El Gobierno de Rajoy acaba de anunciar las medidas que le ha impuesto la llamada troika -Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo-, y que sin lugar a dudas conducirán a la economía española a un abismo económico y social. Esta afirmación podría fundamentarse utilizando la teoría económica con objeto de demostrar la ineficacia técnica de las medidas, o también y más rápidamente tras comprobar el resultado empírico que medidas similares están teniendo en países como Grecia y Portugal.

Al margen del lugar en el que estas medidas dejan a la democracia, puesto que son impuestas por órganos no votados por la ciudadanía y representan un programa electoral que tampoco votó nadie, conviene revisar las probabilidades de éxito en lo que se refieren a creación de empleo y generación de crecimiento económico.

El Gobierno español está empobreciendo aún más a los trabajadores. Esta mañana ha reconocido que sube el IVA en dos de sus tramos (el normal, hasta el 21%, y el reducido, hasta el 10%), rebaja las cotizaciones sociales un 1% por año, reduce las prestaciones sociales por desempleo y retira prestaciones a los trabajadores públicos. Todo ello significará una pérdida de poder adquisitivo que agravará las consecuencias de una reforma laboral que, por primera vez, ha reconocido Rajoy que tiene como objetivo moderar los salarios.

El Gobierno y la troika confían en que se cree empleo y se reactive la economía gracias a las reformas estructurales (la reforma financiera y la reforma laboral como los dos pilares fundamentales). La argumentación está basada en las tesis de la teoría económica neoclásica, que asegura que el desempleo es causado por distorsiones en el mercado de trabajo y que la falta de crédito derivada de los activos tóxicos es la que obstruye el crecimiento económico.

La troika entiende que en España hay una importante dualidad en el trabajo, con una parte de la población siendo fija y otra siendo temporal. La solución es, según su visión, homogeneizar las condiciones laborales a partir de la moderación salarial. Es decir, rebajar las condiciones de los de "arriba" para equipararlas a los de "abajo" y acabar así con los incentivos perversos en la contratación. Si los salarios bajan, los empresarios contratarán trabajadores y la actividad económica se recuperará.

Todo ello no tiene ningún sentido económico en la realidad social. Los empresarios aseguran, según el último informe del Consejo Económico y Social, que el problema principal es la falta de demanda y la falta de crédito, y no una cuestión salarial. Y esa falta de demanda es debida a que hay una parte de la población que es muy rica y consume relativamente poco en la economía real (en relación a sus ingresos) y una población crecientemente empobrecida y cuyo consumo se ha desplomado (estaba artificialmente alto por el endeudamiento). Es la crisis y la desigualdad la que han llevado a que el paro se dispare, no los bajos salarios. Y estas medidas solo consiguen profundizar en las deficiencias de la economía.

Por otra parte, la reforma del sistema financiero es sólo para tapar agujeros creados por la borrachera de crédito que tuvieron las entidades y que ahora estamos pagando entre todos. Pero aunque se tapen con éxito todos los agujeros, el sistema financiero no volverá a dar créditos por dos razones obvias: en primer lugar porque las empresas y hogares están excesivamente endeudados y lo que tratan es reducir esa exposición, no incrementarla, y en segundo lugar porque ningún banco dará créditos en una situación de crisis y donde la probabilidad de recuperar el dinero es muy reducida. En definitiva, la raíz del problema -más allá de las apariencias de los activos tóxicos- está en la economía real de nuevo.

Y es que el problema fundamental es que España carece de un modelo de crecimiento estable. Se ha hundido su modelo basado en el crédito -y que ha generado desequilibrios comerciales enormes- y ahora no tiene cómo volver a crecer y crear empleo. Por eso las necesarias reformas han de ser radicales y han de suponer un proceso de transformación productiva que conlleve, necesariamente por el contexto, la nacionalización de las grandes empresas y de todo el sistema financiero amén de un fuerte proceso de redistribución de la renta y de la riqueza. De otra forma la única alternativa técnica que le queda al sistema es una huida hacia delante deprimiendo salarios y llevando a nuestra economía a competir con países de bajos salarios como China o los países del este. Pero la troika es demasiado ingenua si cree que la sociedad, sabedora de que hay alternativas o sencillamente por reacción a un deterioro tan profundo, permanecerá impasible sin hacer tambalear el sistema económico y político definitivamente.