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Las devoluciones en caliente de inmigrantes violan al menos 12 normas nacionales e internacionales

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EXPULSIONES
EFE
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La intención del Gobierno de legalizar la devolución en caliente de inmigrantes -echarles inmediatamente por donde han venido- atenta contra la legislación europea, la Constitución española, las leyes internacionales y la Convención de Ginebra de Naciones Unidas. "Es una violación de leyes básicas internacionales de derechos humanos; y añadiría que también es una violación de la decencia humana elemental", señala a El HuffPost el relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, François Crépeau.

España no se puede saltar la legalidad alegremente, advierten preocupados organizaciones de derechos humanos, de ayuda al refugiado y al inmigrante, y juristas, que han remitido una carta conjunta al comisario de derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks. Le solicitan que haga un llamamiento urgente al Gobierno para que paralice la reforma legislativa que ha introducido a través de una enmienda que desde este martes ya aparece como "disposición adicional primera" en la Ley de Seguridad Ciudadana, y que modificaría la Ley de Extranjería. La oposición se ha quejado de las prisas del PP al "imponer" la tramitación acelerada del proyecto de Ley, que se votará en el Congreso el 20 de noviembre.

Muižnieks ha recibido la misiva, como ha confirmado a este diario, y no podría estar más de acuerdo con ellos: "Es desacertado legalizar algo que es ilegal", dice, e insta al Gobierno a que "no continúe adelante, sino que retire esa propuesta y busque un enfoque mucho más humano para el tema de la migración en Ceuta y Melilla". La Comisión Europea envió el mismo mensaje al Ejecutivo la semana pasada.

Como recuerdan tanto las organizaciones de defensa de los derechos humanos como las instituciones europeas, el Ejecutivo tiene la obligación por ley de ofrecer a cualquier persona que entre en el país la posibilidad de pedir asilo. No valen la "singularidad geográfica y fronteriza" de Ceuta y Melilla que alega el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Además, ese trámite debe tener algunas garantías, como la asistencia jurídica, la de un intérprete y la posibilidad de un recurso efectivo contra cualquier decisión de rechazo de entrada. "No se pueden crear limbos jurídicos en los que no se aplique el derecho internacional. Esto es inviable", explica María Serrano, portavoz de Política de Interior de Amnistía Internacional.

Exactamente lo mismo que dice María Jesús Vega, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que reitera que "no puede haber vacíos legales en materia de protección internacional" y recuerda que las ciudades autónomas son la puerta de entrada de refugiados procedentes de Siria, Malí, Somalia, etc. Como conocedora de la situación de primera mano -ACNUR tiene una presencia por ley en el procedimiento de asilo y tiene representantes en Ceuta y Melilla-, denuncia que "los retornos ya no son por la noche, ya son a plena luz del día. Al principio se negaba, ahora ya no se oculta, y además se trata de legalizarlos. No puede ser que las ciudades de Ceuta y Melilla tengan derechos restringidos en comparación con en el resto de las ciudades españolas".

LA LISTA DE TODAS LAS NORMAS QUE VULNERARÍA EL GOBIERNO

El comisario Muižnieks, en un repaso somero a la legislación que vulneran las expulsiones en caliente, menciona "el protocolo [del Convenio europeo de derechos humanos] que prohíbe la expulsión colectiva de inmigrantes. Está también la cuestión de los tratos degradantes, y torturas, que a menudo acompañan las expulsiones. También podría hablarse de violación del derecho a solicitar asilo y del principio de non-refoulement [que prohíbe devolver a un individuo a un territorio en el que su vida o libertad corran peligro]. No es solo la Convención del Consejo de Europa y su protocolo, sino la Legislación sobre el asilo, que es vinculante también para España".

Además, recuerda que la Constitución española debe ser interpretada en línea con los tratados internacionales, y está seguro de que la reforma legislativa, si el Gobierno no ceja en su intento, se podrá parar en los tribunales españoles. Confía en que la Defensora del Pueblo se implicaría, porque ya ha defendido en otras ocasiones los derechos humanos de los migrantes.

Según el informe "Expulsiones en caliente": cuando el Estado actúa al margen de la Ley, firmado por 16 catedráticos y profesores de Derecho de varias universidades españolas, las devoluciones en caliente "vulneran frontalmente el ordenamiento jurídico, sin que resulte posible dotarlas de cobertura legal por resultar contrarias a la normativa comunitaria y al derecho internacional de los derechos humanos". Estas son 12 de las normas legales que cita el documento y la carta conjunta al Consejo de Europa:

[Sigue leyendo después del gráfico.]

Puedes ver este cuadro ampliado aquí.

Muižnieks, que asegura mantener una relación con el Gobierno "buena, muy constructiva y útil", aún no ha podido tratar este tema con las autoridades españolas, pero lo hará pronto. "Este no es el primer informe que hemos recibido. Se están investigando casos de violencia policial. No es algo nuevo. Lo que es nuevo es el intento de legalizar lo que es ilegal", explica.

François Crèpeau todavía no ha tenido ningún contacto con las autoridades españolas, pero tiene previsto solicitar una misión oficial este invierno, durante la que le gustaría incluir una visita a Ceuta y Melilla. Mientras tanto, este experto de la ONU recuerda a Interior que "las devoluciones en caliente están absolutamente prohibidas". "Lo que el Gobierno español pretende hacer y ya está haciendo, no pasaría un recurso de Constitucionalidad ni tampoco sería sostenible ante la Corte Europea de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Como recuerda, una sentencia reciente del Tribunal declaró ilegales expulsiones que habían realizado Grecia e Italia.

El problema es que mientras tanto, como señala, "habrían pasado muchos meses y años en los que el Gobierno español habría expulsado a muchos emigrantes y habría violado derechos humanos básicos. Y se habría dañado también la reputación de España". Un toque desde Naciones Unidas "tiene un precio en términos de legitimidad", según María Serrano, la portavoz de Amnistía Internacional. Además, recuerda que España va a examinarse ante otros países en el examen periódico universal en la ONU, donde tendrá que verse la cara con muchos países, entre ellos Estados subsaharianos.

CÓMO SE JUSTIFICA EL EJECUTIVO Y QUÉ LE RESPONDEN

  • Entre las singularidades de Ceuta y Melilla que alega el Estado español está el concepto "operativo" de fronteras. En Ceuta, la Guardia Civil intercepta a los emigrantes que llegan a nado "en la línea de agua de la playa anexa [a un espigón que hace de frontera] con una barrera de agentes que a efectos prácticos constituye el límite fronterizo”. Esa línea, además, cambia "en cada caso y circunstancia", según un informe de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil dirigido a su Director General. En Melilla, el Estado entiende que quienes están en las vallas intermedias no están en territorio español. Un juez del Juzgado de instrucción número 2 de Melilla que imputó al jefe de la Guardia Civil por esta práctica, le recordó que toda el perímetro de la valla pertenece a España.

    En ambos casos, los juristas tienen claro que "no existe ningún tipo de norma jurídica que otorgue cobertura legal a un concepto de frontera que pueda ser determinado de forma caprichosa ad casu". "El Gobierno no puede decidir dónde empiezan y dónde acaban las fronteras, además de que en una interceptación, cuando las fuerzas de seguridad están tratando de impedir que un migrante entre en España, cuando le interceptan están ejerciendo el poder del Estado, están ejerciendo su soberanía y por tanto están obligados a cumplir con la ley, que es la ley española, la ley de extranjería y la legislación internacional que también obliga a España", incide Serrano.

  • El Gobierno se escuda también en el código Schengen, que establece que hay que controlar las fronteras exteriores de la UE, "pero el código tiene una salvaguarda, y es que nada puede menoscabar las obligaciones de asilo de refugio que tienen en los Estados", añade Serrano.
  • Otra línea de argumentación del Ejecutivo es que podría expulsarse de facto y al margen de cualquier procedimiento a toda persona que encuentre en territorio nacional y que haya entrado clandestinamente, puesto que al no haber entrado por un puesto fronterizo habilitado, no se consideraría que están en territorio nacional. Como le recordó el Tribunal Supremo en una sentencia de 2003, no procede la expulsión sino la incoación de un procedimiento sancionador que, en su caso, culmine con una sanción de expulsión.
  • También se agarra el Estado al Acuerdo España-Marruecos de readmisión, pero este argumento también lo desmontan los 16 juristas. Primero porque el Acuerdo debe cumplir la Ley de Extranjería. Pero además, porque introduce obligaciones añadidas que el Gobierno se saltaría con las devoluciones en caliente, como son la presentación de una petición formal en la que deben constar datos sobre la identidad del emigrante, un trámite que tampoco se cumple si les expulsan inmediatamente tras su llegada.

"Entendiendo que el Estado es soberano para elegir quién entra y quién no, esa soberanía tiene un límite, que es la legislación internacional sobre derechos humanos", insiste Vega, la portavoz de ACNUR, que espera que el Gobierno reconduzca la situación y funcionen los mecanismos democráticos en España. "Si no nos importan los derechos, si nos preocupa la imagen de España, no puede ser que sigamos violando la legislación de esta forma tan descarada porque tendremos otro problema más grande", advierte.

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