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Amnistía denuncia el contínuo "uso excesivo de la violencia" contra manifestantes en España

Publicado: Actualizado:
25S
Imagen de la manifestación del 25 de septiembre del año pasado | REUTERS
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El Gobierno no investiga las denuncias de tortura y violencia policial y reprime las manifestaciones que piden un cambio en el sistema político o protestan contra la austeridad o la corrupción. No se trata de hechos aislados. Ese es el diagnóstico de Amnistía Internacional, que este jueves publica su informe anual que centra su capítulo dedicado a España en las violaciones de derechos de los descontentos con el rumbo del país.

"Tanto en 2011 como en 2012 ha habido un uso excesivo de la fuerza en muchas manifestaciones por parte de efectivos de seguridad", denunció Esteban Beltrán, director de Amnistía en España, en un encuentro con periodistas este miércoles. Hay "un patrón: se produce el uso excesivo de la fuerza, la gente reclama ante los tribunales y los tribunales dicen si hubo o no ese uso, pero al no estar identificados [los agentes de Policía] no se sigue ese procedimiento", advirtió.

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En su informe, la organización denuncia que "las investigaciones sobre las denuncias no fueron en general ni exhaustivas ni eficaces", algo que según Beltrán podría comenzar a cambiar, ya que la Policía ha anunciado que los antidisturbios lucirán un número de placa. La medida es a priori "positiva", pero "habrá que ver" si son "todos" los efectivos los que lo llevan y si eso permite identificar a los autores de abusos, en palabras de Beltrán.

¿El PP ha endurecido la represión de las manifestaciones? Beltrán rechazó, a preguntas de El Huffington Post, hacer una "comparación sobre quién reprime más o menos. Hay problema de uso excesivo de la violencia, lo ha habido siempre y en los últimos dos o tres años el número de manifestantes y gente reclamando sus derechos ha crecido mucho. En ese contexto se ha producido uso excesivo fuerza", aseguró.

BALAS DE GOMA, PERIODISTAS GOLPEADOS

La crítica de Amnistía es amplia, ya que cita la violencia de los Mossos de Esquadra de Cataluña, cuyo uso de pelotas de goma ha sido muy polémico, o la de la Policía Nacional, cuyos agentes "sin identificar golpearon con porras a manifestantes pacíficos, dispararon balas de goma contra ellos y amenazaron a los periodistas que cubrían la información de los hechos" en manifestaciones como la del pasado 25 de septiembre.

A la represión de las manifestaciones se une la nula investigación de las denuncias de las víctimas y el entorpecimiento de los medios de comunicación para contarlo, algo en lo que es responsable el Ejecutivo. "La investigación de las denuncias de tortura y otros malos tratos fue a menudo inadecuada y así lo reconocieron tribunales y organismos de derechos humanos", advierte la organización.

También la Justicia falló a la hora de compensar a las víctimas. En ese sentido, el informe destaca que un juzgado de Madrid ignoró la denuncia de Ángela Jaramillo, una ciudadana que en 2011 mostró "una actitud pacífica" durante una manifestación, pero fue "golpeada repetidamente con porras". En el caso de Paloma Aznar, una periodista, la agresión fue con una pelota de goma mientras cubría una manifestación de mineros a pesar de que llevaba "colgada del cuello su acreditación de periodista".

LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO FUNCIONA

En su capítulo dedicado a España, Amnistía asegura que siete años después de la aprobación de la ley sobre la violencia de género, las mujeres siguen sin tener "acceso a remedios efectivos" y no se han evaluado "los obstáculos" que pueden encontrar las mujeres para "recibir protección efectiva durante las acciones judiciales". En otras palabras: las mujeres siguen desprotegidas ante la violencia machista, también cuando han denunciado y se encuentran en medio de un proceso judicial.

Amnistía también se fijó en otras amenazas para los derechos humanos:

  • Vivienda. Según Amnistía, "el gobierno aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de sectores de población vulnerables". Entre ellas están los desahucios y el desalojo de campamentos de personas desfavorecidas o romaníes. En la presentación del informe, Amnistía pidió un cambio de la Constitución para consagrar el derecho a la vivienda de manera efectiva y advirtió de que prohibir de antemano los escraches viola los derechos humanos (más información aquí).
  • Medidas antiterroristas. La organización lamenta que el Gobierno pueda tener a los sospechosos de terrorismo "hasta 13 días recluidos, sin acceso a un médico ni a un abogado de su elección y sin poder consultar con su abogado de oficio de manera confidencial ni comunicar su paradero a su familia".
  • Plurialidad religiosa. Según el informe, en España se sigue restringiendo "el uso de prendas y símbolos religiosos", algo que afecta "de manera desproporcionada a las alumnas musulmanas". En enero, un juzgado ratificó la decisión de un centro de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de exlcuir a una alumna por llevar "la cabeza cubierta con un pañuelo".
  • Atropellos migratorios. España sigue violando los derechos de los inmigrantes. En septiembre, "expulsó colectivamente a 70" desde "el islote español de Isla de Tierra a Marruecos. Ninguno tuvo acceso a un procedimiento de concesión de asilo individual", según el documento. El informe recuerda que la ONU asegura que España es responsable de la detención arbitraria, discriminación y malos tratos constitutivos de tortura contra un ciudadano marroquí que permanecía recluido en un centro de detención para inmigrantes de Madrid".

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