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La cuestión catalana: revisar las normas de convivencia

26/12/2013 07:04 CET | Actualizado 24/02/2014 11:12 CET

Las tensiones entre Cataluña y el resto de España no son nuevas, pero la lectura falsa e interesada que el gobierno nacionalista catalán ha hecho de la crisis -"si no tuviéramos que contribuir a la solidaridad en España nos iría mejor"- las ha acentuado. Sin embargo, el origen del problema no es meramente económico. Por ello, no se resolverá solo con esperar el final de la crisis, que en contra de lo que dice el gobierno de Rajoy, aún está lejos.

Tampoco bastará con negociar un sistema de financiación nuevo que trate de atender a las reivindicaciones de Cataluña, algo que, por lo demás, la difícil situación por la que atraviesan las cuentas del Estado y las aspiraciones del resto de las Comunidades Autónomas, hace muy complicado en estos momentos.

Sin desdeñar, en modo alguno, la trascendencia de los temas económicos, creo que hace falta algo diferente. Algo más que oponernos al ejercicio del derecho de autodeterminación. Algo más que abordar los problemas de la financiación. Por eso, vengo defendiendo que tenemos que sentarnos juntos a revisar nuestras normas de convivencia, nuestra Constitución. Sé que no es una tarea fácil. Pero es imprescindible. Y me pregunto por qué si fuimos capaces de hacerlo en la Transición, cuando en la mesa estaban fuerzas políticas emparentadas con el viejo régimen y otras recién salidas de la clandestinidad, no podemos reeditarlo ahora, después de treinta y cinco años de convivencia democrática, y actualizar lo que en aquel momento supimos consensuar.

Así lo planteé en el último Debate del Estado de la Nación. El tiempo no ha hecho sino agudizar los problemas que entonces denuncié y, por ello, hacer más acuciantes las soluciones.

Transcribo a continuación mi intervención, en aquel debate. Creo que releerla hoy, casi un año después, tiene sentido.

"Pasaré a hablar ahora de la crisis territorial. El Estado Autonómico nació con una doble voluntad: dar respuesta al problema histórico de la articulación territorial de España; y convertirse en instrumento para acabar con las desigualdades a las que el centralismo había condenado a algunas regiones.

En las dos tareas ha sido un éxito. Y sin embargo, hoy aparecen de nuevo las tensiones territoriales en nuestro país.

Tenemos que hacer frente a dos tensiones contrapuestas. La de los que quieren separarse y la de los que añoran el Estado centralista.

Las primeras se han planteado con especial crudeza recientemente en Cataluña.

Hay quien ha jugado con fuego atizando la hoguera del anticatalanismo en el resto de España.

Pero creo que el hecho políticamente más relevante es que la sentencia del Tribunal declaró inconstitucionales algunos aspectos de un Estatuto que ya había sido refrendado por el pueblo catalán.

Es decir, dijo que no caben en la Constitución algunas de las fórmulas para convivir que los catalanes en referéndum y el resto de los españoles a través de esta Cámara, habíamos acordado.

La consecuencia de este desdichado procedimiento es que muchos catalanes sienten que sus aspiraciones ya no caben en la Constitución. Y este conflicto no se resolverá si no abrimos la propia Constitución.

Esa es justamente la propuesta de los socialistas: dialogar con Cataluña y con el resto de las Comunidades Autónomas para incorporar a la Constitución las singularidades que el desarrollo del Estado autonómico ha venido consolidando. Hablo de singularidades, nunca de privilegios.

Esta reforma nos permitiría, asimismo, resolver algunos de los desajustes que han aparecido en estos años. Y avanzo mi criterio: estos desajustes sólo tienen solución de fondo si aceptamos que la evolución natural del Estado de las Autonomías es caminar hacia un modelo federal.

A mi juicio, la Constitución ha de definir claramente las competencias del Estado para deslindarlas de las que corresponden a las Comunidades Autónomas. Evitar las duplicidades, como se hace en los estados federales

Para articular la necesaria cooperación entre las comunidades y el Estado, el Senado tiene que ser una auténtica Cámara Territorial en la que estén representadas las Comunidades Autónomas. Como sucede en los estados federales.

Es preciso también constitucionalizar el sistema de financiación autonómico, para que quede clara la responsabilidad en los gastos y en los ingresos de las Comunidades y del Estado. Como tienen muchos estados federales.

Y todo esto hay que hacerlo con una premisa básica: la igualdad de derechos de los españoles cualquiera que sea la Comunidad en la que han decidido vivir."

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