Qué supone la orden de arresto de La Haya contra Netanyahu y Gallant por Gaza

Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), pidió en mayo a jueces de este organismo que dictaron órdenes de detención por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra Yahya Sinwar (entonces jefe de Hamás en Gaza, ya muerto por Israel), Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (o Mohammed Deif, comandante del ala militar de Hamás, puede que asesinado) e Ismail Haniyeh (que fuera jefe del buró político de Hamás en el exterior, también muerto por Tel Aviv), por los crímenes cometidos en territorio israelí y palestino al menos desde el 7 de octubre de 2023.

El jurista británico también solicitó órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por los mismos delitos, cometidos en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre de 2023.

La petición era un paso importante en el esfuerzo por hacer justicia a las víctimas de crímenes internacionales en Israel y Palestina. Pero necesitaba de una ratificación por parte de los tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que tenían que ver si había motivos razonables para creer que estos hombres señalados merecen serlo y dictaban, entonces, las órdenes de detención. 

"Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil, nadie puede actuar con impunidad", defendía Khan. Ha tardado meses, pero la decisión está aquí, caliente de este jueves: la orden es necesaria y se apuntala en unos argumentos de formidable contundencia. 

Sin embargo, pese al aval que supone para el Gobierno palestino y para las organizaciones internacionales y locales que llevan más de un año denunciando lo que ocurre en la franja palestina, este respaldo se evapora ante las escasas probabilidades que tienen estas órdenes de ejecutarse. Sin arrestos, no hay juicio. Sin juicio, no hay asunción de responsabilidades, toda vez que la Corte Penal Internacional no juzga a personas en rebeldía.

Per ¿por qué es improbable que se detenga a los acusados? Hay varias razones. La primera y más obvia es que ninguno de los señalados se entregará voluntariamente para ser procesado. Netanyahu, al conocer el paso dado por el fiscal, ya se indignó, calificando la petición de "ultraje moral de proporciones históricas" y acusándolo, como es costumbre ante cualquier crítica al políticos israelíes (que no al Estado de Israel ni al pueblo judío que lo puebla en parte) de "antisemitismo". 

Hamás, en este punto, se parece al mandatario rival, porque alegó que se equipara "a la víctima con el verdugo" y se negó a reconocer el poder de la Corte.

En segundo lugar, es probable que ninguno de los acusados se ponga en situación de ser detenido y entregado a la CPI porque Israel no firmó el Estatuto de Roma que estableció la CPI. Su principal aliado, Estados Unidos, tampoco lo hizo. Esto garantizaría que Netanyahu y Gallant pudieran viajar a EEUU sin temor a ser detenidos. Es verdad que ahora se le cerrarían las puertas de países que sí son firmantes y que, en la teoría, se verían obligados a detenerlos si pisan su territorio, en virtud de los compromisos adquiridos por el citado Estatuto. 

En el caso de los dirigentes de Hamás, Sinwar y Haniyeh ya no existen, han sido muertos por Israel, y Deif también, pero este extremo sólo lo confirma Tel Aviv, no el partido milicia. Sin embargo, de seguir vivo, sigue escondido en Gaza y su mayor peligro no sería una detención, sino una bomba o un disparo enemigos. Palestina, aún así, es un Estado miembro de la CPI, estatus al que ha podido acceder gracias a su reconocimiento como Estado observador, no miembro, en Naciones Unidas. Técnicamente está obligada a cooperar con el tribunal, igualmente, en las medidas de sus posibilidades, teniendo en cuenta que en Gaza mandaba Hamás desde 2007, tras ganar las elecciones. 

Hay una tercera razón que aleja los arrestos ordenados este jueves: la CPI depende de sus Estados miembros para hacer cumplir sus acciones. No tiene una fuerza policial independiente ni capacidad para ejecutar órdenes de detención. Sin la cooperación de estos países, nada sale adelante. 

La CPI cuenta con 124 estados, mientras que las Naciones Unidas tienen 193 estados miembros. Esta disparidad deja clara la brecha entre lo que la CPI pretende conseguir –a saber, la rendición de cuentas universal por crímenes internacionales– y lo que puede lograr en la práctica cuando carece del apoyo de países implicados o no alineados.

Ya se ha presentado este debate en el caso de Vladimir Putin, el presidente ruso, acusado en 2023 de crímenes contra la humanidad, sobre todo, por delitos de "deportación ilegal de población" y "traslado ilegal de población" en Ucrania. Los movimientos internacionales del mandatario han estado muy limitados desde que inició la invasión del país vecino, en febrero de 2022, y se ha dedicado a ir a países amigos donde sabía que no lo iban a engrilletar, porque no son firmantes del Estatuto de Roma. El pasado agosto sí fue a Mongolia, que sí teóricamente debía haberlo detenido, pero no hubo nada.

La solicitud de órdenes de detención complicará sin duda las relaciones entre Israel y sus aliados miembros de la CPI. Por eso lo conocido hoy es más valioso porque, aunque en la práctica tendrá efectos limitados, muestra el compromiso de la comunidad internacional con el objetivo de acabar con la impunidad de los crímenes internacionales.