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La verdadera realidad de la privatización del agua en Andalucía

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Foto: Shutterstock.

El estudio más riguroso e independiente que se ha elaborado hasta la fecha sobre la gestión del agua en Andalucía revela que casi la mitad de la población depende de la gestión privada. Las grandes empresas fijan objetivos de renta, población y deuda municipal para 'asaltar' y hacerse con la gestión de lo que se considera un derecho humano. Aqualia, AGBAR y Acciona son, por ese orden, las tres grandes empresas que hacen negocio con el agua urbana en Andalucía.

Acuden a los municipios más endeudados para presentarse como salvadores de la economía local y prometen más eficiencia. La realidad es muy diferente. Las empresas dedicadas a la privatización del agua en Andalucía se mueven por criterios económicos: sólo les interesan los municipios donde sus ciudadanos puedan soportar una mayor subida del precio del agua, por eso sólo muestran interés en los que haya mayor renta; y en los que además haya unas poblaciones grandes para asegurar que el número de clientes garantiza ingresos millonarios. Así se desprende de un pormenorizado estudio realizado por expertos de la Universidad de Granada y AEOPAS al que ha tenido acceso en exclusiva Ecoperiodismo.

Tras recopilar y analizar los servicios urbanos de agua de cada uno de los 778 municipios andaluces, los profesores Miguel Angel García-Rubio y Francisco Gonzalez Gómez, del Instituto del Agua perteneciente al departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada han confirmado que aunque el porcentaje de municipios que tienen privatizado sus servicio de abastecimiento y ciclo del agua apenas superan el 13 por ciento, se trata de la casi la mitad de la población andaluza. Los datos referidos a 2016 son reveladores: el 74,84% de los municipios andaluces mantienen una gestión pública del agua, frente al 13,49% que han privatizado el servicio y otro 11,67% mantiene una gestión mixta; sin embargo el 44,57% del agua que abastece a la población andaluza está en manos privadas.

La respuesta a cómo con tan poca implantación en municipios se logra controlar la mitad del agua que llega a los grifos andaluces y convertirlo en un negocio millonario se encuentra en la selección que se hace de los "clientes" por parte de las grandes empresas de agua privada. El cliente modelo para estas empresas que conciben un bien esencial para la vida como el agua como un negocio se define en tres aspectos:

1. Que se trate de un municipio asfixiado por la deuda pública. Así la privatización se plantea como la solución más rápida y efectiva para sanear las deudas. Después la empresa tendrá que recuperar lo invertido, lo cual se hará vía recibo del agua a los ciudadanos, con lo cual en realidad quien sanea esa deuda es la propia población, que además quedará encadenada a los designios de una empresa privada que se rige por criterios de eficiencia económica (que no tienen porque ser sociales o ambientales).

2. Que se trate de un municipio con una población superior a los 50.000 habitantes. Se garantizan así una clientela lo suficientemente numerosa para que les resulte rentable dar el servicio.

3. Que tengan una renta por habitante alta. De esa manera, la previsible subida de los recibos cuando se privatice el agua cuenta con la seguridad de la nueva empresa de que podrá ser soportada por las familias. Cortar el agua a los que no puedan pagar no les interesa a estas empresas por una cuestión de imagen corporativa, aunque tampoco les tiembla el pulso a la hora de hacerlo, como ya se ha producido en muchas familias a las que se les niega el acceso a un derecho humano por no poder pagarlo. "Si la privatización de la gestión del servicio urbano de aguas supone un incremento en las tarifas, puede tener severas implicaciones en términos de equidad y de accesibilidad al recurso por parte de los ciudadanos con menos ingresos", advierte el informe.

El estudio de la Universidad de Granada pone cifras a esta triada de intereses de las empresas de gestión privada del agua: la deuda media de un municipio cuya gestión del agua es privada asciende a 912,8 euros por habitante, mientras que esa deuda en los municipios que mantienen el agua pública es de 457,2 euros por habitante. En lo que se refiere a la población, el estudio indica que el 67,86% de los municipios de más de 50.000 habitantes tienen privatizados sus servicios de agua urbana. Respecto a la renta por habitante, hay una diferencia de 856,3 euros entre los ciudadanos que residen en municipios donde el agua está privatizada (14.797,5 euros) y los que viven en localidades en las que la gestión del agua es pública (13.841,2 euros).

Otros dos aspectos más que revela el mapa real de la gestión del agua en Andalucía realizado por la Universidad de Granada, es que las privatizaciones se concentran en los municipios costeros, dibujando una costa andaluza donde el agua es prácticamente privada casi en su totalidad; y, por otra parte, que se realizan privatizaciones por "vecindad": "De este modo, la privatización total o parcial de la gestión del servicio urbano de agua en un municipio parece aumentar la probabilidad de que se produzca el mismo fenómeno en los municipios limítrofes", apunta el informe.

En Andalucía las grandes empresas que hacen negocio con el agua del grifo son tres: Aqualia, que controla el 57% de los municipios que han privatizado, Agbar con un 26,36% y Acciona que se ha hecho con el 2,55% de los municipios. Aqualia nació de la diversificación de la gran constructora FCC, aunque sus responsables insisten en desvincularse del negocio del ladrillo que les vio nacer. El Grupo Agbar es un holding empresarial compuesto por más de 120 empresas. Por último Acciona es una multinacional con intereses en infraestructuras que cotiza en el IBEX 35.

Según el estudio de la Universidad de Granada "en el marco institucional andaluz la evidencia empírica confirma que no existen diferencias significativas de eficiencia entre los gestores públicos y privados".

Desmontando el argumentario de la privatización del agua

El estudio desarrollado por los expertos del Instituto del Agua de la Universidad de Granada también desmiente el argumentario de las empresas privatizadas del agua. "El principal argumento para justificar el proceso de privatización de la gestión del servicio urbano de agua es la mejora de la eficiencia", indica y matiza que "sin embargo, la revisión de la literatura internacional sugiere que no hay evidencia empírica concluyente que permita asegurar que una forma de propiedad en la gestión es más eficiente que la otra". Y van más allá: "otra de las conclusiones que se obtiene de la evidencia empírica internacional es que el efecto de la privatización sobre la eficiencia depende del marco institucional y normativo específico en el que ésta se lleva a cabo, y en el marco institucional andaluz la evidencia empírica confirma que no existen diferencias significativas de eficiencia entre los gestores públicos y privados".

La investigación aplicada también ha considerado el impacto de la privatización de la gestión de los servicios urbanos de agua en Andalucía y la calidad concluye que la privatización del agua en España parece reducir el nivel de satisfacción con la calidad del agua de grifo de los usuarios. "Aunque el agua para consumo humano en los abastecimientos españoles cumple con los estándares legales establecidos, este resultado puede indicar un menor celo de las empresas privadas con la calidad del agua suministrada y, más específicamente, con aquellas características del agua que pueden ser fácilmente identificadas por los usuarios (características organolépticas)", asevera el informe que sentencia que "la persecución del máximo beneficio por parte del gestor privado, en contra del interés general, podría verse reforzada en el marco español por la debilidad del control efectivo a que están sometidos los gestores del servicio urbano de agua".

También se retención estudios en los que se constata un mayor volumen de pérdidas de agua en las redes de distribución cuando la gestión está en manos privadas, "lo que puede deberse a que la empresa privada tenga un bajo incentivo para controlar dichas pérdidas". "Habría que considerar que los requisitos contractuales establecidos en el momento del concurso en que se decide la concesión carecen de uniformidad entre los municipios, por lo que no necesariamente tienen que contemplar un objetivo de reducción de fugas y, en caso de existir, no tendría por qué se homogéneo", alerta el estudio.

"En todo caso, puede concluirse que la privatización de la gestión de los servicios urbanos de agua no es la solución a los múltiples desafíos y problemas que enfrenta el sector en Andalucía: falta de recursos en los municipios más pequeños, obsolescencia de un volumen importante de redes de abastecimiento, cooperación insuficiente entre municipios, estructura administrativa compleja e ineficiente, ausencia de reglas y directrices para la gestión técnica del servicio, laxitud en los controles de calidad del agua, ausencia de transparencia y bajos niveles de participación ciudadana", expone el informe a modo de conclusión.