doctorando) que no acuse a la Universidad y a los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) de clientelismo, endogamia, nepotismo y un cortés etcétera ligado a redes clientelares de intereses que esterilizan buena parte de las posibilidades del sistema y de un colectivo importante de científicos. No sólo se contrata poco, sino que, con mucha frecuencia, y especialmente en el ámbito de las humanidades, la arbitrariedad clientelar es el criterio corriente. Mientras tanto, son miles de jóvenes inteligencias, cuya formación ha supuesto un esfuerzo colectivo muy importante, las que se han visto obligadas a emigrar, y no pocas de ellas alcanzando oportunidades profesionales que aquí les eran negadas con pérdida irreparable para todos. Los datos cuantitativos y cualitativos de esta fuga de cerebros durante más de cinco años es algo que no se ha considerado prioritario para el regulador, y que no recoge el ICONO entre sus colecciones de datos. Ni en la Ley 14/2011 ni la Estrategia marco ni en los Planes ni Subprogramas se ha considerado, ni por asomo, el problema del clientelismo como uno de los grandes problemas de los agentes de ejecución, mayoritariamente públicos, de la investigación científica y técnica y la innovación en España. Donde hay tan poco nuevo no es sorprendente que tampoco se haya planteado el problema de la propia renovación, y esto no se encuentra en las agendas de los programas de los partidos, aunque sus cuadros provengan de la propia universidad. Preocupante, ¿no?

En otros países, esta variable es relevante. En Alemania, por ejemplo. Tenemos, pues, un sistema que no es un éxito, que asesora sobre sí mismo, y cuya premisa invisible, pero obvia, es la ausencia de presupuestos de renovación intelectual.

También el sistema detecta tarde las patologías. Muy tarde. Durante años, los años más duros de esta crisis, el dinero del apoyo a la I+D en las empresas en España acababa por perversión del sistema en manos de los bancos. Exactamente: una empresa pedía una ayuda para un proyecto al Mineco (Ministerio de Economía y Competitividad), la Administración proporcionaba préstamos, que además no se contabilizaban -ni se contabilizan- como déficit. Con suerte, la empresa conseguía uno de esos préstamos a interés bajo. Pero es complicado para muchas empresas tener un préstamo a largo plazo en su estructura financiera, como todo aquello que pasa directamente al pasivo. ¿Qué se venía haciendo? Muy sencillo: hacían aparición las entidades financieras, encantadas no de prestar ellas, sino de subrogarse en la posición de la empresa frente al Estado. El banco se hacía con el dinero del préstamo, al subrogarse a la empresa. Por supuesto ese préstamo lo tenía que devolver pero a un interés muy bajo. Lo que hacía el banco con ese dinero es adquirir deuda pública que le garantizaba un interés mucho mayor por parte del Estado. El resultado final es que el Estado hacía préstamos que acababa pagando él. Esa es la caricatura de la ayuda a la I+D en España. En la última convocatoria, ya han prohibido las subrogaciones. Pero esto no es el fin de los viejos tiempos.

El Estado no quiere déficit formal, así que los préstamos son la vía principal con que ayuda el Estado a las empresas. Algo que saben todos que no funciona. Y para evitar los impagos necesario y encomiable-, establece más y más exigencias y garantías que hacen que al final las empresas no estén interesadas en la modalidad de ayuda propuesta desde la Administración y, por tanto, no se ejecuten los préstamos. ¿Puede haber algo más irreal? Al final no se presenta nadie, y los políticos consiguen titulares sobre millones de euros que se ofertan pero que nadie quiere.

En mi opinión, el sistema está roto y no sirve a su propósito. No le interesa la realidad: la realidad exige competitividad, saber qué se hace en otros países, imitar y adaptar e inventar pendientes de los resultados, unos a corto y otros a largo plazo. ¿Por qué en las contabilidades de algunas multinacionales europeas la hora de ingeniero español en España sale más cara que la de un ingeniero alemán en Alemania? Eso que nadie se cree y que es pura magia contable, por supuesto, sucede ahora mismo, y es lo que decide dónde se invierte el dinero. Es lo que decide dónde se contratan ingenieros. Eso sucede porque detrás de una regulación no hay un simple burócrata, sino una política consciente de que la diferencia cuenta. Esto, como abogado, tengo que verlo y quedarme encajándolo con los demonios del final del día. Cuando los de enfrente juegan sucio, no hay que jugar sucio, hay que jugar duro.

Es obvio que falta una masa crítica de pequeñas y medianas empresas de base tecnológica, y hacia eso hay que adaptar parte de la estrategia de I+D. Hay que aceptar que las empresas necesitan subvenciones, y que estas se deben otorgar con rigor, inteligencia y con un seguimiento responsable. ¿En qué somos buenos? En mi experiencia, se nos dan bien las industrias de nicho. El oportunismo tecnológico. Israel es un país paradigmático en ese sector y un modelo que seguir. Las ayudas deben ir orientadas para implantar negocio, no para que malvivan u obtengan una mediocridad bien pagada empresas y proyectos no sostenibles.

Asimismo, algo imprescindible para país es revisar qué es lo que hacen en I+D las empresas cuasipúblicas o cuasiprivadas que disfrutan de los monopolios históricos: Telefónica, REPSOL, eléctricas..., que es cierto que invierten en I+D, pero también que es inaudito el escaso nivel proporcional de esa inversión con respecto a su volumen. El caso paradigmático, aunque no único, es Telefónica, con una gran parte de su estructura heredada del sistema público y aun siendo la empresa española que más invierte en I+D, sin embargo, a nivel mundial, sólo representa la número 102, al tiempo que nuestra economía supuestamente ocupa el decimotercer lugar. Telefónica podría invertir mucho más y apostar por las industrias de componentes locales, pero prefiere ahorros mínimos y comprar en China, y explotar los mercados cautivos de siempre... Esa pulcritud en el ahorro no se refleja en ese papel de acogida a políticos en la segunda fase de la puerta giratoria. Pero insisto, no es la única. A todas estas empresas se las puede estimular para que redefinan su política de inversión en I+D en España, con efectos inmediatos.

No tenemos un solo premio Nobel que haya producido el sistema. Pero aún peor: no somos capaces de traernos tampoco a ninguno. Pero claro, cómo traernos un premio Nobel cuando ni siquiera el personal técnico especializado conserva sus empleos. Este es el retrato de una opción estratégica. Todos son síntomas de lo que hay, pero de lo que no se pronuncia.

En mi opinión, este debate no se encuentra lo suficientemente presente en las agendas electorales de los partidos. Cualquier propuesta económica desde un partido político que aspire a gobernar y que plantee la idea de una reforma económica en profundidad para España carecerá de legitimidad de gobierno a ese respecto si no parte de medidas que incluyan la inmediata multiplicación del presupuesto existente. Digo multiplicación, y tampoco es la única medida, como ya lo hemos dicho. Conozco perfectamente los recitativos de los consultores expertos sobre la incapacidad de la sociedad de absorber un aumento significativo de inversión en I+D a corto plazo. Mi opinión sobre muchos de esos consultores en todas sus formas (fundación, multinacional o cluster) entra en la parasitología. De hecho, el esfuerzo presupuestario en I+D no debería depender de discrecionalidades de partido, como no lo puede ser la sanidad u otros servicios públicos fundamentales. El pacto de Estado necesario por la ciencia y la I+D tiene que ver no sólo con la sostenibilidad de nuestra economía a corto plazo, sino con la misma estabilidad de nuestra democracia y nuestra independencia como sociedad abierta.

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