Maricarmen, la vecina de 87 años a la que quieren desahuciar, tras suspenderse el desalojo: "Voy a seguir luchando"
El Juzgado ha suspendido temporalmente el desahucio de Maricarmen, que lleva 70 años viviendo en la misma casa. La vecina no sabe cuánto tiempo tiene antes de que vuelvan a intentarlo, pero tiene claro que no piensa irse de su vivienda.
Horas después de que el Juzgado ordenase la suspensión temporal de su desahucio, a Maricarmen, de 87 años, aún le sobran fuerzas para bromear. "¡Soy la matriarca!", ruge la vecina mientras se sienta frente a la mesa en la que minutos después ofrecerá una rueda de prensa junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid. Ante los periodistas y las decenas de personas que la acompañan en su batalla contra la empresa que quiere echarla de su casa, Maricarmen, ataviada con una bufanda del Sindicato, interpela sin micrófono a todo aquel dispuesto a escuchar. "Hay que luchar. Yo ya soy mayor, pero voy a seguir luchando. Si no se lucha, se pierde, y cada vez vamos peor", dice.
Esta noche, Maricarmen ha podido dormir algo "más tranquila" en la misma casa en la que vive desde hace 69 años. Su casa, situada en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio del Retiro. La casa cuyo primer alquiler firmó su padre en 1956. La casa en la que primero murió su padre y después su madre. La casa que habita desde antes de alcanzar la mayoría de edad. El Juzgado había ordenado su desahucio para esta mañana, pero la presión vecinal y la organización sindical lograron pausarlo. "Se ha parado, pero no de la forma en la que queríamos", explica Maricarmen. No es la paralización que buscaban porque no es definitiva. El juez suspendió el desalojo, pero solo hasta que "las administraciones provean una alternativa habitacional".
A sus 87 años — los cumple el próximo 2 de noviembre — Maricarmen no piensa rendirse. "No me van a echar. Tengo un derecho y seguiré luchando. Mi casa no son solo sus paredes, es mi vida. Que le quede muy claro a Urbagesa [la empresa que adquirió su vivienda y ahora quiere echarla] y al juez. Mi idea era morir en esta casa y eso haré. Aquí me quedo", señala con el convencimiento de quien tiene un hogar. A Maricarmen, que pagaba por su vivienda un alquiler de renta antigua de algo más de 400 euros, Urbagesa le propuso subir la renta primero a 2.650 euros y, después, a 1.650, cuando cobra una pensión de poco más de 1.400 euros. "Me sentí humillada. Me querían machacar hasta que dejara mi vivienda", recuerda de aquel ofrecimiento. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, por su parte, le dijeron que tenía la opción de acudir a una residencia pública o a un piso tutelado, una solución que conllevaría dejar atrás toda una vida. "No sé cuánto tiempo tengo, pero no me voy a ir. Me quedo en mi casa. Voy a volver a luchar", insiste antes de hacer un llamamiento: "Salid a luchar por vuestra casa, que nadie os la pise. Es vuestro derecho".
El caso de Maricarmen, tal y como comenta Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, sentada a su lado, "es un síntoma, un ejemplo de lo que le pasa a cientos de miles de personas en todo el Estado español, pero especialmente en Madrid". "Esta ciudad y esta región están hechas para echarnos. Se premia la especulación antes que el derecho a la vida", denuncia Racu, cuyo Sindicato acompaña y asesora a Maricarmen en su pleito. Racu es también una muestra del "miedo y la incertidumbre" que inunda la razón de quien tiene "una empresa como casero". "Las empresas nos ven como un número, como una rentabilidad, y lo hace no solo con el beneplácito de Almeida y Ayuso, sino también con el del Ministerio de Vivienda, que no se atreve a tomar medidas reales", asegura Racu.
Como Racu, centenares de miles de personas afrontan este año la finalización de su contrato de alquiler y, por tanto, una negociación que plantea un punto de partida y meta con solo dos opciones: "O aceptas una subida inasumible o te marchas. Y la ley permite eso. Las leyes injustas hay que desobedecerlas. Si nos organizamos, resistiremos y ganaremos nuevos derechos". Es por ello por lo que el Sindicato de Inquilinas no vislumbra otra alternativa para Maricarmen más que la de quedarse en su casa. "Maricarmen es una mujer con una agenda propia, organizada, que quiere quedarse en su casa. No queremos jugar al juego de la vulnerabilidad, en la que tienes que ser la víctima perfecta, la persona pobre perfecta, para poder quedarte en tu casa. Su vida entera se va a la basura solo porque una empresa quiere más dinero", declara la activista. "Si me quieren echar es porque quieren ganar muchos duros", contempla Maricarmen.
Al igual que el Sindicato de Inquilinas, Maricarmen no tiene reparos en interpelar al Gobierno de España, a quien reclama una modificación de la ley de Vivienda. "Todos los contratos de alquiler deben ser indefinidos. Hay que hacerlo ya", reclama. Valeria Racu añade a la petición, además, "la expropiación a fondos buitre que especulan con las viviendas". "¿En qué momento hemos aceptado que haya empresas que se lucran con nuestras miserias? La palabra, expropiación, da miedo, pero está recogida en nuestra Constitución", reconoce Racu. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, añade que "el legislativo debe dejar de hacer parches". "No hay una legislación efectiva, y debemos denunciar los fallos que tienen las leyes, unos fallos que son evidentes cuando se permite que alguien como Maricarmen pueda acabar en la calle", señala.
Maricarmen no sabe si volverán a fijar una nueva fecha para su desahucio, ni cuándo. Por ahora, al menos, se queda en la casa en la que vive desde hace 70 años.
