Víctor de Aldama o cómo el "jefe real" de una trama corrupta se va de rositas: intrahistoria de la sentencia del 'caso Mascarillas'

La sentencia del 'caso Mascarillas', además de convertir a José Luis Ábalos en el ministro con la mayor condena a prisión en democracia (24 años y tres meses, superando holgadamente a supera a las de José Barrionuevo o Eduardo Zaplana), ha eximido también al empresario Víctor de Aldama de entrar en prisión pese a su pena de cuatro años y medio. ¿El motivo? Haber proporcionado información "veraz y relevante" y "medios de prueba" a la investigación del caso Koldo. Y todo pese a que la propia UCO en uno de sus informes le dibujó como el “jefe real” de la trama y quien habría logrado con prebendas “comprar" la voluntad tanto de Ábalos como de su exasesor, Koldo García. 

Sin embargo, el Supremo le libra de entrar en prisión por haber "colaborado con la Justicia" y no le obliga a devolver la comisión de 3,7 millones que pedía la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas. El Alto Tribunal sólo le condena solidariamente al decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho por un importe total de 430.298 euros. 

La sentencia deja claro que el empresario aprovechó su influencia sobre Ábalos y Koldo García para garantizar la adjudicación de determinados contratos "mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero". En este aspecto, cabe recordar que los tres condenados aprovecharon la situación de crisis que generó la pandemia para conseguir que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, lograra la obtención de dos contratos de suministro de mascarillas licitados por Puertos del Estado y ADIF, ambos dependientes del Ministerio de Ábalos. La organización pactó que una parte del importe obtenido por el empresario se repartiría entre Ábalos y García. 

Además, la sentencia también deja claro que fue Adama el "encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración" para después lograr un trato preferente a cambio de una prestación económica, de la que hacía partícipes a sus dos socios. 

El Supremo, en definitiva, le ha condenado por cuatro delitos (organización criminal, un delito de cohecho continuado y dos de cohecho simple), todos ellos muy graves, pero le rebaja de la pena en dos grados, respecto del delito de organización criminal y el delito continuado de cohecho, así como la rebaja en un grado respecto del resto de delitos objeto de condena. De esta manera, la pena por cada delito es inferior a los dos años y, así, puede disfrutar de la suspensión extraordinaria de condena que recoge el artículo 80 del Código Civil. Siempre y cuando no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

"La colaboración con la Justicia sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que los que vengan detrás colaboren", ha dicho brevemente Aldama a los medios de comunicación tras conocer la sentencia. Esa "colaboración" comenzó una vez que Aldama entró en prisión provisional en octubre de 2024 por el supuesto fraude en el IVA en el sector de los hidrocarburos que habría liderado el empresario junto a su amigo Claudio Rivas. La trama buscaba asegurar licencias de operación a través de influencias para lo que habría pagado cerca de un millón de euros para "comprar la voluntad" del exministro José Luis Ábalos, con la intermediación de su asesor Koldo García, según informes de la UCO.

Un mes después, Aldama solicitó declarar voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para admitir que había pagado comisiones en efectivo a Ábalos y al también exsecretario de Organización, Santos Cerdán. Y dejó tras de sí otras muchas acusaciones que, a día de hoy, no se han podido demostrar. Por ejemplo, y así consta en la sentencia, no ha quedado acreditado que Aldama entregase 25.000 euros a Carlos Moreno, exjefe de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero, como "detalle" por sus gestiones para aplazar la deuda de una empresa. 

Pero hay más. Aldama también entregó una listado de supuestas mordidas en decenas de obras públicas que, según el instructor Leopoldo Puente, no estaban “mínimamente acreditadas” y por, hechos temporales, algunos nunca pudieron ser adjudicadas por Ábalos. Igualmente, habló de un "apartamento con señoritas" en Madrid que habría disfrutado el ministro Ángel Víctor Torres cuando éste se encontraba esos días en Canarias, dijo que había “visto pantallazos” de una cuenta bancaria en República Dominicana a nombre de Begoña Gómez y acusó a Bolaños de intentar sobornarle a cambio de su silencio. Una afirmación, esta última, a la que el ministro de Justicia respondió con una querella. 

En todo caso, algunas de estas afirmaciones le valieron casi de forma inmediata su puesta en libertad dado que Anticorrupción - que era la única acusación personada en el caso hidrocarburos porque en aquellos momentos se encontraba bajo secreto - pidió su libertad provisional y no había otra parte que se opusiera.

A partir de ahí, Aldama ha ido de plató en plató repitiendo algunas de sus acusaciones y montando 'shows' mediáticos como el de la famosa rueda de prensa de Leire Díez en un hotel que acabó con empujones y botellas de cristal rotas cuando el empresario se acercó a ella para insultarla. Todo para conseguir una rebaja de pena que, efectivamente, terminó llegando.

A principios de mayo, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se decantó por rebajar su petición de pena a siete años y la acusación particular, con el PP a la cabeza, bajó la cifra a cinco con la posibilidad de eludir la prisión. Dicho y hecho. 

La pregunta que cabe hacerse ahora es: ¿puede un corruptor irse de rositas mientras los corrompidos asumen penas por encima de los 19 años de prisión? ¿Es la colaboración con la Justicia un elemento eficaz para eludir la cárcel siempre que se trate de un caso de corrupción? ¿Se ha convertido a Aldama en el espejo al que otros implicados en otras tramas podrían verse si deciden también tirar de la manta?

El Gobierno lo tiene claro. "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora", señalaba este lunes en un tuit el ministro de Transportes, Óscar Puente. Y la misma idea se ha instalado en el PSOE. "¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo", ha señalado por su parte la portavoz socialista, Montse Mínguez. 

Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo también ha animado a colaborar con la Justicia a aquellos que tienen abierto un proceso penal... que afecta al Gobierno o al PSOE. "Que digan la verdad ante los tribunales y podrían beneficiarse de una rebaja de pena", ha dicho. Sin mencionar, eso sí, a los posibles receptores de ese mensaje: la propia Leire Díez o el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez. 

El horizonte judicial de Aldama, sin embargo, sigue sin ser halagüeño pese a librarse de la cárcel por el 'caso Mascarillas'. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha prorrogado seis meses más la instrucción del "caso hidrocarburos" con el fin de cumplimentar "varias diligencias de investigación" cuyo avance determinará otras "e, incluso, nuevas imputaciones". Aldama podría acabar sentado en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. 

En paralelo, Aldama también está involucrado en algunas de las ramificaciones del 'caso Koldo' que aún está investigando la Audiencia, como los presuntos amaños de obra pública (causa que afecta a Santos Cerdán) o los contratos de compra de mascarillas y test PCR suscritos por los gobiernos de Canarias y Baleares en plena pandemia.