Montserrat Domínguez

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Gallardón y la contrarreforma del aborto

Publicado: 07/05/2013 08:02

Dada la querencia de este Gobierno por utilizar eufemismos -'movilidad exterior' por exilio, 'línea de crédito' por rescate bancario, 'reformas estructurales' por recortes, 'crecimiento negativo' por recesión- conviene hablar sin tapujos de la reforma de la ley del aborto que planea Gallardón. Sin tapujos, y casi sin datos concretos, porque más allá de las propias declaraciones del ministro de Justicia ("El trabajo está concluido, sólo queda la articulación jurídica", ha dicho) no hay información sobre el texto, quiénes son los expertos que están redactándola, con quién se ha reunido el Ministerio, o qué opinión ha cursado otros ministerios afectados, como el de Sanidad. En base a las propias declaraciones de Gallardón en los últimos meses, esto es lo que sabemos de momento:

• No se trata de reformar la ley de 2010, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo durante las 14 primeras semanas, y se amplía a 22 en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto (a partir de ese momento, sólo se contempla el aborto en casos de anomalías en el feto incompatibles con la vida, o enfermedades graves o incurables, lo que debe ser determinado por un comité clínico). Se trata directamente de derogarla.

• Tampoco se trata de volver a la ley de 1985, la que durante ocho años de Gobierno de Aznar se mantuvo sin cambios. Según este texto, el aborto quedaba despenalizado en los supuestos de grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, en caso de violación, o por malformaciones y taras físicas o psíquicas en el feto.

• La "contrarreforma" de Gallardón pasa por eliminar el supuesto de discapacidad o malformación del feto. Y el ministro, que abiertamente asegura que este supuesto le parece "éticamente inconcebible", busca en Naciones Unidas la justificación a su posición ideológica. Se refiere al Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recomendó a España suprimir la distinción de plazos en este supuesto. Lo que en ningún momento solicitaba es que se elimine la causa; de hecho, otros seis comités (el de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el de Derechos del Niño, el de Derechos Humanos, el de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, entre otros) defienden la interrupción del embarazo como uno de los derechos sexuales y reproductivos.

Más aún; el Comité de Derechos Humanos condenó a Perú por infligir tratos crueles, inhumanos y degradantes al negarse a practicar un aborto a una adolescente embarazada de un feto sin cráneo ni cerebro: la chica tuvo incluso que amamantarle los pocos días que vivió. Esta sentencia sienta un precedente fundamental para los países miembros de Naciones Unidas, como recordaba en su post la abogada Teresa Fernández Paredes. Esta es la razón por las que la jerarquía católica choca frontalmente con Naciones Unidas, y por la que algunos de sus miembros más verborréicos, como el obispo de Alcalá de Henares, José Antonio Reig Pla, hablan incluso de una "conjura internacional" para reducir drásticamente la población (sic).

• Sobre el supuesto de violación: en los últimos años, la irrupción de la llamada píldora del día después hizo que prácticamente desaparecieran las interrupciones del embarazo bajo ese supuesto. Ahora, el Ministerio de Sanidad ha encargado varios informes sobre la libre administración de la píldora -que no es abortiva-, de cuyo fin o contenido tampoco informa: como no son concluyentes ni coincidentes, nombrará un comité asesor para que también 'informe'. Sorprendentemente, Ana Mato ni se pronuncia sobre el aborto porque la reforma "no es de su competencia", ni explica cuál es su obsesión por regular la píldora del día después.

Así pues, la conclusión es que el PP busca echar el freno, dar marcha atrás y situar a las españolas en el furgón de cola de las europeas en cuanto al aborto se refiere, para alejarnos de Francia, Italia, Reino Unido o Alemania, y situarnos en el grupo de Malta, Irlanda o Polonia. La polémica que ha abierto el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, sobre si es conveniente volver a 1985 no es baladí; por lo que hoy sabemos, lo que Gallardón está preparando es una ley más restrictiva aún que la que estuvo vigente durante 25 años. Y esa filosofía no encuentra eco en parte del PP, que considera exagerado y contraproducente eliminar el supuesto de malformación del feto. María Dolores de Cospedal se guardó mucho ayer de hacer valoraciones, personales o de partido: "Opinaremos cuando conozcamos el texto".

Lo que tenemos es, en vez de transparencia, opacidad en la elaboración de la ley; en vez de consenso -al que alude permanentemente Gallardón-, más división social, y lo más terrible: la posibilidad cada vez más próxima de que las mujeres que no deseen seguir adelante con su embarazo tengan que abortar fuera de España, o hacerlo dentro de manera clandestina, algo que ninguna ley va a impedir. Eso sí es violencia estructural, y no de la que habla Gallardón. Y todo, mientras que el Tribunal Constitucional se toma su tiempo para resolver el recurso que presentaron los populares en 2010.

Mariano Rajoy, que no ha cumplido sus promesas electorales en materia económica, sí podrá sacar pecho ante parte de su electorado con la reforma del aborto. El problema para el PP es que, para la Iglesia y para los grupos autodenominados "pro-vida", cualquier ley que regule el aborto es intrínsecamente perversa: ninguna ley, salvo la penalización total, será suficiente.

 

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