Moncloa y Génova creen que la situación económica será clave en las urnas

En plena tormenta política, con el Congreso partido en dos, acusaciones cruzadas de golpismo y el sistema Constitucional en crisis, los estrategas de Moncloa y Génova deslizan en privado que la economía seguirá siendo clave en las elecciones que llegarán el próximo año. Así lo tienen testado demoscópicamente. Y si hace unas semanas la lupa estuvo puesta en la energía, la cesta de la compra y las recetas de unos y otros para abaratarla serán ahora las protagonistas.

En el PP quieren recuperar la iniciativa también en materia económica. El perfil de buen gestor en los momentos difíciles le permite arañar votos entre el socialismo descontento, según el diagnóstico del equipo de Alberto Núñez Feijóo. Y es en ese marco en el que también pueden esgrimir moderación y centralidad, en un momento en el que han elevado al máximo el tono por la reforma exprés del Código Penal del Gobierno, que deroga el delito de sedición, rebaja el de malversación y cambia el modelo de elección en el Constitucional.

De hecho, en medio del enorme ruido y la crispación existente, el PP quiso llevar a la arena pública su propuesta de bajar el IVA de los productos básicos. Y no sólo eso. También planteó un ajuste del IRPF a las rentas medias y bajas, con efectos retroactivos del 1 de enero de 2022; una ayuda de 300 euros a las rentas inferiores a 14.000 euros; y aplazar la entrada en vigor del impuesto del plástico, que a su juicio repercutirá en los ciudadanos.

Esto es, el PP desempolva su bajada de impuestos después del revés que supuso la dimisión de Liz Truss en Reino Unido y se adelanta a las medidas que pretende aprobar el Gobierno antes de que concluya el año, y entre las que podría estar precisamente una rebaja del IVA. En concreto, según la información de El País del pasado sábado, el Ejecutivo sopesa quitar el descuento a la gasolina, dejándolo únicamente para profesionales, y centrarse en la ayuda a los alimentos.

Fue la vicepresidenta Yolanda Díaz la primera que puso el foco en la cesta de la compra, justo después de las vacaciones de verano. Si bien, su plan fue desbaratado por el ala socialista del Gobierno y ahora, cuatro meses después,  Sánchez quiere que sus medidas en este sentido centren el inicio del 2023, a fin de que las polémicas que a día de hoy incendian la política vayan cayendo en el olvido “como ocurrió con los indultos”.

Para Moncloa, “los agoreros” han errado en su diagnóstico económico, no ha llegado la hecatombe y España está capeando la crisis mucho mejor que los países de nuestro entorno. Y ello es, en otras cosas, por medidas como la excepción ibérica, que fue duramente criticada por el PP. “España es el país en el que antes se está moderando la inflación”, suele decir Nadia Calviño, la voz más autorizada en economía del Gobierno. La pasada semana, la imagen de Teresa Ribera hablando en Bruselas mientras sus homólogos la escuchaban fue reivindicada por los portavoces gubernamentales como un éxito de su política internacional y económica.

Barones y altos cargos del PP reconocen que la situación económica no es tan mala como se preveía. “Pero eso no significa que sea buena, ni mucho menos”, remachan. “Que le pregunten a las familias que quieren llenar la cesta de la compra y no pueden, o que lo hacen endeudándose”. Y de ahí que aplaudan que Feijóo refresque sus medidas antes de que el Consejo de Ministros actúe. “Solo aciertan cuando rectifican, no lo hagan a medias y copien todas las propuestas del PP”, será uno de los mensajes que repetirán esta semana los portavoces populares.