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Debate con Monedero sobre la transición

09/07/2015 07:24 CEST | Actualizado 08/07/2016 11:12 CEST
EFE

Un reciente curso de verano en la Universidad Pública de Navarra, dirigido por el profesor Jorge Urdanoz, sobre Transición, Constitución y Democracia tras el 15-M, se inició, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de Berriozar, el 22 de junio último, con sendas intervenciones de Juan Carlos Monedero, uno de los promotores de Podemos, y yo, del equipo fundador de El País, seguidas de una mesa redonda. Las posiciones enfrentadas de los dos ponentes aparecían explícitas en el programa del curso. La de Monedero era Transición: de aquellos barros, estos lodos; y la mía, Los constituyentes lo hicieron bien, los constituidos... ¡de pena! (Coincidimos los dos en escribir transición con minúscula.)

No puedo, ni quiero, hacer la crónica de aquel debate, pero sí me atrevo a resaltar algunas de las diferencias más sobresalientes o llamativas. Previamente, resultó curioso que la expectación mediática suscitada por Monedero, quien tardó más de lo previsto en llegar a Berriozar, intentamos momentáneamente suplirla Urdanoz y yo, atendiendo a los chicos de la prensa, que nos hicieron algunas preguntas, pero a quienes solo interesaba lo que quisiera decir el político, que finalmente llegó y contestó a los informadores.

Apoyándome en mi condición de testigo directo del proceso constituyente, relaté que hubo un momento de riesgo real de que la Constitución, cuyo primer borrador elaboraban los famosos siete ponentes (tres de UCD, uno del PSOE, otro del PCE, otro de AP y otro de Minoría Catalana), fuera el fruto de lo que entonces llamábamos la "mayoría mecánica", es decir, Unión de Centro Democrático más Alianza Popular. Resalté que ello habría significado no tocar la pena de muerte, no potenciar los derechos humanos ni reforzar las libertades ni reconocer el derecho de huelga ni establecer la aconfesionalidad del Estado ni contemplar la disolución del matrimonio.

Y tal producto ni siquiera habría podido tacharse de antidemocrático, ateniéndose a la contabilidad de los votos que lo respaldarían. El ensanchamiento del consenso, para que entraran en él la izquierda y los nacionalistas, llevó consigo que AP quedara muchas veces en minoría y que la mitad de sus 16 diputados no votaran a favor del texto final.

Fraga y Carrillo

Pues bien, Monedero mantuvo insistentemente que la Constitución fue obra de Fraga y después agregó que quien, como él, fue ministro de Franco y, por lo tanto, había firmado penas de muerte, no debería haber participado en la elaboración de la Constitución. Cuando le reproché que defendiera la supresión de Fraga como constituyente (las primeras elecciones democráticas del 15-J de 1977 le habían dado 16 escaños), Monedero se enfadó, tal vez con razón, por si de mis palabras podía deducirse que él estimara procedente ejecutar al ministro de Franco, lo cual no era cierto.

Tampoco estuvo de acuerdo Monedero con la actitud constituyente de Santiago Carrillo, quien siempre creyó que sus decisiones de aceptar en aquel momento la bandera roja y gualda y la Monarquía parlamentaria tal vez contribuyeron a evitar un enfrentamiento bélico y establecer las reglas del juego político democrático.

En algún momento del debate, como cuando Monedero defendió la falta de garantías establecida en el artículo 53 de la Constitución para la protección de derechos sociales y económicos básicos, pedí al moderador del debate, el profesor Ricardo Feliu, que me dejara intervenir. Un tanto sorprendido, Monedero escuchó que yo estaba bastante de acuerdo con lo que él estaba defendiendo. Y también es cierto que cuando, después del debate, le pregunté sobre la propuesta, que recojo en mi libro Democracia de papel, de ampliar el derecho al voto desde los 16 años, Monedero dijo que le parecía bien.

Monedero resaltó la impunidad de los crímenes franquistas durante la transición y cómo la Ley de Amnistía actuó como una ley de punto final. Yo recordé que quienes gritaban "¡Libertad, amnistía y estatuto de autonomía!" no eran los torturadores franquistas ni los responsables de que los cadáveres de republicanos ejecutados permanecieran amontonados en fosas. Admití esas y otras carencias de la transición, vistas desde hoy, pero apelé a la primacía que tenía entonces establecer las reglas del juego político, mediante una Constitución democrática, que proporcionara también herramientas jurídicas para castigar los crímenes franquistas. Y recordé que cuando Baltasar Garzón intentó usar esas herramientas para investigar esos crímenes, terminó siendo inhabilitado como juez.

Manuel García Pelayo

Uno de los ejemplos de buen funcionamiento de la transición que expuse fue la elección, en 1980, por los magistrados del Tribunal Constitucional, como presidente, del constitucionalista republicano Manuel García Pelayo, en lugar del catedrático de Derecho Mercantil y ex ministro de Educación Aurelio Menéndez, propugnado por Adolfo Suárez para esa presidencia. Monedero aseguró que García Pelayo cedió a la presión socialista al resolver, con su voto de calidad, el empate del tribunal sobre la expropiación de Rumasa.

Me produjo pena la coincidencia de Monedero, en ese punto, con periodistas y comunicadores de la caverna mediática, que han tratado de denigrar a aquel jurista independiente. Y le recordé lo que tantas veces ha explicado Francisco Rubio Llorente, apelando al derecho comparado: el voto de calidad no es relevante en favor de la decisión política impugnada, ya que en países en que no existe, el propio empate opera a favor de que prevalezca el acto en discusión; en cambio, sí fue determinante el voto de calidad de García Pelayo para resolver en contra del Gobierno socialista el inicial proyecto de ley del aborto, que hubo que rehacer.

Monedero insistió en que cada generación debe hacer su propia Constitución, y yo defendí que es necesaria una reforma constitucional, pero que no parta de cero, porque el hecho de que la de 1978 se hiciera tras cuarenta años de franquismo contribuyó a que pusiera el acento en las libertades y los derechos humanos, que los poderes constituidos no han desarrollado adecuadamente (de hecho, con la reciente ley Mordaza, el PP actúa contra la Constitución, como en su tiempo ocurrió con la socialista de La patada en la puerta, para facilitar los registros policiales, corregida por el TC).

Recordé que, a la búsqueda de votos, los partidos emergentes dan prioridad hoy a problemas relacionados con los derechos económicos, y hacen muy bien, como el fin de los desahucios, mientras que en cuestiones que afectan a menos gente, pero que son aberrantes en una democracia, como la tortura, no se potencia su erradicación, a pesar de que constitucionalmente el artículo 15 exige que, "en ningún caso", nadie puede ser sometido a "tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". La base constitucional es inmejorable. Solo falta la voluntad política para que no haya ni un caso.

Carlos Jiménez Villarejo y Manuela Carmena

Monedero excitó a la lectura de los programas de Podemos en materia de derechos humanos y, en concreto, se refirió al programa electoral de las elecciones europeas. Como prueba, esgrimió que el número dos de su lista de candidatos fue Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe Anticorrupción.

Puestos a recordar candidatos veteranos, invoqué a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aplaudida por Monedero y otros dirigentes de Podemos y ejemplo vivo de una aplicación decente de los principales valores democráticos de la Constitución de 1978, en concreto, la erradicación de la tortura.

Monedero mostró su extrañeza, porque no creía apropiado que en el programa para las elecciones municipales se aludiera a la tortura. Le di la razón, pero apelé a la trayectoria anterior de la hoy alcaldesa, cuando, como juez, se avergonzaba de la respuesta judicial a las denuncias de torturas.

Como había señalado en mi intervención inicial: "El ejemplo de Manuela Carmena, con más de 70 años, debe hacer pensar a los jóvenes de Podemos que se relacionan con ella y que la aplauden, que sin ser una política nueva, es una persona que practica, desde hace décadas, la mejor política posible, la democrática. Y eso lleva consigo una aplicación decente y avanzada de la Constitución [sin necesidad de hacer una nueva] y (...) de los valores de esa Ley de Leyes, en la que se encuentran las bases de una política democrática", que los partidos hegemónicos no han aplicado suficientemente; pero tampoco los partidos emergentes pueden atribuir los actuales lodos a los polvos y barros procedentes de la transición.

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