Sin 'teléfono rojo' entre Sánchez y Feijóo

Las políticas de Estado han dejado de estar fuera del rifirrafe político. Lamentablemente, como suelen añadir parlamentarios de otras épocas. Dos de esas denominadas cuestiones de Estado han centrado gran parte de la actualidad esta semana: la decisión del Ejecutivo de enviar tanques a Ucrania, en línea con Alemania y el resto de países aliados, y el ataque a dos Iglesias en Algeciras, investigado por la Audiencia Nacional como terrorismo. Pero, pese a ello, el teléfono rojo ha seguido sin sonar. No ha habido interlocución alguna entre el presidente y el principal líder de la oposición, según las fuentes consultadas por El HuffPost.

El contexto podría haber sugerido un cambio después de semanas de enorme tensión entre La Moncloa y el PP, que tuvo su clímax a finales de año con acusaciones mutuas de intento de golpe de Estado en las Cortes Generales. El miércoles, el hombre fuerte de Pedro Sánchez en Moncloa, Félix Bolaños, y la portavoz del PP y secretaria general, Cuca Gamarra, se reunieron en la Cámara Baja y lograron un principio de acuerdo para eliminar el término “disminuidos” del artículo 49 de la Constitución. Una reforma de la Carta Magna que se ceñirá exclusivamente a la discapacidad.

La fotografía de ambas delegaciones ocupó buena parte de las portadas por novedosa, en medio del fragor de la precampaña. Fue un mero espejismo ante una cuestión que “sí o sí había que solucionar”, según deslizan las fuentes consultadas. Sobre Ucrania —tema en el que el PP está a favor, pero pide que se debata en el Congreso en contra de lo que quiere Sánchez— y Algeciras, Alberto Núñez Feijóo se ha enterado de las actuaciones del Gobierno “como cualquier otro español”. Es decir, a través de los medios de comunicación. 

Precisamente, una de las medidas presentadas por Feijóo en Cádiz, en el marco de su plan de calidad institucional, es blindar los contactos entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición. ¿Cómo? “Regulando” una comunicación institucionalizada y frecuente, principalmente en relación a las cuestiones de Estado. El problema para Génova es que el enorme lío político y mediático generado por su propuesta de que gobierne la lista más votada, criticada incluso por barones populares, opacó esta y otras medidas, como ya informó este periódico.

El ataque de Algeciras llevó al PP a exigir formalmente al Gobierno la convocatoria del Pacto Antiyihadista. A saber, en 2015, tras el atentado contra la redacción del francés Charlie Hebdo, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rubricó con Sánchez un pacto en defensa de la libertad y contra el terrorismo, que suponía además tener un canal de comunicación directo sobre esta cuestión. “En todos estos temas, el PP es más fiable que sus propios socios de investidura, sabe que nos va a tener ahí… y la cortesía obliga a tenernos informados”, en voz de un destacado dirigente popular.

Esa comunicación finalmente llegó el jueves por la tarde, después de que el miércoles por Ucrania y ese mismo jueves por la mañana sobre Algeciras se reclamara con insistencia por parte del PP que ese teléfono rojo funcionara. Fue el secretario de Estado del Interior el que telefoneó a Gamarra para informarle sobre el ataque acaecido en el sur del país. “Básicamente, nos dijo lo que ya sabíamos por los medios”, lamentaron. Y continuaron con la denuncia: “La llamada tendría que ser entre el presidente y el líder de la oposición”.

Una queja que también quedó solapada por otra polémica. “Desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión y sus creencias. Y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”, dijo Feijóo, en relación al ataque en Algeciras. El Ejecutivo, que se definió indignado, le mandó callar: “Hay veces que es mejor permanecer callado y parecer responsable, que hablar así”, en palabras de Pilar Alegría. El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, abogó por dejar a un lado la religión.

En Génova, creen que Moncloa trató de generar “polémica” con estas palabras cuando el PP, formalmente, ya afirmó que “en ningún caso se trata de criminalizar a ninguna religión” y, además, se distanció de “de las declaraciones inflamatorias” de Vox. “Pero partiendo de esa base, no podemos negar ni ocultar la realidad, y es que existe un grave problema de integrismo yihadista”, se reafirmaron los portavoces autorizados. Un histórico diputado del PP puntualizó: “Cuando haces una declaración y tienes que salir poco después a explicar tu posición o a matizar algo, entonces es que no te salió muy bien, tengas razón de fondo o no”.