"Es el patriarcado hecho ley. Papá Estado tutelando tus entrañas". Así explica Laura, madrileña de 28 años, con dos carreras y soltera, lo que para ella significaría dar un paso atrás en la ley del aborto. Interrumpió su embarazo en febrero de 2011: "No fue una decisión fácil, aunque existe la falacia de que abortar mola".

Empar Pineda, portavoz de la clínica Isadora y, dice, defensora de los derechos de las mujeres desde que tiene memoria, se muestra intranquila ante la reforma del aborto en España que el Gobierno de Rajoy quiere poner en marcha. "Los anuncios de Gallardón [ministro de Justicia] dan a entender que la nueva ley irá más atrás de la del 85", explica en referencia al texto que sustituirá a la Ley de Salud sexual y reproductiva de 2010 que, entre otras cosas, permite abortar libremente hasta las 14 semanas de gestación.

"¿Por qué ese miedo hacia el poder de la mujer?", se pregunta Diego Fernández Álvarez de la clínica Dator, otra de las siete donde se practican abortos en la capital. "Por los derechos de la mujer nunca se puede dejar de luchar, a la primera de cambio intentan suprimirlos", añade. "¿Quién me va a obligar a mi a ser madre?", insiste su compañera y portavoz del centro, Olga Sancho.

Pero la posible reforma de la ley del aborto en España inquieta por igual a unos y a otros. El director del conservador Foro de la Familia, Ignacio García Juliá, sostiene que el nuevo marco legal "se quedará corto". Esta organización rechaza el aborto incluso en caso de malformación del feto por considerar que la interrupción del embarazo "es una monstruosidad". Juliá aboga por un mayor apoyo estatal a las mujeres para "que no tengan que abortar" y asegura que, según los datos aportados al foro por la fundación antiabortista Red Madre, el 80% de las madres que dudan sobre su embarazo decide llevarlo adelante si reciben ayudas.

Este colectivo, que ofrece alternativas a la interrupción del embarazo y ayudas económicas, atendió en 2011 a 4.170 mujeres. Ese mismo año, en toda España abortaron 118.000 mujeres, según el Ministerio de Sanidad.

La Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) ofrece datos totalmente opuestos. Este colectivo ha publicado una estadística con datos de 5.100 mujeres que abortaron en sus centros entre febrero y marzo de 2012. Según este estudio, sólo un 22% de las mujeres habría seguido con su embarazo si hubiera tenido una mejor situación económica.

NO HAY ACUERDO NI EN EL PP

Estadísticas aparte, los anuncios que Gallardón, ha estado haciendo durante los últimos meses han enfrentando no sólo a los colectivos que están a favor de mantener la ley actual y los que prohibirían el aborto, sino dentro de su propio partido.

La diputada Beatriz Escudero aseguró hace semanas en el Congreso que las mujeres que abortan son las que no tienen estudios (cuando en realidad sólo el 3% de las que interrumpen su embarazo carece de educación). El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aunque advirtió que hablaba a título personalcomparó los abortos con ETA.

En medio de este revuelo, Soraya Saenz de Santamaría ejerció de pacificadora y el viernes pidió un "debate sereno" y dibujó las líneas fundamentales de la controvertida ley: "La jurisprudencia respecto a la ley del aborto inicial que estuvo vigente hasta la pasada legislatura" y "cumplir el compromiso de intervención de los padres en los abortos de menores de 16 y 18 años".

La vicepresidenta no confirmó nada del tercer punto más comentado, prohibir el aborto en caso de malformación del feto, aunque reconoció que se lo estaban planteando. Sin embargo, el titular de Justicia ha vuelto a insistir en el tema y ha asegurado que se "va a adecuar" esta reforma al mandato de Naciones Unidas que "prohíbe que exista cualquier tipo de discriminación por razón de capacidad".

Mientras tanto, presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha tratado de frenar la polémica y ha pedido esperar a la decisión final para opinar sobre esta reforma. "Cuando tomemos una decisión, la daremos a conocer y la explicaremos al conjunto de la opinión pública", comentó el lunes.

"No sabemos qué es lo que hará el Gobierno, pero tiene una deuda muy grande con la Iglesia y con las organizaciones provida", comenta Empar Pineda que coincide con los socialistas. "Parece que los obispos y el PP se han vuelto a poner de acuerdo para cercenar la libertad de las mujeres", denunciaba Elena Valenciano.

LA LEY DE LA DISCORDIA

LEGISLACIONES SOBRE EL ABORTO EN ESPAÑA:

·El proyecto catalán. El 25 de diciembre de 1936 el Gobierno de Cataluña promulgó una ley para legalizar el aborto con el fin de terminar con las prácticas clandestinas. Fue derogada al final de la Guerra Civil.

·Un atentado contra el Régimen. Durante la dictadura franquista el aborto se consideraba un atentado contra la nación y tanto las aborteras (las que ayudaban a abortar en la clandestinidad) como las propias mujeres se enfrentaban a penas de hasta seis años de cárcel. Fueron los años de los viajes a Londres, el perejil y el hinojo, las infecciones y en muchos casos la muerte de las que trataban de parar su embarazo.

·Ley de 1985. La conocida como Ley de los supuestos. Fue aprobada por el Gobierno de Felipe González y permitía el aborto bajo tres supuestos: violación, riesgo para la salud de la mujer y malformaciones en el feto.

·Ley de Salud sexual y reproductiva de 2010. Vigente en la actualidad. Permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación y hasta las 22 si el feto tiene malformaciones o la salud de la madre corre riesgos. Además, permite que las chicas de 16 y 17 años, interrumpan su embarazo sin un consentimiento paterno.

En 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una de las leyes más progresistas de Europa sobre el aborto para sustituir la de 1985 que parecía no contentar a nadie.

Aunque, para los pro-vida, como explica el director de Foro de la Familia, el supuesto de riesgo para la mujer de la ley anterior "era un coladero", los colectivos feministas se quejaban de que limitaba el derecho a elegir de la mujer. "Se trataba y se trata de tutelar, nos consideran menores de edad", protesta la portavoz de Isadora, Empar Pineda.

El otro gran problema de la norma del 85 era que dejaba desprotegidos a los profesionales. Según Pineda "muchas veces los hombres denunciaban a sus exparejas por haber abortado aunque fuera años atrás. Ahí el problema recaía en la clínica y en el doctor", en ese momento el médico tenía que defender que la interrupción se había realizado dentro de la legalidad.

EL FIN DE LOS SUPUESTOS

El Ejecutivo socialista terminó con los "supuestos" y otorgó a la mujer un mayor campo de acción para decidir sobre su maternidad. Además de las 14 semanas en las que las mujeres pueden interrumpir su embarazo sin dar ningún tipo de explicación ni pedir ningún certificado (policial, en caso de violación, o médico), las menores de 17 y 16 años también tienen la autonomía para hacerlo. "La ley de 2010 reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad, porque no se trata sólo de un documento que permite el aborto", explica Olga Sancho.

Aunque eso no es todo. La interrupción del embarazo es un servicio recogido en la cartera de la Seguridad Social desde su despenalización en 1985. "Las mujeres podían y pueden solicitarlo gratis, lo que pasa es que ellos nos las mandan a nosotros y luego les pasamos los gastos", comenta Empar Pineda.

"Hagan lo que hagan, simplemente dar vueltas a este tema supone un retroceso de 50 años en los avances en los derechos de la mujer", recuerda el médico de Dator, Diego Fernández, quien enumera los problemas que supondrían en la sociedad una ley más limitada haciendo uso de las estadísticas de las Organización Mundial de la Salud que demuestran que leyes más restrictivas no reducen los abortos, sino que aumentan la mortalidad femenina. Cada año 22 millones de mujeres ponen fin a su embarazo de forma insegura en el mundo, de las cuales 47.000 mueren y más de 5 millones tienen secuelas de por vida.

Hay quien dice que volveremos a los viajes a Londres, como el que Pepa hizo en 1977 para abortar cuando en España era ilegal. "Iba acompañada por mis amigas, así que no fue dificil, lo dificil era pensar en que en ese momento un hijo me obligaría a dejar mis estudios y casarme". Y las peor paradas serán las mujeres sin recursos, porque ellas no podrán salir del país y una cosa es segura para los tres profesionales de Dator e Isadora, "una mujer que quiere abortar lo hace como sea".