"No se pueden quedar en situación de desprotección": qué será de los menores no acompañados que llegaron a Ceuta 

Hace una semana, miles de migrantes cruzaron desde Marruecos hasta Ceuta. En total, según cifras del Ministerio del Interior, se estima que al menos 72.000 personas —de las cuales 70.000 ya han regresado a su país— consiguieron pasar la frontera, la gran mayoría de ellos hombres, aunque no los únicos. Junto a ellos, en menor número, también había mujeres y menores de edad.

Dejando en un segundo plano las razones y motivaciones que les llevaron a tomar dicha decisión, el foco se encuentra ahora en qué les ocurrirá a todas las personas que consiguieron entrar aquella jornada en nuestro territorio, y especialmente qué derechos y garantías deben respetarse. 

En el caso de los niños, la situación es aún más delicada. Al encontrarse solos y sin un adulto responsable de su cuidado, quedan bajo la protección de una legislación más estricta que obliga a las administraciones y a velar por su bienestar (a pesar de que algunas comunidades lideradas por el Partido Popular en conjunto con Vox se manifiesten en contra). 

Este mismo jueves, Save the Children ha alertado del "riesgo" que viven las niñas migrantes en Ceuta frente a "agresiones sexuales, trata y explotación", mientras que la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) han emitido un comunicado advirtiendo que los menores llegados a Ceuta no pueden ser un "daño colateral" y que deben ser una "prioridad absoluta". 

Para conocer cuáles son esas garantías y qué debería ocurrir con los menores que han llegado a Ceuta, 'El HuffPost' ha hablado con Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de Plataforma de Infancia, y con Paloma Torres, abogada especialista en derechos humanos y activista legal de la Asociación Coordinadora de Barrios.

Qué ocurre con un menor desde el momento en que entra en Ceuta hasta que es puesto bajo protección

Según explica a 'El HuffPost' Paloma Torres, cuando estos menores entran en territorio español, se les aplica el protocolo MENA. Existe un registro y el menor es puesto a disposición del Servicio de Protección de Menores de la comunidad autónoma correspondiente. A partir de ese momento, los niños y niñas se encuentran en una situación de guarda provisional hasta que se determina, atendiendo a su interés superior, si deben permanecer en España o si puede iniciarse un proceso de repatriación.

Las obligaciones legales de las administraciones públicas pasan, en primer lugar, por prestarles atención inmediata. "No se pueden quedar en situación de desprotección", señala Torres. "Se debe hacer una evaluación y determinación del interés superior de cada niño y niña de forma individualizada. Y esto es lo que dijo el Tribunal Supremo en 2022", agrega. 

Este procedimiento es diferente al de devolución o expulsión de una persona adulta. En el caso de los menores, una posible repatriación debe desarrollarse siguiendo un procedimiento determinado y teniendo en cuenta los derechos de los menores. Para ello, según explica Torres, debe existir "una comunicación entre el país de origen, la familia de origen y los servicios de protección de menores en España".

También es crucial escuchar los intereses del menor, es decir, lo que él quiere (y lo que no quiere). Si después de esta evaluación se considera que el regreso al país de origen podría resultar perjudicial para sus derechos, el menor permanecería bajo tutela en España. Esto se "haría en alguna en la comunidad autónoma que corresponda en España, que no necesariamente tiene que ser la comunidad autónoma de llegada, porque ya conocemos que hay diferentes mecanismos interterritoriales de coordinación, en los cuales, a veces, los niños llegan a un lugar, pero luego son tutelados por otra comunidad autónoma", explica. 

Para Almudena Escorial, de Plataforma de Infancia, esta atención inmediata es especialmente importante en este contexto actual. Según cuenta, las organizaciones de infancia y derechos humanos están preocupadas por la posibilidad de que haya menores que todavía no hayan sido identificados. "Lo que nos preocupa mucho es que ahora mismo puede haber niños y niñas que no estén recibiendo una atención inmediata para cubrir las necesidades de alimentación o de salud", explica. Y es que, tal y como relata, puede haber menores que hayan llegado con heridas o diferentes problemas de salud y que se encuentren en la calle.

Los derechos y garantías que tienen los menores extranjeros no acompañados

Los menores de edad extranjeros no acompañados se encuentran blindados por los derechos de la legislación española, así como por la propia Convención sobre los Derechos del Niño. El hecho de ser extranjeros no elimina sus derechos ni permite establecer una protección diferente por razón de nacionalidad. Si el retorno no es posible o no responde al interés superior del menor, la protección debe continuar en España. No se trata únicamente de proporcionarle un lugar donde dormir, sino de garantizar una serie de derechos mientras permanece bajo tutela.

Escorial explica que, en estos casos, deben buscarse "soluciones duraderas" que permitan al menor integrarse y desarrollar su vida con garantías. Entre ellas se encuentra el derecho a la educación, que debe garantizarse en las mismas condiciones que para cualquier otro niño. "Nuestro ordenamiento lo que dice es que no se debe dar ninguna diferencia, ninguna discriminación con respecto a estos niños, los niños y niñas. Es decir, tratarlos igual que a los niños y niñas que han nacido aquí".

La protección tampoco termina en la atención básica, y entre los menores que llegan puede haber niños y niñas que necesiten protección internacional. En este sentido, Escorial advierte de que algunas de las personas llegadas proceden de otros países y "pueden querer solicitar asilo", por lo que su situación debe analizarse también de manera individualizada. Además, ambas han recordado que expulsar a niñas y niños de manera automática en contra de su voluntad es contrario al ordenamiento jurídico español.

¿Quién tiene que hacerse cargo? ¿Pueden negarse las comunidades autónomas?

En España, las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en materia de protección de menores. Por tanto, son sus servicios de protección los encargados de garantizar la atención y protección de estos niños y niñas. "Lo principal es que se entienda que estos son niños y niñas y que, como cualquier niño y niña, sobre todo necesita ser protegido y tratado como tal", señala Almudena Escorial. 

Torres, por su parte, recuerda que existen mecanismos de coordinación entre las diferentes comunidades autónomas e insiste en que "no existe un mecanismo por el que se niegue a acogerlos. Es una competencia y lo que tendremos que ver es qué consecuencias legales puede tener que uno se desentienda completamente de sus obligaciones. Llevamos repitiendo el mismo discurso desde finales de los años 90". 

"Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora, con el auge de la extrema derecha, pues se han intensificado y se está vulnerabilizando y culpabilizando al final a niños y niñas que, por diferentes circunstancias políticas, sociales o personales, están muchísimo más expuestos a cualquier tipo de violencia", agrega la activista. 

Según explica Almudena Escorial, se han habilitado recursos de emergencia, incluso colegios, pero considera necesario diferenciar entre una primera acogida y una solución real y duradera. "Una cosa es habilitar mecanismos de emergencia para una primera acogida y otra cosa es que necesitan poder tener un estar de manera más en un centro adecuado, en un alojamiento adecuado, en un recurso residencial o familiar o un familiar adecuado", señala, antes de recordar que "los que van a pagar las consecuencias son los niños y niñas que se van a ver en una situación completamente no adecuada y que vulneraría la mayoría de sus derechos." 

Cómo se determina si una persona es menor de edad

Otra de las cuestiones fundamentales es determinar quién es menor de edad. Según explican ambas entrevistadas, aquellos niños y niñas que llegan con documentación que acredita su edad no deberían, en principio, ser sometidos a un procedimiento de determinación de edad. La situación cambia cuando llegan sin documentación y existen dudas sobre su edad. En estos casos, primero se registra al menor en la Policía y posteriormente se pone a disposición de la Fiscalía correspondiente. 

Paloma Torres explica que debería realizarse una entrevista y que la valoración tendría que hacerse con la participación de diferentes expertos. Sin embargo, asegura que la práctica habitual consiste en enviar directamente al menor al médico forense para realizar una serie de pruebas; entre ellas se encuentran las conocidas como pruebas de las muñecas y de las mandíbulas, realizadas mediante radiografías que "tienen un altísimo margen de error". De hecho, según explica, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya ha cuestionado los mecanismos españoles de determinación de la edad y ha señalado que se encuentran obsoletos.

Una vez recibido el informe del médico forense, Fiscalía elabora un decreto en el que determina si la persona es menor o mayor de edad. Mientras se lleva a cabo este procedimiento, existe un principio que, según la entrevistada, resulta fundamental: la presunción de minoría de edad. "La comunidad autónoma que no prevea la presunción de minoría de edad estaría incumpliendo sus obligaciones a nivel internacional y nacional también", insiste. Es decir, una duda sobre la edad no debería convertirse en una razón para dejar a una persona potencialmente menor fuera del sistema de protección mientras se resuelve el procedimiento.

Ceuta, ante un sistema de protección desbordado

Por ahora, la Ciudad Autónoma de Ceuta ya tiene censados a 1.017 menores extranjeros no acompañados, lo que ha obligado a crear nuevos espacios y habilitarlos para su acogida. Casi tres cuartas partes de ellos, unos 750, ya habían accedido a Ceuta con anterioridad a las jornadas del 30 y 31 de julio. 

Y, aunque Ceuta cuenta con experiencia en la atención a menores extranjeros no acompañados, la magnitud de la situación actual ha llevado al sistema de protección a una situación de saturación. Desde Plataforma de Infancia reclaman que el resto de comunidades autónomas colaboren para evitar que la falta de plazas termine afectando directamente a los derechos de los menores.

Además, Almudena Escorial advierte de que algunos niños y niñas podrían continuar en situación de calle y de que esa situación pueda prolongarse. "Nos preocupan mucho los niños que se puedan quedar en situación de calle, que en esa situación de calle se pueda alargar y cronificar", lamenta antes de pedir finalmente "a todas las administraciones que pongan el interés superior de estos niños por encima del debate político".  "Esto no es una crisis migratoria, es una crisis política y de las relaciones internacionales", subraya Torres.