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Empoderamiento ciudadano en la sociedad digital

20/04/2016 07:19 CEST | Actualizado 20/04/2016 11:26 CEST
REUTERS

Hace unas semanas, mi hijo nos reveló su sexo sentido. Hemos tenido suerte de que sobreviviera dieciocho años a la cárcel de un cuerpo femenino que no sentía como suyo, que haya podido iniciar la superación de un pasado de dolor que escasamente compartió con nosotros. Estuvimos durante años ciegos a las señales sobre su diversidad que nos enviaba. Hoy tenemos la suerte que una nueva persona haya, por fin, entrado en nuestra vida. La integración en nuestra vida de esta realidad ha incrementado mi sensibilidad hacia toda cuestión relacionada con las personas transexuales.

Pocos días después de la revelación de mi hijo, el 17 de marzo de 2016, la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación. Entre otros aspectos, la ley ampara a mi hijo y al resto de las personas transexuales que residen en la Comunidad de Madrid a ejercer el derecho básico de hacer uso de su nombre sentido, recibir una atención sanitaria de acuerdo con sus necesidades sin necesidad de pruebas psicológicas o psiquiátricas y no sufrir discriminación en ningún ámbito de su vida social. La nueva ley también habilitará para que los menores transexuales puedan vivir plenamente y de forma más saludable su infancia y adolescencia.

Sin embargo, el día 17 de abril, un mes después de ser aprobada la Ley de Identidad y Expresión de Género, mi hijo seguía sin poder ejercer sus derechos, y la visibilidad de los menores transexuales ante sus compañeros permanecía dentro del ámbito de decisión discrecional de la dirección de los centros educativos. Un acto que podría ser cuasi inmediato en la era digital, la publicación de la ley en el Boletín Oficial (electrónico) de la Comunidad de Madrid para su entrada en vigor, aún no se había producido. Afortunadamente, a pesar de no estar la ley aún vigente, algunas de las unidades administrativas obligadas por la nueva ley, como la Universidad Complutense de Madrid, habían comenzado a implementar su articulado.

Hay que empoderar a los ciudadanos para saber interpretar la realidad de un mundo cada vez más digitalizado, y poder determinar el significado de los reflejos del espejo tecnológico.

De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la publicación en su boletín oficial de una ley aprobada por su Asamblea tiene como único requisito la orden de la presidenta de la Comunidad (artículo 40.1). Haciendo uso de medios electrónicos, no existe razón técnica aparente para que el plazo de publicación de una ley se dilate un mes en los recovecos de la vida administrativa. De hecho, hay leyes y reales decretos que se publican al día siguiente de su aprobación.

La Ley de Identidad y Expresión de Genero no ha recibido ni tan si quiera la misma celeridad en su publicación que, por ejemplo, el paquete legislativo aprobado por la Asamblea el 10 de diciembre de 2015 que fue publicado íntegramente en el boletín oficial apenas transcurridos quince días. Ni tan si quiera la publicación de la Ley de Identidad y Expresión de Género se produjo el mismo día que la Ley por la que se deroga la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, aprobada por la Asamblea de Madrid en la misma sesión del 17 de marzo de 2016.

Las tecnologías de la información no tienen ideología, como no lo tiene la máquina de escribir ni ningún otro instrumento utilizado en el ámbito de las políticas públicas. Con todo, el espejo digital resulta eficaz como reflejo de las prioridades políticas de los responsables de impulsar la vida administrativa, que cada cual debería saber y poder juzgar de acuerdo a sus intereses e ideas.

El plazo que se toma el poder ejecutivo para la publicación y entrada en vigor de una ley aprobada por poder legislativo es tan sólo una imagen más que proyecta el espejo. Por ejemplo, la sección española de Transparencia Internacional realiza análisis sistemáticos de los portales web de las Administraciones que reflejan cuál es la prioridad efectiva de la transparencia para los gobiernos de los distintos ámbitos territoriales.

En su informe sobre España, elaborado dentro del marco del Semestre Europeo 2016, la Comisión Europea indica que "el nivel relativamente bajo de competencias digitales obstaculiza el desarrollo de la economía digital en España". Una razón más para promover la alfabetización y capacitación digital de la sociedad es empoderar a los ciudadanos para saber interpretar la realidad de un mundo cada vez más digitalizado y poder determinar el significado de los reflejos del espejo tecnológico.