POLÍTICA

La carrera de obstáculos del juez Castro para volver a imputar a la infanta Cristina

07/01/2014 22:11 CET | Actualizado 07/01/2014 22:12 CET
GTRES

Segundo asalto. El juez José Castro lo vuelve a intentar e imputa a la infanta Cristina por el caso Nóos. Lo hace en contra del criterio de la Fiscalía, como ya sucediera en el mes de abril.

En este segundo auto de imputación de la hija pequeña del rey, Castro deja patente el enfrentamiento que desde hace tiempo mantiene que el fiscal del caso, Pedro Horrach, al que dedica estos dos párrafos:

- "El digno representante del ministerio fiscal se empecina en el debate de si en este momento doña Cristina de Borbón es culpable o inocente, que en su esfera competencial sería tanto como calibrar si los elementos de juicio con que hoy cuenta posibilitarían el dirigir o no contra ella la acusación, cuando ese trámite, si es que ha de llegar, ya se verá tras su declaración y, en su caso, la práctica de las diligencias indispensables que de la misma pudieran derivarse".

- "Cuando se afirma categóricamente que una determinada resolución obedece a motivaciones ajenas a la legalidad (...) es que se están perdiendo las formas y eso no es deseable".

Horrach es uno de los obstáculos que Castro ha tenido que sortear hasta volver a imputar a la infanta Cristina, desde que lo hiciera por primera vez el 3 de abril de 2013.

A pesar de que ambos trabajaron codo con codo en el inicio de la instrucción, sus desavenencias han ido in cescendo desde aquel día y ahora se dedican reproches en los autos.

LA PRIMERA IMPUTACIÓN

Castro decidió imputar a la infanta en abril tras tomar declaración a su marido, Iñaki Urdangarin, y al exsocio de este en el Instituto Nóos, Diego Torres. De sus palabras y de los correos electrónicos de Torres, el magistrado extrajo "una serie de indicios" que le hacían dudar del papel que tuvo en Nóos y en la entidad mercantil Aizoon.

Tampoco lograba entender "que el rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido".

Dos meses antes de la imputación, la Fiscalía había asegurado que no existía ningún indicio contra la Casa Real ni contra la infanta Cristina y que el caso no afectaría a ningún miembro de la monarquía, al margen de Iñaki Urdangarin.

No tardó mucho el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, en recurrir la imputación de la hija menor del rey. Apenas dos días después emitía un auto en el que consideraba que la imputación suponía "cuando menos, un trato discriminatorio". Su alegación era todo un varapalo para el juez Castro: "El análisis de los indicios supuestamente incriminatorios que recoge el auto impugnado (...) no merecen tal consideración jurídica sino que constituyen meras circunstancias inocuas, inconsistentes y equívocas, en algunos casos, o meras sospechas personales, en otros".

A este escrito también se adhirió la Abogacía del Estado. Un escollo más.

El 7 de mayo llegaba la ya famosa 'desimputación' de la infanta, al aceptar la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma los recursos del fiscal y de la Abogacía.

LOS ESCOLLOS DE HACIENDA

En el auto de 'desimputación', la Audiencia dejaba abierta al juez la puerta del delito fiscal (razón por la que ha sido reimputada la infanta) y le instaba a pedir información a la Agencia Tributaria.

Y así lo hizo Castro, que acordó el 24 de mayo investigar si la infanta cometió delitos contra la Hacienda Pública como propietaria del 50% de Aizoon. Además, a las actuaciones del caso incorporó las últimas diez declaraciones de la renta de la infanta.

Sin embargo, un día antes, el magistrado ya contaba con el informe de la Agencia Tributaria encargado por el fiscal en el que se sostenía que no existían elementos para imputar a la hija menor del monarca y atribuía la totalidad de los ingresos a Aizoon a Urdangarin.

Manos a la obra en la investigación fiscal de la infanta, el 31 de mayo el magistrado ordenó a la Agencia Tributaria un informe sobre cuentas, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de Cristina de Borbón.

El informe que recibió, y que se conoció el 14 de junio, aseguraba que la infanta había vendido propiedades por valor de 1,4 millones de euros entre 2005 y 2006. Estas propiedades se encontraban en Alicante, Ciudad Real y Barcelona.

Nada más lejos de la realidad. Cuatro días después, Hacienda explicaba que dicho informe era erróneo y que habían atribuido fincas a la infanta por un error con su DNI.

El juez pidió entonces explicaciones a la Agencia Tributaria por el error y le recriminó no haber remitido otro informe rectificando el anterior. Castro veía al perro cada día más flaco y cada vez con más pulgas.

EL TRASLADO A VALENCIA

Antes del verano, las diferencias entre el juez y los fiscales eran más que evidentes. Tanto fue así, que Horrach quiso que la parte de la instrucción encargada de investigar lo que ocurrió en la Valencia Summit y los Juegos Europeos, quedara en manos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV).

Esto suponía apartar a Castro definitivamente y trasladar el caso a Valencia. El fiscal pidió al Tribunal que se imputara a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que son aforados por su condición de diputados. De haber aceptado el TSJV, cosa que no ocurrió, habría tenido que asumir por completo la causa y haber cerrado la instrucción. Camps y Barberá fueron citados como testigos.

LA OPOSICIÓN DE LA FISCALÍA

A esta nueva zancadilla se sumaban las constantes alusiones por parte del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a la falta de pruebas para volver a imputar a la infanta. Ora decía que no había "ningún elemento" para su imputación, ora exigía "datos objetivos" para ello.

Sin embargo, la sorpresa mayúscula llegó el 14 de noviembre, cuando el fiscal Horrach se adelantó al juez y, en un escrito, rechazaba imputar a la infanta Cristina antes de que el magistrado hubiera preguntado a las partes.

Sin haber escuchado los argumentos de Castro, la Fiscalía argumentaba que contra la hija menor del rey sólo existían "meras conjeturas o sospechas que no constituyen elementos válidos de imputación".

Cinco días después, el diario El Mundo publicaba que Urdangarin estaba negociando con el fiscal un pacto para eludir el juicio. Este pacto consistía en aceptar su culpa a cambio de penas rebajadas, que en el caso del marido de la infanta, no superaban los dos años de prisión, lo que le evitaría el paso por la cárcel.

"Ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía Anticorrupción han contemplado ni contemplan ningún pacto con ninguna de las partes en el denominado caso Nóos y por tanto no hay abierta ni va a haber ninguna negociación a este respecto", replicó ese mismo día el propio Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

Tras este tortuoso camino, Castro vuelve a imputar a la infanta Cristina y deja en su auto una frase que explica perfectamente la carrera de obstáculos que ha tenido que realizar:

"Cuando finalice la instrucción de esta pieza separada y se vuelva a la normalidad procesal, quizá pocas personas quieran recordar que para llamar a una persona a prestar declaración en calidad de imputada, trámite este que por millares se viene llevando a cabo cada día en los juzgados de España (...), se ha precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal".

El auto de Castro

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