A human skull is seen inside one of the three mass graves that contain in total the remains of around 200 bodies believed to have been killed by Spain's late dictator Francisco Franco's forces during the civil war, at El Carmen's cemetery in Valladolid, Spain, August 10, 2016. REUTERS/Juan Medina SEARCH "MEDINA GRAVES" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES. TPX IMAGES OF THE DAY
Juan Medina / Reuters
A human skull is seen inside one of the three mass graves that contain in total the remains of around 200 bodies believed to have been killed by Spain's late dictator Francisco Franco's forces during the civil war, at El Carmen's cemetery in Valladolid, Spain, August 10, 2016. REUTERS/Juan Medina SEARCH "MEDINA GRAVES" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES. TPX IMAGES OF THE DAY
POLÍTICA
02/11/2019 10:14 CET | Actualizado 02/11/2019 10:16 CET

La memoria en España, en manos de desmemoriados

Radiografía de la memoria histórica en campaña: tras la exhumación de Franco, pocos programas reflejan aún la hondura de esta cuestión: reconocer a las víctimas como tales, abrir fosas, retirar símbolos, anular juicios...

La memoria en España está en manos de desmemoriados, valga el retruécano. Mientras las víctimas, sus familiares, los investigadores e historiadores han forjado un movimiento fuerte, incansable e incómodo que recuerda desde hace décadas que no hay ni verdad, ni justicia ni reparación real para los represaliados en la Guerra Civil y el Franquismo, los gobernantes han ido pasando por la materia de puntillas. Claro que se han hecho cosas, como la Ley de Memoria Histórica (2007, de José Luis Rodríguez Zapatero), pero son insuficientes, incompletas, mejorables. 

Aún hoy, cuando ya es imposible dejar de ver el elefante en la habitación, hay quien lo obvia. Porque es mejor pasar página y no “reabrir heridas”. La irrupción de Francisco Franco en plena precampaña cambia ligeramente las cosas. Es obvio que la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, esperada durante casi 44 años, ha obligado a todas las fuerzas a valorarla y mancharse con esa harina. Pero ha sido un hecho puntual. Hablar del futuro de Cuelgamuros, de abrir las demás fosas del país, de reconocer a las víctimas... eso es materia únicamente de los programas más progresistas. 

Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, explica a El HuffPost que la presión del movimiento memorialista, igual que ha llevado a que Franco acabe en El Pardo (“no es cosa sólo del PSOE, no”), logrará que se “cuelen” en campaña “algunas de sus preocupaciones”. El pasado agosto, él mismo asistió a una de las reuniones que el presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, mantuvo con diversos portavoces de la sociedad civil, y en esa cita “se hablaron determinadas cosas y luego nos sorprendió mucho que, dentro de los 300 famosos puntos que propuso como base de gestión, no estuvieran”, se duele.

“Lo que se tocaba estaba bastante alejado de lo que habíamos hablado en aquella reunión, muy flojito, sobre todo comparado con el proyecto de ley que el PSOE había presentado el 19 de julio, que no se ha podido tramitar por el adelanto electoral, pero que tenía bastante más contenido que esto”, denuncia. Una primera desilusión, pues. 

Pese a todo, Peinado se muestra optimista. Estar en esas reuniones era un paso, forzar el debate público es otro, y uno más, “esencial”, es “remover a los que estaban quietos”. Pone el ejemplo de Ciudadanos, que ha ido “modulado su discurso” y teniendo que posicionarse, desde su inicial y tajante negativa a hablar de nada que sonase a memoria. “Al final están teniendo que opinar. Eso es una conquista”, reconoce. 

“Ahora mismo, el movimiento por la memoria tiene un cierto apoyo y respaldo en la opinión pública y por eso resulta bastante costoso oponerse a nuestros planteamientos, a no ser que hablemos ya de la derecha conservadora, que está en contra porque su electorado está en contra de este tema”, matiza. “En general, es un debate que no se puede eludir. La respuesta social es tremenda. Absolutamente incontenible. Estamos mucho mejor que como estábamos en 2004, cuando arrancó de veras este movimiento, pero hace falta más”, asume. 

Coincide con él, en el lamento y en la radiografía de situación, la presidenta de Nuestra Memoria, Paqui Maqueda. “Las víctimas no estamos. Molestamos, incluso. Y eso que hablamos de un problema de primera fila, de Estado, que como tal debería de abordarse. Lo normal en un país con una democracia que se dice sana”. Así lo exponía, de hecho, el PSOE en su programa del pasado abril, pero no cree que esas “bonitas palabras” hayan cristalizado en nada “verdadero y firme”.

“Durante años, porque nuestra pelea no es de hoy, se nos ha tapado o, al menos, obviado. ¿Cómo es eso de “muerto el perro se acabó la rabia”? Algo así planeaban: “irán yéndose los que sufrieron y esto se olvidará”, pensaron. Mala estrategia, no lo hemos hecho. Cuando salimos fuera de España a contar lo que nos pasa nos da hasta vergüenza explicar esta desprotección”, relata. “La causa está viva, es comprendida por la sociedad española, es acompañada, y por eso los partidos tienen que sumarse a esa corriente”, dice, pero avisa: será “muy miserable y muy penoso que alguien trate de colgarse en campaña la medalla de Franco, porque no es de ningún partido. Una cosa es tener presente la memoria y otra, usarla en beneficio propio”. 

ARTURO PEINADO / TWITTER
Arturo Peinado, el pasado abril, en un homenaje a las víctimas del franquismo en el cementerio del Este (Madrid).

Lo urgente

Maqueda y Peinado empiezan su lista de exigencias a los programas políticos con un paso “fundamental”: el reconocimiento de las víctimas como tal. “Eso canalizaría muchas de las demás reivindicaciones y solucionaría muchos de los problemas enquistados. Es esencial”, aclara la activista. Los asesinados, represaliados, encarcelados, apaleados... ninguno está jurídicamente asumido como “víctima”. No se les puede igualar en derechos a otras, como las del terrorismo.

En cambio, ese reconocimiento sí ha venido de fuera, de la justicia argentina que estudia diversos casos de crímenes franquistas a la ONU, que va a escuchar a los torturados por el policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niñoen su Comité de Derechos Humanos. Es un “problema jurídico de fondo”, del que nacen los demás, añade Peinado, y por eso reclaman una ley integral de víctimas del franquismo. “Insoslayable”, remarca. 

Aclarado lo básico, habría que acometer las exhumaciones de las más de 2.000 fosas comunes que hay España. “Es un imperativo -sostiene Peinado-. No puede haber todavía más de 130.000 personas desaparecidas en un estado democrático”. La mayor fosa común está en un antiguo cementerio de Málaga, el de San Rafael, donde están documentadas 4.288 personas y se ha exhumado los restos de 2.480, pero hay enterramientos repartidos por toda España, en algunos casos incluso todavía desconocidos, con asesinados durante la Guerra Civil o la posterior represión, la gran mayoría a sangre fría y sin juicio.

El Gobierno anunció en febrero pasado que está estudiando un plan urgente de exhumaciones para recuperar 25.000 cuerpos en los próximos cinco años. Mientras eso llega, no hay permisos ni dinero y cada apertura de fosa se hace, casi siempre, a base de esfuerzos particulares de familias y asociaciones. “Se abrieron más fosas en caliente, con alcaldes de UCD, que con una democracia consolidada”, repite gráficamente un antiguo militante por la memoria. 

Jose Manuel Vidal / EFE
Paqui Maqueda (izquierda), el pasado 27 de octubre, en una protesta por la tumba de Queipo de Llano en La Macarena de Sevilla.

Igualmente fundamental debe ser el reconocimiento y homenaje de las víctimas en sus propios pueblos y ciudades y que se les deje de “ofender” con simbología fascista que aún no se ha retirado o con homenajes a colegas de Franco como Gonzalo Queipo de Llano, enterrado aún en la Basílica de la Macarena de Sevilla. Todavía sigue habiendo ocho localidades que incluyen en su nombre menciones a Franco o a sus generales más destacados durante el golpe de Estado de 1936; algunos de ellos están en proceso para cambiar de nombre, pero otros mantienen la afrenta.

El Ministerio de Justicia solicitó formalmente en febrero pasado a 656 municipios que retiraran vestigios que pervivían en sus espacios públicos, como 1.171 calles y plazas que mantenían los nombres de figuras del franquismo. Algunos están cooperando y otros se resisten con diversas excusas. Uno de los más destacados homenajes es el de la placa en la casa natal del caudillo, en Ferrol (A Coruña). Las estatuas del dictador han ido desapareciendo (justo de Ferrol, de Santander...) pero queda en pie una en Melilla. 

“Falta mucho” también, dicen las asociaciones por hacer en planos muy ordinarios, procedimientos diarios esenciales: quedan archivos por abrir, por digitalizar, jueces que no acuden a las aperturas de fosas, no se pueden inscribir desaparecidos fuera de plazo, ni hay equipos forenses especializados, ni un currículum escolar que explique (con “inteligencia de todo tipo”) lo ocurrido en la Guerra Civil, esa a la que casi nunca se llega en los planes de estudio. Aunque se ha avanzado mucho en la llamada “verdad histórica”, que rebate el relato de los vencedores, ha quedado en círculos cerrados, de asociaciones, historiadores o prensa. 

Hace falta, insisten, derogar la Ley de Amnistía (1977), que consideran el germen de la impunidad franquista, que debía vaciar las cárceles de aquellas personas que habían luchado contra la dictadura y que acabó siendo un escudo protector para los que torturaron, asesinaron e impusieron el terror entre los que no comulgaban con el régimen.

Reclaman la nulidad de las sentencias impuestas por los tribunales franquistas, la eliminación por ley de los títulos nobiliarios aprobados por el dictador, el fin de las ayudas públicas a Fundaciones como la Francisco Franco... “Cuando hablamos de abrir fosas, no hablamos sólo de sacar cuerpos, sino de señalar a los responsables de aquello y a quienes fueron los grandes beneficiarios de los expolios o de las obras de entonces, los que se incautaron de propiedades o se beneficiaron de un título. Eso llega hasta hoy, por eso escuece”, añaden.

No sólo ellos reclaman todo lo anterior, recuerdan, sino que ha habido una serie de recomendaciones sobre la materia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Estado español que no se atienden. Entre ellas, la petición de una mayor atención a víctimas de la violencia política, con pasos concretos como las exhumaciones y la anulación de los juicios del Franquismo, “sencillamente para homologarnos a una democracia normal que respeta los derechos humanos, como pasa en otros países de nuestro entorno”, remarca Peinado. “La fortaleza de la democracia se mide en la capacidad de atender los reclamos de las víctimas”, dijo textualmente el experto en justicia transicional de las Naciones Unidas, el colombiano Pablo de Greiff, en 2017. 

Miedo al retroceso

Tanto en la Federación Estatal de Foros por la Memoria como en Nuestra Memoria temen que la llegada al Gobierno de formaciones que no quieren ni oír hablar del tema tumbe parte del trabajo de estos años. Ponen como ejemplo el caso de Andalucía, una comunidad donde se había aprobado una Ley regional de Memoria Democrática más avanzada aún que la de Zapatero, que sigue en vigor pero que va a ser anulada y sustituida por una ley de “concordia”, tal y como acordaron los partidos en el poder (PP+Ciudadanos) con la ultraderecha de Vox. 

Si ese cambio se lleva a cabo, si además se produce una alianza similar en el Ejecutivo nacional, supondría una “recuperación de la visión mítica de la Transición”, justo lo contrario de lo que las familias necesitan, dice Peinado. “No nos vamos a concordiar con nada ni con nadie, ni olvidamos ni perdonamos ni nos reconciliamos, como dicen las abuelas argentinas de la Plaza de Mayo. No necesitamos una ley así, sino una que nos aporte verdad, justicia y reparación. Cuando estos elementos se den, entonces que cada cual se reconcilie con quien sea y con las ideas que quiera”, apuntala Maqueda.

“Aunque entre el PP, aunque entre hasta Vox, hay un problema de Estado que hay que resolver y una deuda pendiente con las víctimas. Hay una política de exclusión e invisibilidad ya antigua con esta causa, para que no estemos presentes, pero lo estamos, y tienen que mirarnos, no borrarnos”, concluye.  

Juan Medina / Reuters
Ascension Mendieta, en enero de 2016, en el cementerio de Guadalajara donde comenzaron los trabajos de exhumación de su padre, Timoteo. 

Ascensión Mendieta, abriendo los ojos

En los últimos dos años, España ha aprendido a entender mejor la lucha de las víctimas gracias a Ascensión Mendieta. Era una anciana dulce y batalladora en busca de su padre, Timoteo. Eso, algo tan hondo y tan sencillo, quedaba por encima de las tendencias y los bandos, y no podía alimentar la bilis ni de los más partidarios de aplastar y pisotear las fosas. Era una cuestión de justicia, de última voluntad. “A mi madre la dejaron sola con siete hijos. No siento rencor, pero todos aquellos que murieron injustamente deberían estar enterrados en ataúdes decentemente”, dijo una vez.

Su mensaje siempre fue así de poderoso, porque iba al tuétano, a la necesidad de hacer descansar al padre asesinado. Y caló. Ascensión murió el pasado septiembre a los 93 años y esa noticia abrió informativos. Insólito en 15 años de lenta apertura de fosas. Ella logró identificar a su padre de un enterramiento en Guadalajara en 2017, gracias a una orden de la justicia argentina, no de la española, y con él reparó a otras 30 familias que quería honrar a sus muertos y sacarlos de allí. 

Ahora sus restos descansan en Madrid junto a los de aquel carnicero, presidente de la UGT de su pueblo, al que mataron el 15 de noviembre de 1939. En paz. “Tanto tiempo bajo tierra, tanto tiempo esperando... Si hubieran querido, esto se podría haber hecho antes, pero como nunca han querido...”, se lamentaba al pie de la fosa. El sujeto está claro: ellos, los gobernantes, los políticos, los que pueden. A los que las asociaciones piden ahora que escuchen a víctimas como Ascensión y actúen.

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