El reparto de menores y la encrucijada del PP: de negarse, a "cumplir la ley" o las ausencias en las conferencias sectoriales

En un escenario diferente, pero un verano más, el reparto de menores migrantes vuelve a situarse en el centro del debate público y político. Tras la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta el pasado 31 de julio y después de que la inmensa mayoría haya regresado ya a Marruecos, la atención se centra ahora en los menores que permanecen en la ciudad autónoma y en cómo distribuirlos entre distintos puntos del territorio nacional para aliviar la presión migratoria. Es precisamente en este punto donde entra en juego el Partido Popular, para el que el reparto de menores ha sido históricamente un asunto espinoso y uno de los puntos más débiles de su discurso.

El dilema del PP se plantea en varios frentes. Por un lado, la presión del discurso mucho más duro de Vox, que defiende la realización de "deportaciones masivas". Por otro, la dificultad de los populares para marcar distancias con la formación de extrema derecha sin asumir un posible coste electoral. A ello se suman las diferencias de criterio entre las comunidades autónomas gobernadas por el partido a la hora de afrontar el reparto de menores migrantes. Esta combinación de factores convierte cada verano en un periodo especialmente delicado para el principal partido de la oposición, que ve cómo el debate migratorio, junto con los incendios forestales que se repiten de forma cada vez más virulenta, vuelve a ocupar un lugar central que sin duda le pasa factura.

Aunque dados los acontecimientos de Ceuta la situación es mucho más flagrante, lo cierto es que el quebradero de cabeza del Partido Popular lleva tiempo presente. Desde 'la crisis de los cayucos' del verano de 2006 que hizo que llegaran más de 31.000 personas a Canarias desde África. Fue entonces cuando se produjo el primer reparto de menores que evidenció las costuras de las diferentes tensiones políticas heredadas de aquello. La nula coordinación entre las comunidades autónomas resultó en que la acogida fue absolutamente voluntaria y el archipiélago quedó desde entonces con un exceso migratorio en comparación con el resto del país. Para que se hagan una idea, es lo más equiparable a lo que se está dando ahora mismo en Ceuta que tiene la historia reciente de la migración hacia España. 

La situación volvió a recrudecerse a partir de 2019, cuando la Ruta Atlántica convirtió de nuevo a Canarias en una de las principales puertas de entrada de la migración hacia España. En ese contexto, el Gobierno canario, con un recién elegido Fernando Clavijo como presidente, impulsó en julio de 2023 el denominado Pacto Canario por la Migración con el objetivo de lograr un compromiso político que permitiera repartir la acogida de menores entre todas las comunidades. Aunque el acuerdo contó con un amplio respaldo institucional —con la excepción de Vox—, apenas tuvo efectos prácticos y los traslados siguieron siendo muy limitados. Desde entonces, los rechazos del Partido Popular se han ido sucediendo con amagos de puntos en común, rechazos de última hora y plantones en las diferentes mesas de negociación.

El 'no' a la reforma de la ley de Extranjería

En julio de 2024 los populares votaron en contra en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que dictaba establecer un reparto obligatorio de los menores migrantes entre todos los territorios cuando alguno de ellos tuviera una situación claramente de desborde. Tanto los archipiélagos como Ceuta y Melilla eran los principales interesados en la reforma de este artículo dada la enorme afluencia migratoria que reciben sus costas y fronteras cada año. 

Otro acuerdo canario que cayó y plantón 

En febrero de 2025 el Partido Popular volvió a rechazar un pacto acordado entre Moncloa y el Ejecutivo canario debido a que el documento firmado "favorecía" tanto a País Vasco como a Cataluña en la toma de responsabilidades con el reparto. "Yo quiero desmentir algo: no están fuera ni Cataluña ni el País Vasco. No se va a quedar fuera ninguna parte del territorio. Otra cosa es lo que hemos dicho: el esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo", aseguró Clavijo entonces sobre el nuevo rechazo de los populares. 

En el mes de julio del mismo año las comunidades gobernadas por el PP dejaron plantado por primera vez al Gobierno en la Conferencia Sectorial sobre la reubicación de unos 3.000 menores migrantes no acompañados ya que consideraban que el Ejecutivo pretendía imponer un reparto "forzoso" e "ilegal" que vulneraba el principio de igualdad territorial. Finalmente, en octubre el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, rompió definitivamente con las negociaciones entre el Ejecutivo nacional y canario; además, solicitó ayuda a la Unión Europea. 

La famosa 'línea roja' de los populares 

Aunque el Partido Popular votó en contra de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, la modificación terminó saliendo adelante gracias al cambio de posición de Junts. A partir de ese momento, los populares encontraron un nuevo argumento para justificar su rechazo al reparto de menores migrantes. El partido sostuvo que no aceptaría nuevas derivaciones una vez expirara el plazo de un año previsto en la disposición transitoria de la reforma. En otras palabras, a partir del 19 de marzo de 2026. 

Sin embargo, ese límite temporal llegó sin que los compromisos de reubicación se hubieran cumplido por completo y con cientos de menores todavía pendientes de ser trasladados. Pese a ello, las comunidades autónomas gobernadas por el PP reiteraron su oposición al sistema y comunicaron al Gobierno su "disconformidad" y su negativa a recibir menores a partir del 19 de marzo.

La paradoja de Ceuta

Precisamente Ceuta representa una de las mayores contradicciones del debate migratorio para el Partido Popular. Mientras sus comunidades autónomas han mantenido una posición de rechazo ante los mecanismos de reparto impulsados por el Gobierno central, la ciudad autónoma se encuentra en el lado opuesto del problema: es uno de los territorios que más presión soporta y uno de los principales interesados en que exista un sistema estable de distribución de menores migrantes.

La tensión volvió a evidenciarse el 8 de abril de 2026, cuando las comunidades gobernadas por el PP decidieron no acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio de Juventud. Con una única excepción, precisamente la de Ceuta, los consejeros populares dejaron vacías sus sillas en una reunión en la que el Gobierno pretendía avanzar en la continuidad de los traslados y consolidar un modelo permanente de acogida. La ausencia colectiva puso de manifiesto una fractura difícil de encajar: mientras el partido cerraba filas contra el mecanismo de reparto, uno de sus propios territorios quedaba directamente afectado por la falta de una solución compartida.

El último episodio antes de la actual crisis llegó el 23 de julio de 2026, una semana antes de la llegada masiva de Ceuta, cuando los gobiernos autonómicos del PP volvieron a ausentarse de una cita clave, en esta ocasión la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración convocada por el Ministerio de Inclusión. Aunque el encuentro abordaba, entre otros asuntos, los saldos de regularización de extranjeros, las comunidades populares justificaron su ausencia por su rechazo a un sistema que consideraban "impuesto" y basado en cuotas territoriales sin un acuerdo previo.

¿Y ahora, qué?

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que la comunidades populares "siempre van a cumplir la ley": "El Gobierno, en el reparto anterior, excluyó por razones políticas a Cataluña y a País Vasco. El reparto, en caso de producirse, deberá ser justo, planificado y con el Gobierno asumiendo la responsabilidad de sus propios actos". Sin embargo, las regiones gobernadas con Vox, como Aragón y Castilla y León, ya se han posicionado en sentido contrario a cualquier acuerdo porque, de hecho, la última vez que la extrema derecha salió de los Ejecutivos autonómicos fue precisamente por la acogida de menores. Ceuta, al igual que Canarias, siguen tendidas en el hilo de la incertidumbre mientras el Partido Popular sigue sin esclarecer cuál es su posición respecto al reparto de menores.