Entrevista al juez Baltasar Garzón: "Sí existe el lawfare. Hay que poner nombre a las cosas para poder evitar que sucedan"

Hay en España muchas personas que pueden dar testimonio de lo que supone haber sufrido lo que se conoce como lawfare. El juez Baltasar Garzón pone como ejemplos al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a Mónica Oltra, Pablo Iglesias, Alberto Rodríguez, Vicky Rosell... Pero también él ha sufrido las consecuencias de una justicia instrumentalizada. En 2012, el Tribunal Supremo lo condenó a once años de inhabilitación por la interceptación de comunicaciones entre los máximos responsables de la trama de corrupción Gürtel. Antes, lo habían intentado cuando quiso investigar los crímenes del franquismo. Ambas sentencias, no obstante, fueron puestas en duda por Naciones Unidas. A finales de agosto de 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que los juicios "fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad judicial". Fue la primera vez que el organismo condenó a un Estado, el español, "por el uso del derecho penal contra un juez".

Con todo, el magistrado, iniciada ya la séptima década de su vida, prefiere no caer en el lamento y, como él mismo escribe en el libro que acaba de publicar, 'La democracia amenazada' (Editorial Planeta), opta por seguir "haciendo gala de una ingenuidad" que hasta le sorprende. A pesar de todo, dice, "merece la pena seguir en la brecha para luchar por un futuro en el que las normas sean la confianza, la justicia, la paz, la solidaridad, la dignidad, la pluralidad y la democracia". Sostiene que para hacerlo, sin embargo, hay que tener muy presentes las amenazas que enfrenta la sociedad y el mundo en general, desde el propio lawfare hasta las políticas racistas y la desinformación. De todo ello hablamos con Baltasar Garzón.

Lo del festín caníbal es una figura retórica, evidentemente, no quiero acusar yo a nadie de comerse a personas... Aunque acabar con la profesión de una persona supone una especie de muerte civil. En lugar de utilizar el término anglófono lawfare, que procede de los años 70, a lo mejor podemos decir instrumentalización del derecho, politización de la justicia o judicialización de la política, pero como lo británico y el inglés tienen tanta importancia, al final nos hemos quedado con esa figura. Lawfare es una guerra híbrida en la que, utilizando mecanismos del derecho, se consiguen fines ajenos al derecho, pero puede tener muchos orígenes, no necesariamente el judicial. El lawfare puede provenir del ámbito mediático, con intereses corporativos y económico-financieros; o del ámbito político, desde donde puede ser instrumentado el poder judicial sin ser partícipe o siéndolo, interpretando las normas de una determinada forma o dando entrada a actores procesales que no están precisamente para favorecer la defensa de la sociedad sino con una finalidad política concreta. Eso es lo que trato de ejemplificar en el libro. Creo que sí existe el lawfare, o la instrumentalización de la justicia. Afortunadamente, el sistema judicial español, los representantes judiciales y el Ministerio Fiscal, funciona en su gran mayoría como debe, pero luego ocurren hechos con un reflejo mucho más potente, con trascendencia mediática, política o institucional. Eso es lo que está ocurriendo por ejemplo con el procedimiento contra el hermano del presidente, contra la mujer del presidente, contra el fiscal general del Estado, contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, contra Mónica Oltra... Es decir, hay una serie de procedimientos en los que se puede plantear la posibilidad de que exista lawfare. ¿Por qué tememos hablar, por ejemplo, de que pudo haber una instrumentalización política en el procedimiento del procés? Todo esto, en su conjunto, puede dar la impresión de que existe lawfare. Si diseccionamos cada procedimiento, veremos que hay elementos que confirman o desmienten esa presencia. Pero hay casos como el de la magistrada Vicky Rosell, Pablo Iglesias, Podemos, el caso Neurona, el del diputado de Podemos...

Alberto Rodríguez... Es decir, ha habido ejemplos en los que ha podido haber o ha habido una instrumentalización del derecho y persecuciones concretas. Pensemos también en la llamada policía patriótica. Si se conjuntan mecanismos de distinto nivel dan un resultado perverso. Eso es lo que conocemos como lawfare.

Yo pongo un ejemplo para eso. Para mí, la utilización que determinados colectivos u organizaciones, asociaciones o corporaciones están haciendo de la acusación popular es una clara práctica de lawfare. Es decir, hay colectivos que aparecen en todos los casos de acciones judiciales contra el Gobierno o contra aledaños del Gobierno. Siempre son los mismos. ¿Qué pasa? ¿Se han convertido Hazte Oír, Manos Limpias y otros similares en paladines de la democracia española? ¿Esos son los defensores y los que titulan la acción popular en España en beneficio de todos? No, yo creo que no, responden a unos intereses políticos concretos. No me meto en calificarlos, pero sí en que tienen unos intereses y una trascendencia política clarísima. Porque inmediatamente vemos cómo hay actuaciones o reacciones políticas y trascendencia mediática. Si analizas esto y pones negro sobre blanco, vas a decir: 'Qué raro. Esto no es normal'. Y siempre en los mismos escenarios. Eso para mí es lawfare.

Criticar al poder judicial o las resoluciones judiciales no es malo, es saludable. Yo he sido juez durante 34 años de mi vida y a lo largo de esos años he recibido muchísimas críticas en mis decisiones judiciales. He recibido apoyos, que saben muy bien, pero también críticas que tienes que encajar, y algunas merecidas. ¿Por qué? Pues porque has optado por una interpretación determinada del derecho que no era de recibo para algunas personas o molestaba a otros, o incluso que era equivocada. ¿Entonces por qué no vas a aceptar las críticas? Eso no es atacar la independencia judicial. Ahora hay procesos en la Audiencia Nacional en los que nadie está cuestionando o impidiendo que los jueces tomen decisiones. Las están tomando, y las están tomando bien y drásticamente, con contundencia. ¿Dónde está el ataque al poder judicial? No entiendo bien esa decisión de la Comisión Permanente del CGPJ y lo entiendo menos cuando simultáneamente se dice que también hay que defender el derecho a defensa. Hay un desequilibro absoluto. ¿Dónde ha quedado el derecho de defensa? Ha sido masacrado desde que surgió la investigación (por cierto, ya no se dice nunca investigado, aunque desde 2015 se obligue a ello, se dice imputado para hacer más fuerza) de Zapatero, o de lo que ha pasado ahora [Garzón se refiere a la entrada de la UCO en Ferraz, sede del PSOE]. Hubo un requerimiento judicial y antes de llegar a cumplirse ya estaban todos los medios de comunicación allí cuando teóricamente tenía que ser reservado. Alguien hizo de correa de transmisión. El impacto público y político de eso es evidente. El desarrollo de ese impacto trasciende y comienza la utilización. Si a eso le sumas que el PP ha convocado a Salvador Illa a la Comisión Koldo del Senado porque parece que aparecen referenciados... ¿Cómo llamaría usted eso? Para mí es lawfare. Pongámosle nombre a las cosas y, a partir de ahí, pongámosle coto, evitemos que sea así. El ejercicio de la acusación popular, una institución con rango constitucional y que ha desarroollado importantes escenarios en España, en la jurisdicción universal, no se puede desmerecer y desvalorar a este nivel. Eso contribuye a generar desconfianza en la justicia y que hoy hablemos de esto.

Hay que recuperar la confianza en la justicia, y esa confianza no se recupera con comunicados ni con afirmaciones corporativas. Se recupera con resoluciones comprensibles, entendibles, que se vea que hay una acción rígida y, si hay alguien que quebranta una norma, que se responda; o si hay un bulo que llega incluso a provocar un procedimiento penal y al final una condena al fiscal general del Estado, que se descubra. Nadie ha procedido todavía contra el que generó el bulo, y quedó demostrado que lo era en la propia sentencia, un tema que también trato en el libro.

Hay ejemplos muy dolorosos. Lula no pudo presentarse a unas elecciones, aunque después lo hiciera y ganara. Recuerdo como si fuera hoy cuando fui a visitarle a la cárcel de Curitiba. Estuve hablando con él y tenía energía y confianza en que saldría adelante, pero también en que jamás iba a transigir. O Kirchner, a quien he visto en marzo de este año en su arresto domiciliario, de donde no puede salir. Incluso se le prohíbe salir al balcón para que no se conciten personas en su apoyo. Y ahora sabemos que los propios empresarios que declararon en el caso Cuadernos han reconocido que fueron coaccionados, pero el daño ya está hecho. Ya no tiene remedio. O Rafael Correa u otra serie de personas que en un momento determinado han sido objeto de persecución. El de Jorge Glass es un caso menos conocido. Fue vicepresidente de Ecuador y está muriéndose preso injustamente, sin posibilidad casi de recuperación. Esto son realidades. En España no tenemos ejemplos tan drásticos, pero el camino por el que vamos, si no somos capaces de discernir lo que es apoyo corporativo de lo que es exigencia de responsabilidad judicial, nos va a ir muy mal. Eso no significa interferencia en la acción de la justicia. Yo, como he dicho antes, he sido juez durante muchos años y hubo muchas tensiones, investigaciones muy complejas, pero nunca me he sentido inquietado. Y si ha habido intención, puse los cortafuegos correspondientes o denuncié la situación y cumplí con mi obligación. Incluso acudí al CGPJ y no me dio amparo.

Tendremos que esperar a ver exactamente cómo se destila ese tema. Por lo que ha trascendido, parece que obedece a un envío del contenido de un aparato telefónico por el Homeland Security Investigation, que ni siquiera es el Departamento de Seguridad Nacional.

Sí, por eso digo que tenemos que esperar, porque probablemente en este tema ni siquiera hubo el control judicial especial. Hay precedentes ya, incluso en investigaciones de crímenes de terrorismo yihadista, donde investigaciones que vinieron desde Estados Unidos no fueron tenidas en cuenta por la falta de garantías. Pero bueno, ya estamos viendo lo que acontece en el mundo de la mano de la Administración estadounidense. No hace falta más que irse al Caribe y ver lo que ocurrió en Venezuela con el secuestro y traslado del presidente Nicolás Maduro y su esposa y la eliminación de más de 100 personas, o las lanchas en el Caribe o en el Pacífico de Colombia, o Irán, o Gaza... El poder de la voluntad es el único límite. El propio presidente de Estados Unidos dijo que solo atendía a su concepción de la moralidad y de la ética. Es lo mismo que dijo George W. Bush en la guerra de Irak, que solo era lo que creía, qué importa que después se supiera que todo obedecía a un planteamiento falso. Las consecuencias ya se produjeron. Todo esto es lo que denuncio en el libro, algo que amenaza sustancialmente a la democracia con planteamientos postfascistas o, salvando las distancias históricas, de un fascismo en el sentido de que se están subvirtiendo los mecanismos de control y protección de los derechos fundamentales. Qué decir del ICE, de la intervención y represión de las migraciones en Estados Unidos, o de las expulsiones masivas a El Salvador... Estamos viendo muchas cosas, hay que ser conscientes de que estamos en riesgo grave en lo que se refiere a la democracia liberal y representativa. Asistimos a fuerzas oscuras claramente concitadas con una internacional de extrema derecha que no se ocultan. El último ejemplo, la reunión en Portugal en la que abogaban por la raza blanca...

Ya no se ocultan. Si todavía no somos capaces de darnos cuenta de que hay un riesgo grave a la democracia y tenemos que fortalecer los criterios de protección de los derechos vamos a ir mal.

Sí, efectivamente, ya no llegó la edición del libro a tener presente este último giro de la UE, que contradice un poco la propia postura de la judicatura italiana que había paralizado el tema de Albania. Ahora ya se acepta esa posibilidad. A mí me parece aberrante, es un giro muy peligroso porque, aunque se diga en las resoluciones que prevalecerá la protección de los derechos humanos, una vez que alguien esté en un centro de detención en Libia, ¿cómo se van a controlar los derechos humanos si está en un Estado fallido controlado en parte por organizaciones criminales? Nos encontramos ante un fenómeno que las instituciones no saben abordar. El planteamiento del Gobierno español quizás es el más coherente y solvente que se está desarrollando, que es el de integrar a las personas y generar dinámicas de colaboración y cooperación con los países de origen para que el fenómeno migratorio no sea tal.

En Cuba lo están haciendo de una forma más cruel si cabe. Están sometidos a un cerco de carencia humanitaria todavía mayor y a una serie de amenazas que provocan que hoy mismo se vea en portadas cómo empresas españolas se van del país.

Pero es que esto no es de ahora. Ya había demandas presentadas masivamente en tribunales de Miami reclamando tierras que ocuparon las empresas españolas porque consideraban que eran suyas, como si la Revolución cubana no hubiera existido. Borramos 70 años de historia de Cuba porque lo decide Estados Unidos, y asumimos procedimientos de investigación de Fiscalías estadounidenses porque los demás son todos unos delincuentes, todos, el mundo mundial. O el caso de los fiscales o jueces de la Corte Penal Internacional, que son sancionados por Estados Unidos por cumplir con la ley, con un Estatuto [el de Roma] vigente y con una UE silente. Es tremendo. Toda la UE está en el Estatuto de Roma. Seamos capaces de confrontar de una vez y no de lamentarnos.

Pero hay que intentarlo. Para el 25 de junio algunas organizaciones de la sociedad civil haremos un acto de reivindicación y apoyo a jueces de la CPI. Es lo poco que podemos hacer, pero claro, no sustituimos a los gobiernos. Lo que sí podemos hacer es denunciar, cumplir cada uno en el sentido contrario a lo que dice Aznar, eso del que pueda hacer que haga, sino en cumplimiento del derecho internacional, sumando avances de la mano de organizaciones civiles y de resistencia de la sociedad. En el libro animo a esa resistencia social, es casi una obligación. Si no, vamos a tener un escenario muy complicado, no solo para los jóvenes sino también para los que ya no somos tan jóvenes.

A mí me preocupa mucho que haya resoluciones judiciales que, cuando se hacen manifestaciones con exhibiciones de símbolos franquistas, digan que no es suficiente para prohibirlas. Se usan mecanismos de reivindicación del franquismo que en otros países, como Italia o Alemania, no se permitirían. Me da mucho reparo y pena que la justicia española no haya sido capaz de discernir lo que es la protección de las víctimas, el derecho a investigación, con una decisión negativa de consolidación de la impunidad. No beneficia a nadie. Yo no apliqué la ley de Amnistía de 1977, sino los estándares internacionales que dicen que una amnistía no puede proteger a los crímenes contra la comunidad, los crímenes más atroces. Esa es la línea que la ley actual de Memoria Democrática establece. La Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos está también intentando avanzar con procedimientos de justicia restaurativa, a través de la jurisdicción voluntaria. Pero hay que profundizar en investigaciones penales, sería reparador. Aunque el victimario esté muerto, la víctima puede recibir la reparación de saber que su ancestro, su padre, abuelo o bisabuelo, fue asesinado por un tiro en la cabeza o torturado, y eso lo dirá una resolución judicial. Hay una especie de amnesia en la justicia española que es responsable de que todavía sigamos reclamando justicia para las víctimas. Somos el único ejemplo en Europa de no haber sido capaces de dar una solución a esto. Y además con la amenaza de que, si gana una opción política diferente lo primero que harán, ya lo han dicho, es eliminar las leyes de memoria.

Claro, desde hace mucho tiempo aquí no se hizo nada, y hubo gobiernos progresistas. Vamos a ver si con la Comisión de la Verdad somos capaces de avanzar algo, si nos da tiempo. Habrá que intentarlo porque las víctimas merecen ese compromiso.

Sí, estuve con él. Está bastante recuperado, aunque durante mucho tiempo no ha querido tener contacto con nadie porque anímica y familiarmente tenía que recomponerse. Evidentemente hubo un intento de aniquilación absoluta. Estuvo 12 años encerrado, primero en la embajada de Ecuador y luego en la prisión de Belmarsh, en condiciones inhumanas. Salió, pero lógicamente los términos que firmó le impiden hablar o desarrollar comportamientos determinados porque si no podría reactivarse la acción penal, pero está empezando a hacer lo que mejor que sabe, ser periodista y comprometerse con las causas justas. Afortunadamente todavía tiene energía y cabeza para hacerlo.