Así es el equipo que España enviará a Ucrania para investigar crímenes de guerra

Un selecto grupo de expertos y especialistas en autopsias, con el que el Gobierno responde a la petición de colaboración de la Corte Penal Internacional.
El cadáver de un civil tendido en medio de la destrucción en Maríúpol.
El cadáver de un civil tendido en medio de la destrucción en Maríúpol.
Maximilian Clarke/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

El Ministerio de Justicia pondrá a disposición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), de la Unión Europea y del Gobierno de Ucrania un grupo de 29 expertos españoles en labores forenses y en investigación criminal y 10 especialistas en autopsias para valorar los posibles crímenes de guerra internacionales producidos en territorio ucraniano.

La ministra Pilar Llop ha asegurado estar “orgullosa de que la Corte Penal Internacional y la Fiscalía de Ucrania hayan depositado su confianza en estos profesionales españoles”, según una nota informativa del Ministerio.

Desde Justicia han precisado que se formará un equipo multidisciplinar de forenses y otros profesionales para colaborar con la Fiscalía de la CPI en el trabajo de campo en Ucrania. Asimismo, se pondrán a disposición los medios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) para la recepción y análisis de las muestras y vestigios recogidos, así como otros recursos de ámbito nacional.

Respuesta de España a la CPI

Con estas medidas, el Gobierno de España atiende las peticiones de colaboración realizadas el pasado marzo por parte de la Fiscalía de la CPI para llevar a cabo investigaciones sobre la posible comisión de crímenes internacionales en territorio ucraniano.

En concreto, se solicitaba el envío de Expertos Nacionales Destacados que realizaran tareas de recogida, análisis y tratamiento de pruebas, así como entrevistas a víctimas y testigos y labores de investigación criminal sobre la comisión de delitos sexuales, de violencia de género y contra menores.

De la misma forma, el comisario de Justicia de la Unión Europea se puso en comunicación hace unos días con los ministros de Justicia de los Estados miembros para comunicarles la intención de la Comisión Europea de colaborar con la CPI y el Gobierno ucraniano en la investigación de estos posibles crímenes y de la solicitud concreta de las autoridades ucranias de personal forense y expertos en investigación criminal.

Primera fase

Según ha informado el Ministerio, en una primera fase se pondrán a disposición de la CPI un total de 39 expertos forenses, organizados en diferentes equipos. De ellos, 29 serán médicos forenses, mientras que los 10 restantes serán oficiales de actividades forenses (autopsias). Igualmente, se dispondrá de distintos forenses y facultativos en el seno del INTCF, que se encargarán de la recepción y análisis de muestras y vestigios que les vayan llegando.

Llop ha asegurado que todos ellos son profesionales de gran cualificación y ha destacado “su reconocimiento y valoración de su prestigio internacional”, así como “la rápida respuesta de los profesionales del INTCF en el apoyo a estas investigaciones”.

De acuerdo a la información facilitada por Justicia, estos profesionales pertenecen a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Cáceres, de Cantabria, de La Rioja, de Madrid, de Valencia, de Baleares, de Huelva, de Valladolid, de Salamanca, de Badajoz, de Granada, de Alicante, de Galicia, de Murcia y de Cataluña. No obstante, se prevé que en los próximos días se incorporen más facultativos de los IMLCF de otras provincias.

El Ministerio ha explicado, además, que tanto el número de expertos como los institutos implicados “podrán ampliarse”, ya que se tendrán en cuenta las diferentes necesidades que se vayan identificando durante los trabajos.

La participación de Justicia se concretará a través de una Autoridad Única de Coordinación Jurídico Forense, dirigida por la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y por la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, con participación del director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

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