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Críticas al Ejecutivo por el indulto a un guardia civil que grabó una agresión sexual

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GALLARDON CODIGO PENAL
EFE

La secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha exigido este domingo al Gobierno que retire el indulto concedido por el Ministerio de Justicia a un guardia civil que "grabó una agresión sexual y se mofó de ello".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este fin de semana, tal y como recogió el blog El Boe nuestro de cada día, un real decreto por el que se indulta a Manuel Arbesú González, condenado en febrero del año pasado por la Audiencia Provincial de Asturias por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Según informa Eldiario.es, el indultado es hijo de un concejal del PP en Lena (Asturias).

"Este indulto es una vergüenza, un ataque a la dignidad y a los derechos de las mujeres españolas y una humillación para las mujeres españolas", ha denunciado Causapié en una rueda de prensa.

La dirigente socialista ha recalcado que "no se puede plantear ante la sociedad que un hecho de estas características no tiene ninguna sanción social" y ha subrayado que "hay que trasladar el mensaje de que no vamos a permitir más agresiones a las mujeres".

La Audiencia Provincial de Asturias condenó a Arbesú a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis meses por unos hechos cometidos en el año 2011, lo que implica la pérdida de plaza de funcionario.

De acuerdo con la sentencia, el hombre subió a un tren con un amigo, que lanzó improperios de contenido sexual a una mujer sentada al lado, llegándole a tocar el pubis. Mientras, el guardia civil grababa todo con el móvil y se reía de la situación.

El real decreto conmuta ahora la pena por seis meses de multa, que se satisfará en cuotas diarias de tres euros, "a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años".

El indulto se concede "atendiendo a las circunstancias del condenado", en las que "concurren razones de justicia y equidad", y a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del pasado 30 de mayo, según publica el BOE.