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30/08/2012 19:46 CEST | Actualizado 30/08/2012 19:46 CEST

Ocho comunidades autónomas seguirán atendiendo a inmigrantes 'sin papeles'

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A partir del 1 de septiembre los inmigrantes 'sin papeles' no podrán acceder a determinados servicios de la Sanidad Pública. Pero las condiciones en los hospitales dependerán no solo de la conciencia del médico que atiendan a los inmigrantes, sino también de la Comunidad Autónoma donde vivan. Algunas regiones han manifestado que no aplicarán la ley y otras han buscado las vueltas para aplicarla a su manera.

Los gobiernos gallego y castellano-leonés han anunciado que aplicarán ese decreto del Ministerio de Sanidad, aunque han apuntado que seguirán atendiendo a los inmigrantes irregulares.

GALICIA Y CASTILLA Y LEÓN, REBELDES

El presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que la región continuará asistiendo a esos inmigrantes que acrediten que carecen de recursos y que estén empadronados antes del 1 de septiembre, lo que beneficiará a unas 9.000 personas.

Ha señalado que la Xunta "cumple la legislación nacional" y avanza en los límites que permite la normativa estatal que deja "dar asistencia ordinaria a los inmigrantes sin papeles vecinos de Galicia", por lo que tendrán un documento del Servicio Gallego de Salud, ya que la tarjeta sólo la concede el Ministerio.

El servicio de salud de Castilla y León (Sacyl) atenderá en sus instalaciones a todos los inmigrantes que necesiten asistencia y, aunque intentará cobrar este servicio a quienes carezcan de tarjeta sanitaria, meterá "en el cajón de los impagados" aquellos casos en los que no tengan recursos.

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que cumplirán la normativa fijada por el Ministerio, aunque seguidamente ha señalado que atenderán "a todos los ciudadanos, tengan tarjeta o no, que acudan a la atención primaria".

SIN ACLARAR COMO

Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y Asturias, junto con Cataluña (CiU) y Canarias (CC), mantendrán la atención a los inmigrantes indocumentados, aunque no han aclarado cómo.

El sistema sanitario andaluz seguirá atendiendo a los inmigrantes indocumentados como hasta ahora, según ha afirmado la consejera de Salud, María Jesús Montero.

En el mismo sentido se ha expresado el Gobierno vasco, cuyo consejero de Sanidad, Rafael Benoga, ha señalado que se está analizando la situación legal para prestar esta asistencia, pero ha dejado claro que todos aquellos que lo necesiten serán asistidos en atención primaria y hospitalaria.

Asturias ha garantizado que ningún inmigrante se quedará sin cobertura y prevé un conflicto competencial con el Estado, aunque tampoco ha aclarado cómo hará esa asistencia, ya que poder darles tarjeta sanitaria o no va a depender de las órdenes ministeriales.

La Generalitat de Cataluña mantendrá también la misma atención sanitaria que hasta ahora a las personas que en la región perderán su condición de asegurado a partir del día 1, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación.

El Gobierno de Navarra (UPN) va a habilitar una línea de ayudas para cubrir la asistencia sanitaria de quienes acrediten no poder pagarla, por lo que desembolsarán al servicio de salud 1,68 millones de euros anuales, lo que compensará, según sus cálculos, el pago por atender a los 2.150 inmigrantes irregulares.

Canarias, por su parte, se sumó ayer al País Vasco, Andalucía y Asturias para expresar su desacuerdo con la retirada de medicamentos de la financiación pública y con ese sistema.

El viceconsejero portavoz, Martín Marrero, ha dicho que su Gobierno "será respetuoso con la legalidad" al aplicar la nueva regulación de la asistencia sanitaria, pero que "no dejará de atender a nadie que lo necesite".

COMUNIDADES DEL PP, FIELES AL PP

El resto de CCAA, las gobernadas por el PP, seguirán al pie de la letra el decreto y atenderán a los inmigrantes, pero les cobrará: Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja.

Según datos del INE cruzados con los del Ministerio de Empleo, más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria el sábado por no estar asegurados, si bien no hay un registro oficial del número de personas que están en situación irregular.

Todas las autonomías sí seguirán atendiendo a los inmigrantes sin papeles en los supuestos que contempla el decreto, es decir las urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años.