ECONOMÍA

España pierde su primer arbitraje internacional por las renovables

La condena del Banco Mundial implica el pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban los demandantes.

05/05/2017 13:40 CEST | Actualizado 05/05/2017 13:40 CEST
EFE

España ha perdido el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables. El laudo, que ha sido notificado ya a las partes, da la razón en sus pretensiones a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg. España tiene decenas de procesos pendientes.

Unos treinta procesos más esperan ser resueltos en fechas próximas. Además de un duro revés, este primer dictamen del Banco Mundial puede sentar un precedente.

Según el laudo, España ha violado el artículo 10 de la Carta de la Energía privando de un trato justo y equitativo a Eiser, fondo ligado a ABN Amro. Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 MW en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz.

La inversión comprometida en estas tres centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Tras ese momento, el sector fue sometido a diversos recortes retributivos, el primero de ellos a finales de 2010, con el PSOE en el poder, y el último, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Gobierno del PP.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital considera que el laudo arbitral del tribunal internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial "no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante" para otros casos.

En una nota de prensa, el Ministerio anuncia además que el Gobierno español estudia recurrir el laudo. Fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal indicaron a Europa Press que el recurso ha de presentarse ante el propio Ciadi.

El fallo ahora conocido es el primero emitido por el Ciadi. En enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, y en aquella ocasión se pronunció a favor del Reino de España.

128 MILONES DE 300 RECLAMADOS Y 1.000 INVERTIDOS

Energía también destaca que el arbitraje solo estima parcialmente las reclamaciones de los demandantes, al tiempo que condena a España al pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban los demandantes.

Según el ministerio, el tribunal no cuestiona "el derecho soberano de España de tomar medidas regulatorias apropiadas para atender las necesidades públicas, lo que potencialmente incluye la modificación del régimen del real decreto 661/2007".

UN RESPALDO PARA LOS PRODUCTORES ESPAÑOLES

Tras conocer el fallo, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) reclama al Gobierno el mismo trato a los productores nacionales que a los internacionales.

El laudo, indica Anpier en una nota de prensa, da la razón a la firma británica frente a los "drásticos recortes retroactivos" impuestos por el Gobierno español en las "sucesivas reformas del marco regulatorio" a la producción de energía renovable. Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen al compás que se les otorgue "la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional" y que, "muy probablemente", recibirá también el resto de los fondos extranjeros con recursos pendientes de resolución en el Ciadi.

"El quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaicas es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales", indicó el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca.

Este resarcimiento ha de producirse "con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y, sobre todo, cuando se trata de familias que actuaron de buena fe, confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor", añade.

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