Somos multitud los conductores que desde hace años venimos diciendo que los actuales límites de velocidad máxima en autovías y autopistas son anacrónicos y que fueron establecidos hace más de 40 años, cuando las condiciones del tráfico y los elementos de seguridad de vehículos y vías eran muy diferentes.

El argumento para no modificar estos límites siempre ha sido el mismo: la seguridad. Nunca nos convenció esa gigantesca mentira y ahora, una iniciativa parlamentaria lo vuelve a poner de manifiesto.

Dice un viejo aforismo que los inventos "son esas cosas ingeniosas sobre las que poder aplicar un impuesto". Los Estados han sido ávidos en aplicarlos: desde el té (que originó la independencia americana) hasta la energía. Acabarán cobrándonos por la sombra, como en la obra de Durrenmatt.

La velocidad no podía ser ajena a este afán recaudatorio. Todavía no hace mucho tiempo Renfe cobraba "suplemento de velocidad". No se si seguirá existiendo, pero es un ejemplo significativo de que la velocidad era un bien sobre el que aplicar una tasa. Cuando se implantó el límite, en 1974, se argumentó que era necesario para reducir el consumo de petróleo, que el conflicto árabe-israelí había puesto por las nubes: la gasolina subió hasta 17 pesetas (poco más de 10 céntimos de euro). El petróleo continuó subiendo y el Estado llenando sus arcas con impuestos que casi llegan al 50 por ciento.

Y de manera muy sibilina, la velocidad comenzó a recaudar millones de pesetas primero y de euros después, con una limitación genérica restrictiva y claramente desfasada. Para este año 2012 la DGT prevé imponer 3,8 millones de denuncias, la mayoría de las cuales son por exceso de velocidad, sin riesgo ni para el conductor ni para otros usuarios de las vías. Precisamente por ese afán recaudatorio la mayoría de los controles y sanciones se llevan a cabo en tramos de vía donde no existe un riesgo específico. Desconozco los millones de Euros que el Estado ha recaudado por establecer un límite de velocidad, pero estamos hablando de miles de millones. Bienvenidos sean si han servido para salvar vidas, pero lo que ahora se pone de manifiesto es que este beneficio en seguridad les importa una higa. Que lo que interesa es ayudar a las poderosas empresas concesionarias de autopistas, a su vez, soportadas por la banca.

En estos últimos años el encarecimiento de los peajes y los combustibles ha reducido de manera drástica el uso de las vías de pago; hasta el extremo de que varias de ellas están en situación de quiebra técnica o en fase concursal. La utilización de las autopistas de peaje viene descendiendo desde antes del inicio de la crisis, pese al incremento del parque automovilístico, lo que pone en una situación muy delicada a las entidades concesionarias, como hemos mencionado.

Para ello, desde el Gobierno, se pretende incrementar el uso de las autopistas. Y para ello, no se les ha ocurrido bajar los peajes, no, sino permitir que se circule más deprisa y sea mas rentable (en tiempo) su utilización. A priori parecería lógico pensar que va a descender la recaudación de las multas, pero ya han anunciado que se van a trasladar la mayoría de los radares fijos a las carreteras de doble sentido de circulación. Eso si que lo aplaudimos, porque mejorará la seguridad.

En definitiva, que les importa un comino la seguridad. Lo que se quiere es ingresar más o sacar de una situación financiera insostenible a las entidades concesionarias, cuyo nivel de endeudamiento les sitúa al borde del desastre.

Es más: en el proyecto inicial sólo se contempla elevar la velocidad máxima permitida en las autopistas de peaje, pero no se incluyen las autovías. Es cierto que las primeras autovías construidas en España no eran sino el desdoblamiento de las carreteras nacionales, con trazados y pendientes mejorables. Pero desde la década de los 90, las nuevas autovías tienen unas exigencias de seguridad (radios de curvas, pendientes, tipo de pavimento, señalización, incorporaciones... etcétera) que las equipara a las de peaje. Por lo tanto, parecería lógico que en estas nuevas vías también se modificara el límite máximo. Pero, claro, esto no ayudaría a las concesionarias, sino todo lo contrario.

Mientras tanto; mientras el Parlamento decide si subir o no el límite hasta 140 y en qué vías, los peajes suben el 1 de enero en su gran mayoría. Por ejemplo, en Galicia suben otra vez los de la AP9 a partir del 1 de enero. En total, estos peajes han subido más de 5 veces el IPC en los últimos tres años, al ritmo de más de un 3 por cien cada año. Dos ejemplos: ir de Vigo a Coruña pasa de costar 12,95 a 15,16 euros y el trayecto entre Ferrol y la frontera de Tui roza ya los 20 euros para los 200 kilómetros de recorrido: ya es más el gasto en peajes que en combustible. Y esto no es exclusivo de la autopista gallega.

En fin, volvemos a la época de los fielatos y los tributos abusivos, enmascarados bajo el antifaz de un mejor servicio. Pero es que los antifaces siempre recuerdan a los ladrones.

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