El intermediario en el contrato de las mascarillas liquidó los dos bonos por 400.000 euros que adquirió con el dinero de la comisión, uno de ellos cuando ya había iniciado la investigación del Ministerio Público.
El organismo comunitario muestra su preocupación por la división de la investigación sobre el contrato del hermano de la presidenta madrileña entre la Fiscalía General del Estado y Anticorrupción.
Justo antes de soltar LA frase, sostiene que lo podrán llevar "al Vaticano, a la OTAN, a la ONU, a todas las fiscalías, pero cuando no hay nada, no hay nada".
Pese a que la Fiscalía argumentó que se cerraba por su inviolabilidad, porque habían prescrito los delitos y porque en otros casos lo había subsanado con regularizaciones fiscales.
Las formaciones pedirán que se investiguen nuevos contratos y han registrado un Pleno en la Asamblea para que la presidenta madrileña dé explicaciones.