¿Por qué el Gobierno insiste en ayudas fiscales para los caseros si ya se sabe que eso no soluciona la crisis de la vivienda?

Como aquello que dicen de que, a veces, para avanzar hay que dar dos pasos hacia atrás, para acercarse con fineza a la actual crisis del acceso a la vivienda es necesario retroceder unos años. En concreto hasta la década de los 80, cuando España vuelve a la democracia después de 40 años de dictadura y el PSOE inicia un periplo en el Gobierno que se alargaría unos catorce años. Poco antes de dimitir (fue, de hecho, uno de los motivos) el exministro de Economía Miguel Boyer anunció un paquete de medidas de profundo impacto que, entre otras cosas, suponía la liberalización de los contratos de alquiler. Los arrendamientos dejaban de ser indefinidos y se abría la puerta a la temporalidad y, con ello, a una crisis que llega hasta hoy.

El conocido como Decreto Boyer buscaba, según el ministro, dinamizar la oferta, pero no era más que un giro neoliberal (tenía que ver poco con la socialdemocracia que los socialistas de Felipe González defendieron en campaña) que transformaba la vivienda en un bien de mercado. Quien explica muy bien esto es Jaime Palomera, autor de 'El secuestro de la vivienda', doctor en Antropología Económica e investigador en IDRA. "En los años 80, los cuerpos funcionariales del Estado bajo el PSOE tienen una base ideológica compartida, que nunca definirían como ideología sino como una cuestión técnica, que es heredera del liberalismo y el neoliberalismo; una base que entra con fuerza primero con Miguel Boyer y luego con Carlos Solchaga [sucesor de Boyer en el Ministerio de Economía]", cuenta. Según Palomera, Boyer y Solchaga introducen la necesidad de hacer convivir en políticas públicas "la inversión del Estado para garantizar algunos bienes y servicios" con las ayudas a la fiscalidad. Con la Doctrina Boyer, la vivienda quedaba en manos de los agentes privados.

Esa dinámica persistió con los años, incluso fue a peor. "Los gobiernos de PP y PSOE compartían ese credo", resume Palomera, que continúa: "Durante décadas, la gran política consistió en mezclar inversión pública con incentivos fiscales, pero luego se fio todo a las bonificaciones. Y si en un principio eran ayudas a la compra, a inicios del siglo XXI, el Gobierno de José María Aznar propuso los incentivos fiscales a los caseros. Su planteamiento era que, si se daban ayudas fiscales o tributarias, afloraría el stock de viviendas que estaban el mercado negro". Pero no sirvió. "El gran aumento en el registro de viviendas en alquiler se da a partir de la gran crisis económica de 2007 y 2008, no por efecto de la reforma de Aznar (2003)", relata el investigador.

De aquellos barros...

¿Por qué es importante retrotraerse a las políticas de antaño? Porque solo así puede entenderse que, una vez más, el actual Gobierno haya propuesto bonificaciones fiscales a los caseros. No es la primera vez que lo hace. Hace un año, Pedro Sánchez ya habló de ayudas fiscales a los caseros que pusieran sus viviendas al precio que marca el Índice Estatal de Referencia de Precios de Alquiler. Pero es que los caseros ya cuentan con ayudas fiscales. Veinte años después de la reforma de Aznar, el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó bonificaciones en el IRPF a los caseros que rehabilitaran la vivienda (rebaja del 60%); a quienes alquilan por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años (rebaja del 70%); o a quienes rebajan el precio en más de un 5% (rebaja del 90%). "Todavía estamos dentro de la ola neoliberal que predomina en las políticas públicas desde los años 80, pero ha entrado en crisis", asegura Jaime Palomera.

En esta misma línea, para Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la propuesta de esta semana de Pedro Sánchez "no es casual". "Durante décadas se ha asumido como algo natural que la vivienda sea un bien de inversión y no un derecho o una necesidad básica como es la educación o la sanidad; esta idea ha calado en las instituciones hasta el punto de que proteger la rentabilidad de los caseros se presenta como una necesidad económica, mientras se considera un coste proteger a quienes vivimos de alquiler", denuncia Pérez.

Dan igual los incentivos fiscales que se ofrezcan a los caseros, que benefician sobre todo a los grandes rentistas, a los más ricos; lo cierto es que, a pesar de todas las bonificaciones, el precio de la vivienda no ha dejado de crecer. Mientras unos pocos acumulan propiedades y riqueza, la inmensa mayoría tiene cada vez más problemas para acceder a una vivienda digna y a un precio asequible.

¿Cuál sería la solución?

Jaime Palomera aboga por una fiscalidad integral. No le parece mal que haya bonificaciones fiscales a los caseros, pero para aquellos que, "colaborando con la Administración, pongan sus casas en alquiler a un precio por debajo del mercado". "Hay que enviar un mensaje muy claro, necesitamos más vivienda asequible. Pero eso no se consigue si bonificas al 100% el IRPF a quienes ponen las viviendas a un precio que se aleja mucho del nivel de ingresos de la ciudadanía", comenta el investigador.

Este modelo iría acompañado, además, de una rebaja de impuestos para quienes quieren comprar su primera vivienda para vivir en ella, "ya sea en el IVA o en el Impuesto de Transmisión Patrimonial", siempre "con la condición de que no puedan vender la casa en el futuro a un precio más elevado". ¿El objetivo? "Que la vivienda no sea más un activo con el que especular". Por supuesto, a esto se sumaría un aumento de la fiscalidad a quienes quieran seguir ganando mucho dinero a costa de los demás.

"Más que un aumento fiscal, al final es hacer que paguen los mismos impuestos que los demás. En estos momentos, el modelo incentiva la acumulación de viviendas y su destino para usos lucrativos, porque hablamos del IRPF, pero es que nos olvidamos de que las viviendas turísticas pagan un IVA menor que el resto de las actividades económicas, las empresas con ocho pisos o más no pagan impuesto de sociedades... Es un modelo que premia al rentismo y penaliza al trabajador", denuncia Palomera.

La propuesta equilibraría la balanza. Y no supondría, como advierte en muchas ocasiones la patronal inmobiliaria, que desapareciera la oferta. "Por mucho que fiscalices una vivienda, el resultado siempre será positivo, siempre supondrá un ingreso muy sustancial, pero la rentabilidad no sería tan alta", dice Palomera. Algo muy parecido defiende Pablo Pérez, del Sindicato de Inquilinas: "Existe un miedo constante, muchas veces infundado, a esta idea de que, si se grava la especulación, la oferta desaparecerá. Al contrario, cuando no se regula, los precios suben, la vivienda se concentra en pocas manos y se expulsa a la gente de sus barrios. Es lo que hemos vivido en esta última década de burbuja en el mercado del alquiler. No se trata de premiar a quien ya acumula viviendas sino de penalizar los usos especulativos y de proteger el acceso a una vivienda digna. Gravar la especulación no es una medida radical sino una medida básica de justicia social".

¿Por qué no se hace?

Aunque esta dinámica neoliberal haya entrado en crisis, es normal preguntarse por qué, ante la investigación empírica, desde el Estado todavía no se termina de poner coto a los incentivos fiscales a los rentistas. Además de la mochila y el modelo heredado desde la década de los 80, hay otros factores que deben tenerse en cuenta. "Por un lado, los grandes rentistas, como los fondos de inversión, las SOCIMIS y los grandes tenedores tienen una capacidad de presión política y económica muy importante, a través de patronales como ASVAL, e influyen en la agenda pública, en el diseño de las leyes y en el discurso mediático, mientras que las personas inquilinas solo tenemos nuestra organización colectiva para hacernos escuchar", enfatiza Pablo Pérez.

Otra de las cuestiones es que, como comenta Jaime Palomera, una buena parte de los diputados y las diputadas en el Congreso "son propietarios no de una vivienda, sino de dos o tres". "En el Parlamento hay una sobrerrepresentación de este segmento, y piensan de verdad que se parecen a buena parte de la sociedad", explica Palomera, que analiza que, si bien "no es enorme, sí es un número importante".