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La revisión de la amnistía fiscal del pacto PP-C's podría salir cara

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RAJOY RIVERA
AFP
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El portavoz de los Técnicos de Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo, ha asegurado en declaraciones a Europa Press, que la coletilla "dentro de los límites de la norma tributaria", incluida en el pacto entre PP y Ciudadanos, hace del todo imposible intentar la recuperación de lo no recaudado por la amnistía fiscal de 2012.

Además, advierten que ya de por sí la pretensión es "jurídicamente inviable" y supondría una avalancha de recursos que podrían costar al Estado unos 150 millones de euros al año en costas por los procedimientos que pierda en primera instancia, sin contar los recursos.

En el capítulo del pacto 150 compromisos para mejorar España dedicado a fiscalidad se incluye "realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por laregularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10 por ciento previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria".

Esa "coletilla" de que se hará "dentro de los límites de la norma tributaria" es lo que, según Mollinedo, deja claro que no se va a poder hacer una revisión de la amnistía fiscal de manera retroactiva ya que la normativa fiscal no permite obligar a tributar a los contribuyentes por los ejercicios ya prescritos y esa prescripción se produce a los cuatro años.

En esta misma línea se ha expresado el presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, al asegurar en declaraciones a Europa Press, que en el Decreto de Hacienda para la regularización fiscal que dió comienzo en marzo de 2012 y finalizó en noviembre del mismo año, no se dice que los contribuyentes debieran tributar por los bienes y derechos no prescritos.

Sin embargo, Ciudadanos viene sosteniendo que la interpretación que hizo la Dirección General Tribunos en junio de 2012, tres meses después de entrar en vigor, sirvió para que se pagara menos por el dinero aflorado.

JURIDICAMENTE INVIABLE

En opinión de Carlos Cruzado, no se pueden agarrar a que Tributos dijera que el 10 por ciento se aplicaría a lo que no estaba prescrito porque la amnistía fiscal era para aflorar los bienes y derechos sobre los que había una posible deuda, es decir, sobre lo que no estaba prescrito, sobre lo no declarado en los cuatro años anteriores a 2012.

Por este motivo, ambos coinciden en afirmar que esa opción de recuperar lo no recaudado en 2012 es "jurídicamente inviable" y supondría una avalancha de recursos por parte de las 31.529 que se acogieron a esta regularización fiscal.

Según Mollinedo, las costas de recurrir en primera instancia podrían estar entre 4.500 y 5.000 euros por cada contribuyente. En su opinión, los tribunales acabarían condenando al Estado y éste se vería obligado a pagar las costas de cada procedimiento, con lo que, si finalmente decide aplicar la medida a todos los que regularizaron su situación en 2012, podría acabar pagando 150 millones de euros por las costas en primera instancia. Y esto, avisa, sin contar las costas de los recursos posteriores.

Según Mollinedo, las costas de recurrir en primera instancia podrían estar entre 4.500 y 5.000 euros por cada contribuyente.

Sin embargo, insiste en que en esa medida pactada entre el PP y Ciudadanos hay una "coletilla" que imposibilita llevar a cabo lo que, en su opinión, se ha vendido como una recuperación de lo no recaudado por la amnistía fiscal.

DOS CONCEPTOS DISTINTOS

En este sentido, señala que en la memoria económica de las medidas se han juntado dos conceptos: "recuperación amnistía fiscal y mejora de lucha contra el fraude" y la recaudación adicional se ha dividido en cuatro años: 1.000 millones en 2017 y 2.000 millones en cada uno de los cuatro años restantes.

En su opinión, esto se ha hecho así porque "tiene muy mala pinta de que pueda prosperar" la recuperación de fondos de la amnistía fiscal de 2012 y juntando estos dos conceptos 'les cuadran mejor los números'. Además, explica que en el acuerdo también se prevé la mejora de medios humanos y materiales para la lucha contra el fraude y cree que esto, junto con una mejor organización de las competencias, mejoraría la recaudación.

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