La reciente comparecencia del ministro Soria en el Congreso confirma la inexistencia de cualquier visión estratégica por parte del Gobierno, precisamente en el ámbito más importante para el futuro económico de España.

El ministro afirmaba, con rotundidad, que su principal objetivo en relación con la energía es atajar el "déficit tarifario": una denominación que llama a engaño, ya que se trata de la consecuencia de un cúmulo de regulaciones que alejan los costes y los ingresos de las empresas eléctricas de cualquier mecanismo real de mercado. La actual regulación garantiza, por ejemplo, elevados beneficios "caídos del cielo" a las centrales nucleares e hidroeléctricas, ampliamente amortizadas y cuya producción se retribuye como si sus costes fueran los de las centrales de ciclo combinado- ligados al precio, cada vez más alto, del gas-. Por cierto, la Comisión Europea ha señalado este sistema de retribución como uno de los elementos "perversos" que deben modificarse. Sin duda, hay que cambiar en profundidad la regulación del sector eléctrico, para garantizar, entre otras cosas, un verdadero impulso a la innovación tecnológica y para ello el Gobierno debería tener en cuenta las numerosas propuestas elevadas a la Comisión Nacional de la Energía. Porque, por supuesto, hay alternativas mucho más consistentes con un planteamiento estratégico que las medidas hasta ahora adoptadas o las que se anuncian para el inmediato futuro.

Nada dijo el ministro en su comparecencia sobre la excesiva dependencia del exterior -España importa casi el 90% de los combustibles, incluido el uranio-, ni del despilfarro y la contaminación asociados a la producción y el consumo de energía -fruto, entre otras cosas, del grave incumplimiento de la Directivas europeas sobre ahorro y eficiencia energética y del progresivo desmantelamiento del IDAE-, ni de las prácticas oligopolísticas nada compatibles con el obligado proceso de liberalización del sector energético.

De hecho, el ministro ni siquiera mencionó las "recomendaciones" de la Comisión Europea, cada vez mas crítica ante la política energética de España: en contraste con las contínuas referencias del Gobierno a la senda de austeridad exigida por las instituciones europeas, Soria parece totalmente sordo ante las advertencias de las mismas instituciones respecto del necesario impulso a las energías renovables y al cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de CO2. Así, en su comparecencia, Soria se limitó a presumir de los "ahorros" conseguidos en el déficit tarifario, mediante medidas que, entre otras cosas, han comportado ya el hundimiento de la actividad en el sector de las renovables, con la consiguiente destrucción de unos 50.000 puestos de trabajo, han incrementado nuestra factura energética exterior, y han paralizado el esfuerzo de mejora tecnológica que había convertido a muchas empresas españolas en auténticos lideres mundiales.

Y eso que el ministro, hablando de sus objetivos en política industrial, reiteró su empeño genérico de avanzar hacia un mayor peso de la industria en el PIB... pero sin que, al parecer, le preocupen lo más mínimo los efectos devastadores de sus medidas sobre el tejido industrial asociado al sector de las energías renovables, uno de los pocos segmentos de nuestra industria donde había aumentado la producción en los últimos años.

En síntesis, Soria elude cualquier consideración sobre la importancia de la política energética para contribuir a la reducción de nuestro déficit comercial, para consolidar un tejido industrial nacional de gran contenido tecnológico, para crear empleo de calidad, para reforzar la internacionalización de nuestras empresas... es decir, para propiciar el urgente cambio de modelo productivo de España.

Eso sí, mantiene el "mantra" de la necesidad de un "mix energético equilibrado, donde la energía nuclear tiene que seguir jugando un papel fundamental". Equilibrado... ¿para quién? ¿Considera, quizás, "desequilibrada" la decisión de Alemania, de Suiza, de Bélgica... hasta de Francia... de reducir progresivamente el uso de la energía nuclear? Su empeño por calificar como "ideológica" cualquier posición crítica ante la energía nuclear choca con la realidad de decisiones adoptadas por gobiernos de todos los signos políticos; y por las propias decisiones de las empresas (con Siemens a la cabeza) que se retiran de esta actividad, al reducirse su rentabilidad por las exigencias adicionales de seguridad tras la catástrofe de Fukushima.

Parece que los números ni siquiera le salen a Nuclenor, que ha "renunciado" a solicitar la prórroga de la vida de la central de Garoña, a la vista de la previsible merma de sus actuales beneficios por las muy elevadas inversiones exigidas por el CSN para mantener abierta la planta seis años más. Pero esta "renuncia" oculta un órdago al Gobierno, ya que la empresa sugiere que podría interesarle la prórroga si la anunciada reforma energética le "compensa" esos costes adicionales. Traducido para que se entienda: si la reforma, todavía inédita, reduce los impuestos sobre las centrales nucleares, inicialmente previstos, o si garantiza una mayor prolongación de la vida útil de todas las centrales nucleares (¿60 años sería suficiente?), o, mejor aún, una combinación de ambas cosas.

Cada día que pasa sin que el Gobierno dote de certidumbre regulatoria al sector energético, adoptando una reforma integral, acorde con una verdadera estrategia de medio y largo plazo- orientada a aprovechar, cada vez más, las únicas fuentes energéticas limpias, autóctonas y con un coste decreciente-, se acentúa la recesión en nuestro país: se pierden puestos de trabajo, se degrada la calificación de empresas españolas- no solo las del sector energético, también de los bancos financiadores-, se retira inversión extranjera... y aumenta, injustificadamente, el precio de la electricidad a familias y a empresas.

El daño, en parte irreversible, que está causando la incapacidad del Gobierno en este ámbito, afecta a una de las pocas posibilidades de recuperación económica de España tras el estallido de la "burbuja inmobiliaria" y el consiguiente colapso del sistema financiero; afecta, por tanto, a ese "interés general" que el ministro invocaba en el Congreso para rechazar la reclamación a favor de las energías renovables por parte del alcalde de Alburquerque- en huelga de hambre desde hace noventa días-, cuyas pretensiones, señor Soria, usted calificó torticeramente como un "interés particular".

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