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El viacrucis de los inmigrantes sin tarjeta sanitaria

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En marzo, a pocos meses de las elecciones, el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que los inmigrantes en situación irregular podrán volver a acudir a la atención primaria, pero no recuperarán el derecho a la tarjeta sanitaria que les fue arrebatado con la reforma de la exministra Ana Mato. ¿Cuándo se producirá el cambio? ¿Podrán estos pacientes ir al especialista, comprar medicamentos con receta? "Todo esto son asuntos que hay que hablar con las comunidades autónomas, porque al final son ellas las competentes", responden fuentes del Ministerio a El Huffington Post. Mientras se aclaran, los enfermos que no tengan los papeles en regla deberán continuar con su "deambular" en busca de ayuda, su particular "viacrucis" por hospitales, centros de salud y administraciones, y seguirán "en el "limbo" en el que les situó la reforma sanitaria, que añade a sus problemas de salud "un desgaste emocional muy grande", como cuentan algunos de los afectados a este diario.

Para las comunidades autónomas que se opusieron desde el principio a la exclusión sanitaria y no la aplicaron, este anuncio supone solo "poner un parche", como señaló la entonces consejera de Salud andaluza en funciones, María José Sánchez Rubio, el pasado 30 de marzo. Otras, como Castilla-La Mancha, que sí obedeció al Ejecutivo en la aplicación del Real Decreto, presume que asumirá lo que decida el pleno del Consejo Interterritorial, el órgano de Gobierno de la Sanidad, o declinan hacer comentarios hasta que se celebre esa reunión -aún sin fecha-, como Madrid. Ambas rechazan avanzar cuál será su posición.

El presidente de Médicos del Mundo (MdM) en Madrid, Manuel Espinel, denuncia que "si no se garantiza la titularidad de la tarjeta sanitaria, no se garantiza la titularidad del derecho y se sigue asumiendo que hay ciudadanos que tienen un derecho y otros que no". Este médico, que pide directamente la derogación del Real Decreto-Ley 16/2012, señala además que el Gobierno del PP ha desinformado, lo cual ha tenido "efectos perversos". Por ejemplo, igual que ha hecho Ciudadanos, al ligar las cotizaciones a la Seguridad Social con la asistencia sanitaria, que en realidad no se financia por esa vía, sino por impuestos generales. Estos incluyen tributos como el IVA, del que no se libra ningún residente en España, tenga papeles o no.

Otra falacia, señala, es que la exclusión tenga razones económicas, porque atender solo por urgencias es mucho más caro. En el hospital donde trabaja, el Infanta Cristina de Parla, tuvieron el caso de un chico de Liberia que llegó muy mal por una tuberculosis. Había esperado dos semanas a ver si se encontraba mejor, por el efecto disuasorio que ha tenido la norma. Al final llegó en estado crítico y tuvo que estar ingresado dos semanas en Cuidados Intensivos y tres días en planta. "¿Dónde están esos supuestos ahorros?", se pregunta el doctor, que afirma que incluso "desde un punto de vista egoísta, sale más económico" porque "unos buenos programas de prevención y atención primaria bajan los costes".

El médico censura además que "las ambigüedades [que generan la norma] atentan contra la integridad física de las personas". Recuerda otro caso, el de una chica paraguaya que tenía epilepsia y estaba embarazada, pero como no podía costearse la medicación porque no tenía receta, terminó teniendo que ingresar por urgencias con convulsiones e hipertensión. El Real Decreto contempla tres excepciones en la atención sanitaria: a los niños, las embarazadas o las urgencias, pero "¿qué pasa si antes de embarazarte eras epiléptica, quién cubre eso? O si eres hipertensa, te cubren la medicación por la hipertensión, pero te da un infarto, ¿entonces no te tratan el infarto? O eres diabético, y desarrollas otras enfermedades, ¿se tratan o no se tratan? O tienes un tratamiento y cumples 18 años, y ya no tienes derecho a la medicación..."

Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), señala también que "la salud de estas personas afecta a toda la comunidad" y pide al Ministerio que permita que se dé "una asistencia sanitaria integral, sin cortapisas", para poder atenderles, derivarles al especialista si hace falta, pedir pruebas complementarias, exploraciones, analíticas, etc, y recetarles medicamentos. Su organización, que cuenta con 2.400 objetores de conciencia, se ha unido a Médicos del Mundo y la Escuela Andaluza de Salud Pública para lanzar Reder, una red de denuncia y de resistencia al Real Decreto.

EL "VIACRUCIS" DE ANNIE WALTEROS

Annie Walteros, psicóloga de 37 años, llegó a España junto a su esposo, informático, en agosto de 2008. Vinieron con un contrato de trabajo y los papeles perfectamente en regla. En Colombia tuvo que dejar a su padre, que ahora tiene 81 años, aquejado de una enfermedad pulmonar grave. Como no tiene hermanos, le pedía a algún vecino y familiar que le hiciese puntualmente el favor de ocuparse de él, pero vivía con la intranquilidad de imaginarle allí solo. Después de cinco años en España comenzó el proceso de reagrupación. Fue fácil; en cuestión de un mes se la concedieron. Lo difícil fue convencer a su padre de "deshacerse de su país, sus raíces, y todo lo que tenía allí", pero lo consiguió porque "las condiciones en las que vivía allí no eran las mejores".

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Víctor Walteros, el padre de Annie Walteros.

Después llegó lo que describe como un "viacrucis". "Lo he narrado muchas veces, pero cada vez que lo narro se me hace un nudo en la garganta y vuelvo a recordar paso por paso". Era urgente conseguir atención médica, pero sobre todo, era crítico que cuando llegase su padre tuviese una bombona de oxígeno, sin la que no puede vivir. Walteros preguntó a su médico de cabecera, que le remitió al mostrador del centro de salud, que le envió al servicio de atención al paciente del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que le dijo que se acercase a la oficina de la Seguridad Social de Alcobendas. "Allí fue un rotundo no; me dijeron que la ley había cambiado", recuerda, y que llamase a la línea de atención de la Comunidad de Madrid, donde le contestaron que la única vía era hacerse un seguro privado. Pero ni siquiera: "Mi padre tiene 81 años y una enfermedad crónica, o sea, que no es negocio para este sector". Tampoco podía acceder al convenio especial que propone la Comunidad de Madrid, ni aunque tuviese los 157 euros que cuesta al mes, porque su padre no cumpliría el requisito de un año de empadronamiento. Walteros se desesperaba. Faltaban poco días para ir a por su padre, y una administrativa, en un alarde de falta de empatía, le sugirió que la única opción era dejar a su padre en Colombia. "Una situación totalmente traumática para nosotros, implicó un desgaste emocional muy grande", recuerda.

En su búsqueda de alternativas acudió a Cruz Roja y Médicos sin Fronteras, pero ellos no prestan servicios sanitarios. Finalmente dio con Médicos del Mundo, y su historia dio un giro. Para empezar, le consiguieron el oxígeno, un enorme respiro. Les ayudaron a dar de alta a Víctor Walteros en el centro de salud, y una vez en el sistema, consiguieron que le derivasen al especialista en el hospital. Ahora, en persona no le dan cita porque sigue sin tarjeta, pero por teléfono, si da el número de historia clínica, lo consigue. Después de un año, han conseguido el derecho a que le receten un inhalador que hasta entonces tenían que pagar integramente. Annie siente que le dan asistencia "por caridad, pero no por derecho", y que siempre tienen que ir "por detrás, como con miedo, con maniobras". Por eso, también con la ayuda de Médicos del Mundo, ha decido reclamar ante la Justicia a la Comunidad de Madrid la tarjeta para su padre, que está en el país legalmente, como reagrupado.

"El Servicio Madrileño de Salud está ofreciendo asistencia sanitaria a este paciente, y más de la que marca el Real Decreto, que solo prevé la asistencia urgente", responde la Consejería de Salud preguntada por este diario. Y añade que "la entrega de la tarjeta está condicionada a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconozca como asegurado".

EL DEAMBULAR IMPOTENTE DE EULALIA MENGUE

Preguntado sobre la desinformación que según Médicos del Mundo es habitual entre parte del personal administrativo y sanitario de la Comunidad, Madrid asegura que se dio instrucciones y se informó al personal "a través de distintos mecanismos", que rechaza detallar, cuando entró en vigor el Real Decreto. Algún fallo debió tener ese procedimiento, o no se habría dado el caso de Eulalia Mengue, una mujer de 82 años nacida en Guinea Ecuatorial, que vive con su hija Cristina Nconi, llegada al país en 1979, y de nacionalidad española.

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Eulalia con dos de sus hijas detrás, Cristina y Mari Carmen.

Mengue, impedida desde hace cuatro años por problemas de artrosis y reuma, llegó a España en octubre de 2013, pero ya había vivido en el país -y había tenido tarjeta sanitaria- entre 2005 y 2007. Su hija cuenta su ir y venir en busca de atención, y cómo se sintió de impotente. En su ambulatorio le dijeron que no la podían atender, y las trabajadoras sociales le enviaron a la Seguridad Social, donde no solo le dijeron que no podían hacer nada por ayudarle, sino que le advirtieron de que si llevaba a su madre a urgencias, tendría que pagar 100 euros. Las urgencias son gratuitas, sin embargo, y como le explicaron en Médicos del Mundo cuando llegó a ellos por casualidad, en su caso, al haber un historial médico anterior al Real Decreto y haber tenido tarjeta, debería ser atendida.

Con ayuda de la organización, le asignaron médico de cabecera y este la derivó a neurología, que pidió una resonancia magnética. "A la segunda o tercera cita, ya tenía pegas". Con los resultados de la resonancia, el neurólogo deriva a la paciente a traumatología, que tiene la última palabra sobre una eventual operación. "Entonces es cuando nos vemos bloqueados, por qué en admisión dicen que a mi madre no le pueden dar cita. Nadie nos quiso dar ninguna explicación". Ahora, a la espera de que alguien les aclare porque la han excluido de repente, una de las hermanas se hace cargo de los 157 euros del convenio de la Comunidad de Madrid para que la sigan atendiendo y de comprar las medicinas. "Mi madre tiene tarjeta de residencia desde hace cuatro años. Ni con eso. Ha sido una injusticia".

LA "XENOFOBIA" QUE SUFRIÓ PATRICIO CANCINO

Patricio Cancino, de 43 años y procedente de Chile, vive en Palomete (Toledo) desde hace 15 años. Este publicista que ha trabajado siempre en restaurantes y ahora está en paro, asegura que sus padres cumplen todos los requisitos para tener la tarjeta sanitaria. Los dos, Ismael Cancino y Rosa Azocar, tienen 83 años y un rosario de enfermedades. Él ha sufrido varios ictus, tiene cefaleas "y mil cosas más". Ella tiene principio de Alzheimer, párkinson, osteoporosis, tensión alta y azúcar. "Entre los dos gastan una medicación impresionante", unos 400 euros mensuales, cuenta el hijo, que relata cómo encima ha tenido que aguantar que una asistente social, en su periplo por conseguir la tarjeta y la asistencia sanitaria, le pregunte que por qué no se vuelven sus padres a Chile, después de 13 en España y con sus hijos aquí.

Médicos del Mundo, en su informe Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo, señala a Castilla-La Mancha como la única comunidad autónoma que ha aplicado el Real Decreto tal cual, sin ampliar excepciones, ha registrado casos de vulneración de la norma, como embarazadas y menores de edad a quienes se ha rechazado la atención, o pacientes que han recibido aviso de factura por la atención recibida en urgencias. A Cancino le ha pasado. Ha tenido que firmar algún compromiso de pago para que atendiesen a sus padres y una vez directamente le quisieron cobrar en el momento. En sus muchas visitas a urgencias, hospitales y centros de salud, se ha encontrado con "médicos que se han portado divinamente", pero también con otros que le ponían pegas antes de darle paso, por no tener tarjeta, como cuando una enfermera dijo: "España está así por todos estos que vienen sin tarjeta". "De la misma puse una reclamación, porque eso es xenofobia", dice.

La defensora del Pueblo en Castilla-La Mancha afirmó hace un mes que sus padres efectivamente tienen derecho a la tarjeta. La Administración se la devolvió y se justificó con que había habido "un error informático", que ha durado "tres años, lo que lleva la ley". Mientras tanto, el error ha impedido que a su padre le hicieran una resonancia magnética, o que a su madre le revisaran la medicación para la tensión y terminase un día con convulsiones y vómitos. "Era como estar en un limbo, un túnel sin salida", recuerda Cancino, que cree que "la ley pone en peligro la vida de las personas". "Si mi madre o mi padre hubiesen muerto, nadie se habría hecho responsable", cree.

En respuesta a este diario, Castilla-La Mancha asegura que "sí se viene garantizando la asistencia sanitaria a aquellas personas que se encuentran en situación irregular". El Servicio de Salud castellano-manchego explica que "cuando un paciente, ya sea español o persona procedente de otro país, no acredita su condición de asegurado, se activa el procedimiento habitual de requerimiento de documentación por una atención sin tarjeta sanitaria. Una vez acreditada la identidad o la circunstancia especial, dicho procedimiento se anula y no se ejecuta ningún cobro".

Que se lo cuenten a Isabel Altamirano Gutiérrez, nicaragüense de 40 años que lleva ocho y medio en España. En marzo de 2014 llevó a su nieto a urgencias, con vómitos y diarrea. A pesar de ser menor y ser atendido en urgencias, le enviaron a ella una factura de 128 euros, varias veces. "Mi hijo estaba igual. Le llevé a urgencias y esa la pagué: 20 euros mensuales". Después su hija estuvo ingresada en la UCI cinco días: más de 5.000 euros de factura. De momento esto no se lo han intentado cobrar, y ahora ya sabe que tiene derecho a no abonarlo.

"Sin la ayuda de Médicos del Mundo yo habría pagado. Estaba esperando a cancelar lo de mi hijo para ir a arreglar lo otro. Yo no sabía nada". Esa es la desinformación que denuncian los profesionales como Manuel Espinel, de MdM. La que desincentiva que los inmigrantes acudan al médico. La que se traduce en trabas administrativas que complican la atención. La que hace creer a parte de la opinión pública en la falacia cotización-atención o en el falso turismo sanitario que colapsa el sistema, cuando está demostrado, como recuerda Andalucía, que "su frecuentación a los servicios sanitarios es muy baja tanto en primaria, con un 0,6% de las consultas, como en urgencias, con un 2,3%". Por eso, tanto médicos como partidos políticos, excepto PP y Ciudadanos, exigen devolver la atención sanitaria a los inmigrantes, para recuperar la sanidad universal y gratuita.

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