POLÍTICA

Las otras condenas de Estrasburgo a España relacionadas con ETA

10/07/2012 13:41 CEST | Actualizado 17/10/2012 16:48 CEST
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La condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo contra España por aplicar la doctrina Parot a la etarra Inés del Río no es la primera sentencia condenatoria al Estado español en relación a la banda terrorista ETA.

El 28 de septiembre de 2010, el Tribunal condenó a España a indemnizar con 23.000 euros a Mikel San Argimiro Isasa por no investigar los supuestos malos tratos que sufrió durante su detención. En la sentencia, se concluye que España violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por "la ausencia de una investigación efectiva".

San Argimiro fue detenido el 14 de mayo de 2002 cuando supuestamente iba a colocar una bomba lapa en los bajos de un vehículo policial en Madrid. Ese día fue examinado por un médico forense, que apreció contusiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, "compatibles con el desarrollo del arresto y las maniobras de inmovilización". Al día siguiente, el informe del forense constató nuevas lesiones "sin dar explicaciones sobre su posible origen". En la Audiencia Nacional, cuatro días después, declaró haber sido objeto de malos tratos durante su detención. En la prisión de Badajoz se le detectó una costilla rota, por lo que presentó una demanda denunciando "golpes en la cabeza y sesiones de asfixia con una bolsa de plástico alrededor de la cabeza". También dijo haber sido víctima de "humillaciones y vejaciones sexuales, y amenazas de muerte y de violación".

El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid abrió una investigación y posteriormente sobreseyó y archivó el caso, lo que fue confirmado por la Audiencia Nacional, al no ser "posible identificar a los agentes que participaron en su arresto".

Meses después, en marzo de 2011, el Tribunal volvió a condenar a España por el mismo motivo. Esta vez, se trataba del caso de Aritz Beristain Ukar, detenido el 5 de septiembre de 2002 por actos de kale borroka. La multa también fue de 23.000 euros por no investigar las posibles tortura al detenido.

En los cinco días posteriores a su arresto, Beristain fue examinado varias veces por un médico forense tanto en San Sebastián como en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. En el primer examen se detectó "una herida lineal de 1,5 centímetros en el lado derecho de la cara a la altura de la mandíbula". Según el demandante, en el trayecto entre Donostia y Madrid "los agentes le colocaron una bolsa en la cabeza" y amenazaron a su familia. También aseguró que en Madrid "recibió golpes con una pistola" y le "introdujeron un objeto por el ano", aunque dice que no denunció los hechos por "el miedo a los agentes de la Guardia Civil que le vigilaban".

En septiembre de 2011 llegó una de las condenas más mediáticas de Estrasburgo contra España. El Tribunal obligó al Estado a indemnizar con 20.000 euros a Arnaldo Otegi, exportavoz de la ilegalizada Batasuna, por haber vulnerado su libertad de expresión al ser condenado por un delito de injurias al rey.

La condena, de un año de prisión, se basó en que Otegi, que era parlamentario de Sozialista Abertzaleak en 2003, hizo unas declaraciones refiriéndose al rey como "responsable de los torturadores", durante la visita que el monarca hizo a Bizkaia ese mismo año. El Tribunal criticó la "sobreprotección" del código penal español con el rey.

Estrasburgo sí que dio la razón a España en el juicio por la muerte de Lasa y Zabala en noviembre de 2010. El Tribunal examinó entonces las demandas presentadas en 2003 por los exagentes de la Guardia Civil Ángel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo; el exgeneral Enrique Rodríguez Galindo; y el exgobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga.

La Sala Tercera del Tribunal de Estrasburgo falló que España no violó los artículos 6.1 (derecho a un juicio justo), 6.2 (presunción de inocencia), y 6.3 (derechos de la defensa) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.