14 ONG denuncian "la impunidad" y la "falta de rendición de cuentas" por las muertes de El Tarajal (Ceuta)
Mañana sábado se cumple el segundo aniversario de la tragedia de la playa del Tarajal, en Ceuta, cuando un grupo de inmigrantes intentó alcanzar territorio español a nado y fue repelido violentamente por miembros de la Guardia Civil. 14 personas murieron y una desapareció. Un grupo de 14 organizaciones sociales han expresado, ante este aniversario, su preocupación por la falta de rendición de cuentas y la impunidad con la que se pretende cerrar este trágico suceso.
"Las autoridades responsables deben adoptar medidas urgentes para garantizar la verdad, justicia y reparación a los familiares de las víctimas y evitar que estos hechos tan graves se vuelvan a repetir y queden impunes ante la justicia", señala el comunicado conjunto firmado por entidades como CEAR (la Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Amnistía Internacional o Red Acoge.
Dos años después de aquel drama, "no se ha producido una investigación inmediata, exhaustiva y efectiva sobre el uso excesivo e innecesario de la fuerza y de material antidisturbios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", constatan las asociaciones. La única investigación celebrada hasta la fecha ha dependido del impulso de varias organizaciones sociales, que presentaron una denuncia para que se esclarecieran los hechos.
El pasado octubre, el juzgado de instrucción nº6 de Ceuta dictó un auto que ordenaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones por el delito de homicidio y lesiones imprudentes, considerando que las “devoluciones en caliente” a Marruecos eran una práctica habitual y por lo tanto no se podía sancionar a los agentes de la Guardia Civil. Prueba de ello había sido la modificación de la Ley de Extranjería. Actualmente, está recurrido ante la Audiencia Provincial, y pendiente de resolución judicial.
FALTABA INFORMACIÓN ESENCIAL
La juez de instrucción, abundan las ONG, "no recabó información esencial sobre el caso, incluidas las identidades de los agentes que participaron en la operación, hasta meses después de los hechos, cuando varias organizaciones no gubernamentales emprendieron la causa judicial sobre su inacción". Tampoco se ha tenido en cuenta "el informe pericial presentado por las ONG que afirmaba que las autopsias realizadas a los cinco cadáveres recuperados en España presentaban defectos tales como la ausencia de pruebas toxicológicas".
Por otro lado, varios organismos internacionales, entre otros, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han recomendado a España que revise la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (entró en vigor en julio pasado) que pretende dar “cobertura legal” a las devoluciones sumarias prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. En cualquier caso, los hechos denunciados sucedieron con anterioridad a la reforma de la Ley.
Hasta la fecha, el Ministerio del Interior "se ha negado a asumir ningún tipo de responsabilidad ante los hechos". Este episodio se une a otros incidentes denunciados por diversas organizaciones no gubernamentales ocurridos en la frontera entre las ciudades de Ceuta y Melilla con Marruecos, en las que no sólo se han producido expulsiones sumarias e ilegales, violando por lo tanto estándares de normativa internacional de los derechos humanos y de la Unión Europea, sino también uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la Guardia Civil y de los miembros de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes.
Además, las autoridades españolas tampoco han atendido las necesidades de los familiares de las víctimas, que todavía a día de hoy siguen esperando poder identificarlas. Las familias no solo reclaman verdad, justicia, y reparación, sino que además exigen que todos los cadáveres sean identificados.
La tragedia de la playa del Tarajal es un ejemplo más de las consecuencias del endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera sur española. El pasado día 21 de noviembre las autoridades españolas practicaron cerca de un centenar de devoluciones sumarias en la valla de Melilla, lo que viola el derecho a tutela judicial efectiva y a solicitar asilo. La falta real de posibilidades de acceder de manera segura a la frontera española para poder solicitar protección internacional para personas de origen subsahariano obliga a éstas a intentar saltos muy peligrosos, donde además de enfrentarse al uso excesivo de la fuerza, se arriesgan a caídas desde gran altura; este fue el caso de un joven subsahariano que tras caerse de la valla el pasado 21 de noviembre sufrió lesiones muy graves y que le han dejado graves secuelas.
