Maricarmen logra un nuevo aplazamiento de su desahucio: el Juzgado lo pospone a septiembre, aunque desoye a la ONU

Maricarmen, la vecina de 87 años a la que amenazan con echar de la casa en la que vive en Madrid desde hace más de 70, ha logrado un nuevo aplazamiento de su desalojo; si el tercer intento estaba previsto para el próximo miércoles, 24 de junio, el Juzgado lo ha pospuesto al menos hasta el 23 de septiembre.

Pese al respiro, la decisión no es más que un parche. Si el Juzgado ha tomado esta determinación es porque el segundo aplazamiento del desahucio "no se atenía a la ley", tal y como ha defendido la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro. El artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, si el inmueble a desalojar es la vivienda habitual de la persona a la que se quiere echar, el Juzgado debe ofrecer "un plazo de un mes para desalojarlo". Esto es algo que no ocurrió tras la última prórroga.

Desde el Sindicato de Inquilinas lamentan, sin embargo, que el Juzgado haya hecho caso omiso a la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que hace unos días pidió la suspensión del desahucio hasta que el Gobierno le ofreciera una alternativa habitacional digna. Según el tribunal, tanto el Ayuntamiento, la Comunidad como el Gobierno han tenido "tiempo suficiente para encontrar esta alternativa". "O lo que es lo mismo, la judicatura diciendo a los ejecutivos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y al Gobierno central que en estos meses de aplazamientos del desahucio de Maricarmen no han hecho nada para solucionar el problema", resumen desde la organización sindical.

Con este, Maricarmen ha evitado ya tres intentos de desahucio: uno en octubre, otro el pasado 3 de junio y, ahora, el del próximo martes 23 de junio. Pero esto no significa que se haya logrado evitar un "daño irreparable" del que alertó Naciones Unidas. Maricarmen continúa sometida a una situación de incertidumbre que no deja de aumentar. Su propia abogada, así como miembros del Sindicato de Inquilinas que la acompañan, llevan tiempo advirtiendo que esta constante sensación de que perderá su casa "la está matando". "Cualquier persona, y más con 87 años, sufriría una tortura si tiene que enfrentar dos intentos de desahucio en 20 días", decía hace unos días su letrada.

Por eso desde el Sindicato advierten de que el aplazamiento no supone ninguna "gran victoria". "No da una solución real al conflicto y supone una forma de violencia institucional que busca alargar la agonía de no saber qué va a pasar con su vivienda y tiene como fin desmovilizar el gran apoyo popular que tiene Maricarmen", dicen.

En un comunicado, el Sindicato de Inquilinas considera que "ahora que el desahucio se ha pospuesto, son las administraciones públicas quienes tienen que resolver de una vez por todas este conflicto". "Tanto el Sindicato como la jueza, como la ONU, han señalado a unas instituciones que no han movido un dedo para dar una alternativa habitacional", lamentan. En octubre, desde el Sindicato se entregó un dossier al Ministerio de Vivienda "dando varias soluciones al conflicto, como la compra de la vivienda o la reforma de la LAU para incluir contratos indefinidos, similares a las rentas antiguas". Además, se ha instado en varias ocasiones a la Comunidad y al Ayuntamiento "a que busquen una alternativa" a través de servicios sociales, sin éxito.

El Sindicato defiende que "hace tiempo que el conflicto" no va ya solo de Maricarmen: "Va de la dignidad frente a la avaricia, del apoyo vecinal frente a un sistema que antepone la especulación a la vida. Maricarmen somos todas y cada vez somos más personas las que tenemos claro que una empresa no puede hacer lo que quiera con una vida".