Aldama no entrará en prisión por su "aportación al descubrimiento de los delitos" pese a su condena de cuatro años

El Tribunal Supremo ha impuesto al empresario Víctor de Aldama una condena de cuatro años y medio de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, pero no entrará en la cárcel por su "aportación al descubrimiento de los delitos". Así consta en la sentencia del denominado 'caso Mascarillas' en la que también se recogen las penas de 24 años y tres meses para el exministro José Luis Ábalos y 19 años para su exasesor, Koldo García. 

La condena del Supremo es inferior a la que habían pedido las acusaciones populares, que era de cinco años, y también de los siete que pedía la Fiscalía Anticorrupción. Pero el Alto Tribunal considera que su colaboración ha sido especialmente decisiva para avanzar en la investigación y que no ha buscado en ningún momento exculparse. En este aspecto, cabe recordar que Aldama optó por colaborar con la Justicia tras pasar un mes en prisión preventiva como investigado en un fraude de hidrocarburos y sostuvo que el exministro de Transportes y su asesor cobraron mordidas pagadas por él. 

Ahora, a cambio de no entrar en prisión tras su colaboración, Aldama no podrá volver a delinquir, deberá presentar un informe semestral de actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. 

"La colaboración con la Justicia sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que los que vengan detrás colabores", ha dicho Aldama a los medios de comunicación tras conocer la sentencia. 

La figura de la suspensión de la condena, según el Código Civil, consiste en dejar la ejecución de la pena paralizada durante un plazo de entre dos y cinco años. Transcurrido ese tiempo, y siempre y cuando no se cometan nuevos delitos en ese periodo y se cumplan con una serie de condiciones, se tendrá por cumplida la pena.

La finalidad de la suspensión consiste en evitar el cumplimiento de penas cortas de prisión, cuando puede evitarse la comisión de nuevos delitos mediante otras alternativas.

En concreto, a Aldama se le ha condenado a cuatro años de prisión por cometer un delito de organización criminal (un año de cárcel), delito continuado de cohecho del art. 424 del Código Penal (un año y seis meses), delito de cohecho del art. 424 (un año y seis meses) y dos delitos de cohecho del art. 424 CP (seis meses). 

Sin embargo, el tribunal "aprecia la atenuante analógica de colaboración, como muy cualificada, y acuerda la rebaja de la pena en dos grados, respecto del delito de organización criminal y el delito continuado de cohecho, así como la rebaja en un grado respecto del resto de delitos objeto de condena". La cuantía de las penas individuales impuestas por cada delito, al no superar ninguna los dos años de prisión tras la reducción, abre la vía a la suspensión extraordinaria que recoge el artículo 80 del Código Civil. 

"Se declara probado que Víctor de Aldama ha realizado conductas de corrupción a autoridades y funcionarios públicos lesionando, de esta manera, bienes jurídicos colectivos de máxima relevancia constitucional. Su no ingreso en prisión por aplicación de fórmulas de atenuación con el fundamento legal expuesto, no disculpa, sin embargo, que, como razón de merecimiento de la suspensión de las penas privativas de libertad, desarrolle prestaciones al servicio de fines públicos que, de manera simbólica, reparen el mal causado a la sociedad española", añade la sentencia. 

Enfado en el PSOE

Esta decisión, sin embargo, no ha dejado satisfecho a todos. Minutos después de hacerse pública la condena, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha tuiteado: "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora". 

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se ha preguntado por su parte si merece la pena "ser corruptor" en España a la vista de la sentencia para Aldama. "Sinceramente, cuesta entenderlo", ha añadido.