POLÍTICA

Wert, dispuesto a reconsiderar el decreto que endurece las exigencias para una beca

19/06/2013 20:30 CEST | Actualizado 19/06/2013 20:59 CEST
EFE

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha mostrado dispuesto a reconsiderar las exigencias previstas respecto a las notas académicas para obtener una el próximo año para los estudios de Bachillerato y FP.

Wert ha hecho este anuncio al término de la reunión con los consejeros autonómicos sobre el borrador del real decreto de becas para el curso 2013-14, que ha durado cerca de tres horas, y en la que ha escuchado a las comunidades, incluidas las del PP, la petición de rebajar las notas exigidas.

"El elemento puesto de manifiesto en la reunión por las comunidades autónomas al margen de su color político ha sido un planteamiento acerca de si la inclusión de estos requisitos académicos (...) no supondría un riesgo de dificultar el objetivo de reducción del abandono escolar temprano", ha explicado Wert.

De esta manera, ha dado respuesta a las autonomías, que han solicitado al ministro una revisión del borrador del decreto en lo relativo al umbral académico para las becas en Bachillerato, que está en un 5,5 este curso y subiría a un 6 el que viene, por entender que elevar la exigencia podría atentar contra la igualdad de oportunidades.

ALGUNAS AUTONOMÍAS VEN EXCESIVAS LAS EXIGENCIAS

Ante las reivindicaciones de las autonomías, se ha "comprometido a estudiar la viabilidad de acomodar la exigencia académica que algunas comunidades autónomas consideran excesiva" a su intención de "valorar la cultura del esfuerzo" y "desde la perspectiva" de que no suponga un obstáculo a la lucha contra el abandono escolar.

Ha destacado además la "necesidad de alinear la concesión de becas al espíritu de la reforma" educativa en marca y "a la equidad", garantizando además "que ningún alumno tenga que abandonar o no emprender estudios por razones socioeconómicas".

Esta petición no era solo de comunidades de otro color político, sino que algunas del Partido Popular, como Extremadura y Castilla y León, habían expresado su disconformidad con el sistema planteado por el Ejecutivo.