Hay algo claro: las mujeres necesitan a veces interrumpir su embarazo, haya o no leyes que lo permitan. Si no las hay, ni garantías ni servicios, recurrirán a métodos que le cuesten hasta vida. Garantizar su acceso salvaría a 39.000 personas al año.
El estudio de 'The Lancet' destaca cómo las dinámicas de poder desiguales han tenido impactos negativos en cómo interactúan las mujeres en la prevención de esa enfermedad, su cuidado y tratamiento.