"Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos". Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, en el diario ABC, llegan en pleno aumento de la tensión en Gibraltar, por un conflicto pesquero tras los daños producidos por bloques de hormigón a un caladero de pesca de barcos españoles.

Respecto a las retenciones de tráfico -de más de tres horas- que se están produciendo en las salidas y entradas al Peñón, el ministro ha afirmado que "nuestros controles de la Verja son legales y va a haber más".

En una entrevista al diario ABC, Margallo ha apuntado que se está "recuperando todo lo recuperable de lo que cedió Moratinos". "Nunca antes de él un ministro español de Exteriores había puesto a Gibraltar al mismo nivel que Reino Unido y España y reconocido algo como el Foro Tripartito. Eso fue un disparate tan grande que hasta la sucesora socialista de Moratinos, Trinidad Jiménez, aunque no denuncio el Foro Tripartito como lo he hecho yo, jamás en la vida volvió a convocarlo", ha afirmado.

"Éramos optimistas ante las perspectivas de una solución consensuada para el tema de nuestra pesca, cuando de repente Gibraltar rompe todas las barajas ausentándose de la negociación y tomando una medida extrema como arrojar bloques de hormigón con pinchos que destruyen los caladeros. Con lo cual ya no hay caladeros ni pesca posible ni nada sobre lo que negociar... mientras no se retiren esos bloques", ha dicho Margallo.

ESTUDIA TASAS DE 50 EUROS PARA ENTRAR Y SALIR DEL PEÑÓN

Margallo ha indicado que España va a revisar su legislación en muchos sentidos "para atajar todo lo que no funciona". Así, ha hablado de cambiar la ley de juego, de cerrar espacio aéreo y de poner tasas para poder entrar y salir del Peñón, de unos 50 euros. "Esa recaudación nos vendría muy bien para ayudar a los pescadores damnificados por la destrucción de los caladeros", ha explicado en referencia a los bloques de hormigón que desde Gibraltar se han lanzado al mar en la zona de faena de pesqueros españoles.

Para el titular de Exteriores, se trata de un delito medioambiental "gravísimo" que, según ha apuntado, "se va a impedir" bloqueando la entrada de hormigón y otros materiales necesarios para cometerlo.

Por otra parte, Margallo también ha abogado por controlar las "irregularidades fiscales de los 6.000 gibraltareños con propiedad en Sotogrande (Cádiz)".