¿Es usted partidario de un nuevo recorte brutal de los servicios públicos? ¿Quiere que cierren hospitales? ¿Desea que se liquide la educación pública, se privatice el bachillerato y la formación profesional? ¿Es partidario de cerrar la Universidad a los bolsillos menos pudientes y dejar a los dependientes sin cuidado alguno? Si no es así, ¿por qué está dispuesto a creerse la campaña contra el Estado Autonómico que es el que administra todas estas competencias?

El PP nunca ha sido partidario del Estado de las Autonomías y tiene una fuerte añoranza del centralismo político, pero en estos últimos años su inclinación contra el Estado Autonómico ha encontrado nuevos argumentos que la FAES ha teorizado hasta la saciedad: las Autonomías son, en España, el sinónimo de la extensión de los servicios públicos y del Estado de semibienestar conseguido en los últimos treinta años. Una fuerza política como el PP que se propone reducir al mínimo asistencial las conquistas sociales de los últimos años tiene, sin duda, que modificar el Estado Autonómico. Esta es la razón por la que han alentado una campaña inaudita contra las Autonomías.

La crisis económica ha brindado al PP la oportunidad de arremeter con mayor brío contra las Autonomías. Las ha hecho responsables de la crisis económica, ha resaltado sus deficiencias mientras ocultaban celosamente los despilfarros del Gobierno central y ha desplazado el déficit del Estado a las Comunidades. Aunque haya casos innegables de mala gestión, la realidad es que las Autonomías gestionan los grandes servicios públicos (salud, educación y dependencia) y lo hacen con menos recursos que el Estado y un elevado nivel de eficiencia en términos generales.

El personaje encargado de acabar con las Autonomías se llama Cristóbal Montoro. Amparado en la presunta objetividad del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha proclamado sheriff del condado y preside el Consejo de Política Fiscal y Financiera como si se tratara de un tribunal de acusación contra las Autonomías. El próximo año, las comunidades tendrán que hacer cinco veces más esfuerzo en la contención del déficit que el Gobierno central. Pero, no aplaudan, porque dicho de otra manera esto significa que los gastos sanitarios, educativos y sociales, experimentarán cinco veces más recortes que los de Defensa, Exteriores, Casa Real o Concordato con la Iglesia católica.

Pero el verdadero problema del PP para el desmontaje del Estado se llama Andalucía. En primer lugar porque su inclinación política a la izquierda obstaculiza los procesos de privatización de servicios públicos y de liquidación de derechos; dificultad esta que no encuentra, por ejemplo, en los nacionalistas de CIU que comparten el ideario liquidacionista del Estado del Bienestar. En segundo lugar porque el fenómeno andaluz es contagioso a escala estatal ya que se trata de una defensa igualitaria y equilibradora que prende incluso en comunidades ahora gobernadas por el PP. Además, los andaluces cometieron el grave pecado de no dar la suficiente mayoría a Javier Arenas para gobernar en la comunidad con más habitantes de España por eso el ministro Montoro, desde que llegó al Gobierno, se ha permitido actuar contra Andalucía de forma continuada: ha puesto en duda su solvencia económica, ha mentido en los datos de las deudas andaluzas, ha sembrado dudas en los mercados para hacer fracasar operaciones de financiación y ahora impone condiciones leoninas para ahogar la autonomía andaluza.

Como, a pesar de todo, las cuentas no le salen a Montoro y los ricos no son tan ricos, ni los pobres tan pobres; como resulta que son sus comunidades las principales deudoras adopta una estrafalaria medida que consiste en consentir mayor déficit a quienes más deben a costa de obligar a los que se han administrado mejor a recortar más. O sea, que los bolsillos de Andalucía sufragarán los desmanes de Valencia o de Murcia. A Montoro se le ve el colmillo insaciable cuando pretende obligar a Andalucía a que se acoja al Fondo de Liquidez Autonómica, sea o no necesario, porque solo así podrá dominar sus cuentas y controlar la acción de su Gobierno Autonómico.

La crisis económica le está brindando al PP la posibilidad de una carambola múltiple: liquidar un Estado que les disgusta, reducir hasta el límite los servicios públicos para ofrecerlos en bandeja a la iniciativa privada y gobernar incluso donde han perdido las elecciones. Por cierto, tampoco les vendría mal alentar el independentismo catalán para envolverse en la bandera española y componer una bonita cortina de humo frente a su caída electoral. Tiempo al tiempo.

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