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La transparencia, a examen

12/02/2017 10:16 CET | Actualizado 12/02/2017 10:16 CET

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Foto: ISTOCK

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha presentado a las Cortes la memoria del año 2015. Cierto es que con retraso, debido a los avatares que nos han tenido, durante casi un año, sin Gobierno ni Parlamento. Esta memoria nace ya desfasada y empujada por la del año 2016, que ya está en marcha.

Pero para situarnos bien en el tiempo y en la realidad de la transparencia que vivimos, hay que hacer una mención a 2015. Sin duda un año duro, en el que la prioridad fue la puesta en marcha de un nuevo modelo de gobernanza pública: "la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser las leyes fundamentales de toda acción política".

Con este mandato, la Administración se organizó, el Consejo se creó, comenzaron los cambios de cultura y se instauró en España lo que Bobbio llamó "gobierno de lo público en público".

El resultado de un año de trabajo fue satisfactorio. Toda la Administración General del Estado estaba bajo el influjo de la transparencia. Mejor o peor, todos los organismos se aprestaron a colocar en sus páginas webs las informaciones institucionales, administrativas y de organización; las jurídicas; y las económicas, presupuestarias y estadísticas. Por su parte, las unidades de transparencia, con la coordinación de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Presidencia del Gobierno (OTAI), contestaban a 3.760 ciudadanos que ejercían su derecho a saber.

Y allí estaba el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, trabajando para garantizar el cumplimiento de la ley. Un primer año lleno de incógnitas, abriendo camino, sentando criterios y estableciendo alianzas. Con muchas ganas de ganarse la confianza de todos, de ser independiente, de cumplir su misión y de cambiar, con el ejemplo, la tradicional distancia entre ciudadanía y Administración por cercanía y servicio, mostrando y demostrando que otra Administración es posible.

Llegó el tiempo de medir, eso sí, con una ley que no otorga al órgano regulador las palancas necesarias para hacer un seguimiento real: la inspección y la sanción. Con ese lastre pudimos valorar que la Administración cumple en lo cuantitativo pero deja muy atrás la parte cualitativa. No sé si se puede pedir más para un primer año de cambio de política pública, pero sí que se debe hacer un mayor esfuerzo.

Seremos transparentes, no cuando hagamos actos para parecerlo sino cuando siéndolo, intrínsecamente, todos nuestros actos estén naturalmente marcados por nuestro modo de ser: la transparencia.

En el año 2016 las mediciones dejaron de ser globales. La fase de transparencia 1.0 se dio por terminada y comenzó el impulso de la transparencia 2.0, que supone el paso de la obligación a la devoción, de lo ajustado a lo que es justo, de lo mínimo a lo máximo, del hacer por el creer, de la concepción de que el garantizar el derecho de acceso, el derecho a saber, es cosa de todos.

Inspirándonos en Aristóteles, seremos transparentes, no cuando hagamos actos para parecerlo sino cuando siéndolo, intrínsecamente, todos nuestros actos estén naturalmente marcados por nuestro modo de ser: la transparencia.

El análisis de 2016 es más profundo, más exigente, es una evaluación adulta.

Midiendo nos hemos encontrado con distintos niveles de transparencia:

  • Los organismos de relevancia constitucional y los organismos independientes van a la cabeza de la transparencia real. Curiosa conclusión, que favorece a la idea de que los organismos independientes funcionan con más compromiso y eficacia.

  • A su lado, la Administración General del Estado está estancada, con leves mejoras, sin que aún pueda verse un verdadero cambio de modelo.

  • El sector público estatal, consciente en algunos casos de que la transparencia puede ser una ventaja competitiva, se debate entre el todo y la nada con grandes desigualdades en sus actitudes ante la transparencia.

Y de nuevo allí el Consejo de Transparencia, ofreciendo su ayuda, su experiencia, su competencia y sus ganas. Algunas veces bien recibida, otras veces recelada.

En 2016 el examen no ha sido sencillo ni hubo aprobado general. Atrás quedó la complacencia de los primeros pasos.

Hemos sabido que una Administración que quiere mostrar solo aquello que la favorece, es una Administración opaca; que arrastrar los pies y no responder a la ciudadanía es una falta grave de responsabilidad y que la propiedad de la información pertenece a quien la paga y no a quien la gestiona.

Con los escasos medios del Consejo (cinco personas de nivel directivo y pre directivo) se harán todos los esfuerzos posibles para ser, una vez más, la voz ciudadana que pide a esa Administración que escribió en la ley: "Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos". Que por fin se dé el gran paso adelante y que ese compromiso que nos une en una finalidad común haga posible que la transparencia sea, de verdad, el eje de lo público.