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España decide

12/08/2013 06:46 CEST | Actualizado 11/10/2013 11:12 CEST

A menudo los políticos utilizan expresiones como "hecho diferencial catalán", o bien "singularidad catalana", "peculiar personalidad de Cataluña" u otras fórmulas similares. Desde que comenzó a interesarme la información política me intrigó el uso de estas expresiones, en parte por ser yo natural de Barcelona y no descubrirme hecho diferencial alguno. Con el tiempo, no sé si con razón o no, llegué a la conclusión de que la singularidad, la peculiaridad o el hecho catalán, no radica en rasgo individual ni en personalidad colectiva, ni en carácter común de un pueblo, y que esas expresiones de uso político son formas educadas, amables, de expresar que una parte significativa de la población catalana no se siente española, no se identifica con los símbolos, instituciones e idioma común de los españoles, y en cambio sí se identifica con otros símbolos, otro idioma y otras instituciones. De entre estos, algunos no quieren ser españoles bajo ningún concepto; otros aceptan serlo a condición de que no se lo recuerden demasiado a menudo y puedan hacer su vida como si España no existiera.

Esto no nos convierte a los catalanes en especiales, singulares, peculiares, superiores ni con más derechos que otros españoles, ni como individuos ni como comunidad. Ni a los catalanes en general, ni a los que se sienten poco o nada españoles. No somos singulares. Sucede que una parte significativa de la población catalana no se reconoce en la patria española, ni en los símbolos españoles, y eso requiere una respuesta política que permita una convivencia razonable.

Esa respuesta política tiene que permitir, también, que la parte de la población catalana, igualmente significativa, que sí se siente española, igualmente española y catalana, o que tampoco se considera especialmente identificada con un patriotismo alternativo al español, no se vea empujada a comulgar con el catalanismo. Hay, por lo tanto, dos cuestiones catalanas: la relación de Cataluña con el resto de España y el pacto de convivencia en la sociedad catalana, donde, como es sabido, no existe unanimidad de sentimientos patrios ni de identificación con símbolos e idiomas. En esos acuerdos de convivencia no está todo escrito y sellado. Se tejen pactos tácitos, hay zonas de discusión y desacuerdo, algunos discrepan mucho, muchos discrepan en algo, pero la mayoría entiende que entre los catalanes se ha alcanzado un nivel de convivencia más que razonable.

Ahora vivimos una sobredosis de exaltación patriótica, que previsiblemente irá en aumento en los próximos meses, y puede que eso provoque algún rechazo, aunque solo sea por un instintivo disgusto ante la petición de adhesiones inquebrantables. Puede que exista riesgo de erosión de esos pactos tácitos internos. Quizá sea solo una impresión personal equivocada, pero parece que los impulsores de la independencia catalana promueven un país a la medida de su personal biografía sentimental, y del lema "Un país? Catalunya. Una llengua? El català. Un somni? La llibertat". Si yo fuera independentista o tuviera interés en promover la independencia de Cataluña, procuraría que en los actos públicos, propuestas, declaraciones, escenificación y gestos del movimiento independentista, más aún cuando se tratara de gobernantes, quedara claro que en el país que se proyecta hay espacio para los que no piensan ni se sienten como los promotores. Que se proyecta un país, no una comunidad de afines.

Regreso a la primera cuestión: la respuesta política que la Constitución ofreció al llamado hecho diferencial fue la autonomía, en el marco del Estado de las Autonomías. Con el paso de los años, Cataluña se ha convertido en una autonomía más, y eso no se corresponde con la realidad política española. No porque los catalanes seamos especiales, diferentes, singulares, peculiares o tengamos un hecho. No. Conviene remarcarlo, porque llevamos tantos años hablando de la "diferencia" y del "derecho a ser diferente" que acabamos por confundirnos. Esos eufemismos bienintencionados han resultado perversos, porque han provocado una pregunta obvia en el resto de España: ¿qué tienen los catalanes que no tengamos los demás? ¿Qué tienen los catalanes de diferente, de peculiar o singular? ¿La lengua, la historia, la fuerte personalidad? Estas preguntas conducen a una respuesta política igualmente obvia: puesto que nadie es más que nadie, todas las autonomías son iguales.

Los catalanes, como individuos y como colectivo, somos como cualquiera, pero Cataluña no es una autonomía más, como no lo es la del País Vasco, porque en las dos comunidades existe una parte significativa de la población que no se identifica con España. También sucede en Galicia, aunque la hegemonía en la derecha del PP gallego hace que esta comunidad quede más integrada en el sistema político español general. El idioma es un factor muy importante en la identificación sentimental, pero residenciar el hecho diferencial en el idioma propio es otro recurso amable para eludir la realidad. En otras comunidades existe idioma propio. El hecho político, incómodo, está en el rechazo (o la discusión) de la identidad española, no en la fuerte personalidad, la cultura o la historia. En la etapa constitucional se disimuló esta realidad incómoda con eufemismos y hemos acabado operando en política como si los eufemismos fueran la realidad.

Haber justificado políticamente el autogobierno catalán en expresiones equívocas durante tantos años ha propiciado desconfianza, recelo, y la sospecha de que bajo un discurso sinuoso se esconde la reclamación de dinero para la obtención de privilegios: mejores servicios, mejores carreteras, mejores instalaciones, mayor calidad de vida. La igualdad de derechos entre los españoles no tiene que ver con la igualdad entre administraciones. Igualdad de derechos entre españoles, por supuesto. Pero, ¿igualdad entre administraciones? ¿Por qué? Cataluña no es más importante, ni los catalanes especiales, pero ¿por qué ofrecer la misma fórmula para realidades políticas distintas?

Durante años se ha cultivado la idea de que el autogobierno, cualquier autogobierno, no es más que un subterfugio para obtener ventajas económicas, y ahora es muy difícil argumentar sobre cuestiones políticas. Es un debate cargado de suspicacias, se superpone una pelea de poder político y económico, pero por más vueltas que demos, en el final del camino nos encontraremos a una parte significativa de la población catalana, en la izquierda y en la derecha, que no se identifica con el país que figura en su pasaporte. Tengan razón o no, tengan razones o no. Es así, tozudamente. ¿Se puede ofrecer una respuesta?

El PP y el PSOE rechazan que Cataluña decida por sí sola la respuesta política. Apelan a la soberanía española, pero tampoco impulsan una respuesta de las instituciones españolas, y eso parece el juego de la soberanía del hortelano, que ni decide ni deja decidir. Nada impediría que PP y PSOE pudieran plantearse si merece la pena repensar la fórmula actualmente vigente del Estado de las Autonomías, a la vista de que Cataluña, una de las nacionalidades que justificaron el acuerdo territorial de 1978, lo está cuestionando. Nada impediría que el conjunto de los españoles, en uso de su soberanía, se pronunciara sobre una reforma constitucional que atendiera, recogiera o tuviera en cuenta una petición institucional catalana. No por el interés de Cataluña, sino por el interés de España (del conjunto de España), para adecuar la organización territorial a la realidad.

Puede pensarse que cualquier movimiento en esa dirección sería estéril. El PSOE, con mucho esfuerzo interno, ha elaborado una propuesta de compromiso que en Cataluña ha sido recibida con entusiasmo no registrado por los sismógrafos. Pero el PSOE está en la oposición. Distinto significado político tendría un movimiento del PP, del Gobierno, o una acción conjunta en la política española. ¿Es posible, no lo es, no procede, conviene no hacer nada?

De esa respuesta depende que muchos catalanes se inclinen hacia un lado o hacia otro entre el grupo de los que no se identifican con la patria española bajo ningún concepto y el de quienes la aceptan a condición de que no se lo recuerden demasiado. Depende también de esa respuesta que los catalanes que sí se sienten españoles, o españoles y catalanes a la vez, dispongan de argumentos para el debate interno; y que aquellos que no sienten una pasión especial por el patriotismo alternativo perciban que tienen algún motivo para oponerse a la corriente.

Mientras la política española ofrezca silencio o indiferencia, en las calles de Cataluña, en las conversaciones de cafetería, en las puertas de las escuelas, en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales solo se escuchará: "¿Un país? Cataluña. ¿Una lengua? El catalán. ¿Un sueño? La libertad".