El Gobierno elige al exministro Juan Carlos Campo y a Laura Díez para renovar el Constitucional

El Gobierno elige al exministro Juan Carlos Campo y a Laura Díez para renovar el Constitucional

Se trata de los dos nombramientos que le corresponden y que realizará sin esperar a los otros dos del CGPJ, bloqueados por el sector conservador de los jueces.

El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una imagen de archivo en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL via Getty Images

El exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales de Moncloa Laura Díez. Son los dos nombres elegidos por el Gobierno para renovar las dos plazas del Tribunal Constitucional que le corresponden y cuyos nombramientos se realizarán este martes en la reunión del Consejo de Ministros, según ha adelantado El País este martes y ha confirmado la Agencia EFE.

El Ejecutivo procederá a resolver los nombramientos sin esperar a que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado en este asunto por el sector conservador de sus jueces, determine las personas que ocuparán las otras dos vacantes que le corresponde renovar.

Cabe destacar que la posibilidad de renovar estas cuatro plazas -las del Gobierno y las del CGPJ- se desbloquearon cuando el Ejecutivo modificó una ley que ya había cambiado anteriormente en el sentido contrario. Se trataba de un cambio introducido en marzo de 2021 que impedía al máximo órgano renovar los magistrados estando en funciones. Hasta el momento, la postura del Gobierno había sido la de esperar a que el Constitucional diese el paso, pero tras sucesivas reuniones sin frutos se ha precipitado la decisión.

Hacia un cambio de mayorías en el TC

A pesar de que se trata de una cuestión que llega marcada por el contexto de bloqueo del Partido Popular a la renovación del CGPJ, el Gobierno de turno siempre puede renovar a dos de los 12 miembros del Tribunal Constitucional cada nueve años. Actualmente impera una proporción de seis magistrados conservadores frente a cinco progresistas. No obstante, la dimisión de un juez conservador que no ha sido sustituido por el Senado decantaría que la renovación dejase la cuenta en siete progresistas frente a cinco conservadores.

Se trata de un asunto de vital importancia para el Ejecutivo, puesto que esta decisión supondrá un cambio de mayoría en el alto tribunal que pasará de ser conservadora a progresista. Máxime, con un telón de fondo en el que el Constitucional debe resolver recursos como el de la ley del aborto y en el que la oposición utiliza constantemente una estrategia de recurrir distintas leyes que aprueba la coalición progresista.

Campo, el redactor de los indultos del ‘procés’

Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 61 años) ocupó la cartera de Justicia hasta julio de 2021, momento en el que tuvo lugar la gran remodelación del Gobierno en el ala socialista y fue relevado por la actual ministra, Pilar Llop. Durante su tiempo en el Ejecutivo, fue el encargado de redactar los indultos aplicados a los líderes independentistas del procés. Una cuestión de relevancia en un contexto en el que el PP rompió las negociaciones para renovar el Poder Judicial por la modificación del Código Penal para cambiar el delito de sedición.

Su trayectoria judicial y política se remonta a 1987. Desde entonces ha sido director general en la Junta de Andalucía, vocal del CGPJ, diputado socialista, secretario de Estado y finalmente ministro de Justicia. Actualmente ejerce en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Díez, gran experiencia en el ámbito constitucional

Laura Díez (Barcelona, 52 años) es catedrática de derecho constitucional y ocupó el alto cargo en el Ministerio de Presidencia hasta hace seis meses. Primero con Carmen Calvo y después con Félix Bolaños. El pasado mes de abril dejó Moncloa tras ser nombrada integrante del Consejo de Garantías Estatutarias por el Parlament, una decisión tomada de forma consensuada.

Entre 2002 y 2004, también ejerció como asesora de la Generalitat para la reforma del Estatut y es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.