Como presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (Comisión LIBE del PE), la semana pasada tuve el honor de participar desde Bruselas en el Foro Canario de Migraciones, espacio de debate inaugurado por el Presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y su consejera de Asuntos Sociales. Tomé la palabra consciente del momento candente en el debate migratorio, el mismo día en que un incendio en el campo de refugiados de Moria (Lesbos, Grecia) consumaba una tragedia predecible y mil veces anunciada en los debates de LIBE. Del drama en las Islas Griegas, en Chipre, en Malta y en el sur de Italia (Lampedusa, Islas Eólicas) se ocupa el PE regularmente. Sucede que, sin embargo, en demasiadas ocasiones parece menos visible el acuciante y abrupto auge de la ruta atlántica de tráfico de personas (mediante pateras y cayucos) desde la costa noroccidental africana hacia Canarias. Como presidente de LIBE no pierdo ninguna ocasión de poner de manifiesto que también el archipiélago canario expresa con crudeza descarnada el contraste entre la expectativa de una respuesta común -paneuropea, solidaria- a un desafío que es europeo, y la patética escasez de la realidad de esa escala. En esa misma semana, en la comparecencia ante LIBE de la Comisaria Ylva Johansson (Interior) para abordar la situación tras la catástrofe de Moria, obtuve el anuncio de su compromiso de acudir a Mauritania junto al ministro Marlaska para hacer frente en origen a este preocupante rebrote del tráfico hacia Canarias. En efecto, estos últimos días hemos venido asistiendo, minuto a minuto, a la estremecedora secuencia descrita por el hacinamiento bajo una lona de campaña en Arguineguín (Gran Canaria) de medio millar de inmigrantes africanos rescatados en la mar, supervivientes todos ellos de un intenso repunte de cayucos y pateras que arriban a Canarias a diario, dejando atrás -o, literalmente, arrojando por su borda- un trágico balance de muertes y agonías indecibles en las olas del océano. Una secuencia seguida de su alojamiento de urgencia en establecimientos hoteleros vacantes por la pandemia... a la espera del obligado (¡y todavía pendiente!) ejercicio de solidaridad por parte del resto de España y de la entera UE en la redistribución de la responsabilidad por su atención humanitaria. Esforzándome por esclarecer la perspectiva europea, en mi intervención en el foro quise condensar algunos contenidos informativos desde mi representación europea, pero también compartir algunos mensajes de esperanza no exenta del realismo que nos obliga a mantener siempre los pies en la tierra. Es cierto, como se evocó una y otra vez, que Canarias ya experimentó a comienzos de este siglo la que se denominó “crisis de los cayucos”: de 2000 a 2006 llegaron a las Islas cerca de 30.000 subsaharianos al año, penosamente hacinados en frágiles embarcaciones de madera, fletadas en Mauritania, Senegal, Guinea Bissau, Guinea Conakry... ¡La diferencia con respecto de la situación actual es, no obstante, meridiana!: Entonces no había en la UE un Tratado de Lisboa (el TL entró en vigor en 200)); no había tampoco un Espacio de Libertad, Justicia y Seguridad (ELSJ), con legislación europea vinculante para los Estados miembros (EEMM); no había Frontex (Agencia de Fronteras y Guardacostas), no había EASO (Agencia Europea de Asilo). El Gobierno de entonces -en el que tuve el honor de servir como ministro de Justicia- acometió el problema con recursos nacionales (Salvamento Marítimo, Guardia Civil del Mar...), y para su abordaje en origen pusimos en marcha el Plan Africa. Tampoco entonces, por cierto, había esa extrema derecha, desprendimiento del PP, que hoy explota un sentimiento de malestar y rechazo (asociados a la sensación de vulnerabilidad de muestras costas fronterizas) sin reparar en los daños incuantificables de su discurso de odio carente de límites morales y de propuestas aceptables. Ahora, en 2020, el paisaje normativo ha cambiado enteramente. Hay Tratado de Lisboa (TL) y hay Carta de Derechos (CDFUE), desde 2009; hay Espacio de Libertad, Justicia y Seguridad (ELSJ); hay un Migration Package (Código Europeo de Visas/VIS; Código Schengen/SIS, y las Directivas Blue Card, de trabajadores desplazados y de trabajadores temporales, y la controvertida Directiva de Retornos); hay un Asylum Package (Directivas de Recepción y Acogida, de Requisitos y Cualificaciones; de Procedimientos comunes; y Reglamento Eurodac, y Reglamento de Dublín; y Programas de Realojamientos y de Reasentamientos) ¡Y ahora hay también, -¿cómo ignorarlo?- una pujante y ofensiva extrema derecha xenófoba, en Canarias y en España (y por supuesto en el PE y en la UE), dispuesta a pescar sin escrúpulos en cada río revuelto! Pero lo cierto es que, con todo, la crítica recurrente al “fracaso de la UE” continúa pendiendo aun de los incumplidos mandatos de solidaridad vinculante y responsabilidad compartida (art.80 TFUE). El mensaje de esperanza se fundamenta en una mayoría en el PE comprometida con un New Migration & Asylum Pact, comprometido por la presidenta de la Comisión Europea (Comisión VDL) en su investidura ante el PE en julio de 2019. Su presentación ante LIBE ha sido pospuesta varias veces por la comisaria Johansson, teniendo como última fecha inaplazable la del próximo 30 de septiembre. Desde la Comisión LIBE exigimos el cumplimiento del Derecho Europeo y un Mecanismo Europeo de Salvamento y Rescate (Search & Rescue, S&R), así como una mayor dotación del AMIF (Fondo de Asilo y Refugio, de 7´3 millones de euros a 14 millones en el próximo MFF) y financiación europea de hasta 10.000 euros por cada menor no acompañado en las regiones alejadas con fronteras vulnerables (como es el caso de Canarias, Lampedusa, Islas Griegas), además de cobertura presupuestaria adecuada a las Agencias europeas (EASO, Frontex, Eurojust, EuLisa y Europol contra la criminalidad transfronteriza de los tráficos ilícitos y la explotación de personas) y del Programa Europeo Justice & Values. El golpe de realidad lo impone a martillo la negativa ola de insolidaridad y de egoísmos nacionales que, a rebufo de cada uno de los episodios de la policrisis que arrancó con la Gran Recesión a partir de 2009 (“Crisis de los Refugiados”, Brexit, Pandemia del Covid-19), han venido a cuestionar la razón de ser de la UE como una comunidad de EEMM sujetos al Derecho europeo. Así. el notorio Grupo de Visegrado, capitaneado por esos regímenes iliberales escorados a la extrema derecha nacionalista (Hungría y Polonia), no solamente deniega toda solidaridad a los EEMM perjudicados por la obsolescencia (e inequidad en el reparto de las responsabilidades) del actualmente vigente Reglamento de Dublín (España, Italia, Malta, Chipre, Grecia...), sino que bloquea cualquier solución basada en un compromiso fiable con el Derecho europeo y en la confianza mutua. Cierto es también que, del lado de la esperanza, la Comisión VDL (“guardiana de los Tratados”) ha incoado numerosos expedientes de infracción del art.258 TFUE contra los incumplidores, pese a que a cada vez sean más y más flagrantes los casos de contumaz rebeldía ante el Derecho Europeo e incluso frente a las sentencias (condenatorias de prácticas inadmisibles) del TJUE de Luxemburgo. Pero también lo es que este cuadro de situación nos habla de patologías y nudos gordianos que expresan un avanzado estadio de cuestionamiento de la UE. Por todo ello ante el Foro expresé mi apoyofenérgico y compromiso con sus conclusiones y propuestas, con una combinación de corto plazo (realojamientos urgentes, empezando por las personas más vulnerables: MENAs, mujeres con hijos a cargo...); medio plazo (el New Pact) y largo plazo (Root Causes o causas en orígen).Y mi compromiso también para combatir las fake news (las mentiras gruesas han circulado ampliamente en redes a partir de los realojamientos desde la tienda de Arguineguín): No estamos ante ninguna invasión, ni hay un efecto llamada. Alternativamente, se practican los retornos, numerosos, pese a que el Covid haya impuesto limitaciones y dificultades que no pueden ser ignoradas. Y mi batalla europea durante estos últimos años: un S&R europeo, con la apertura de vías legales (legal pathways), incluyendo corredores y visas humanitarias. La conclusión es terminante: basta de indiferencia ante la explotación de la ausencia de vías regulares y seguras a quienes de otro modo expondrán la propia vida, y la de sus seres queridos, a criminales sin escrúpulos, en su desesperación por huir de la catástrofe, el hambre, la inseguridad o la tragedia inminente de una muerte segura.